Malestar de funcionarios transferidos por el concurso de méritos

Una instrucción difundida por el director general de la Función Pública de la Junta de Andalucía, Manuel Alcalde Calderón, deja a no pocos funcionarios sin plaza concedida entre las que solicitaron en el recientemente celebrado concurso de méritos para funcionarios de la administración autonómica.

El texto de dicha instrucción, vinculante en las comisiones provinciales de valoración, dice literalmente en el cuarto párrafo del apartado 11 que " en el caso del personal funcionario transferido a la Administración General de la Junta de Andalucía, se valorará únicamente la permanencia en el puesto de RPT de la Administración de la Junta de Andalucía desde su integración".

Esta forma de entender los méritos funcionariales puede ser inconstitucional, al contravenir lo que la Carta Magna ordena en sus articulos 14 y 23 "los ciudadanos tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos". Contradice también lo establecido en el Estatuto Básico de la Función Pública, en el que se reconoce la igualdad de trato entre todos los funcionarios propios de las comunidades autónomas con independencia de la administración de origen y entra en contradicción con lo establecido en la Ley 30/1984 que establece que los funcionarios transferidos a las comunidades autónomas se integran plenamente en la organización de la función pública de las mismas, y vulnera lo consagrado en la disposición transitoria segunda del Estatuto de Autonomía andaluz.

Por otra parte, en la mesa de la Dirección General de Justicia y Administración Pública hay numerosas sentencias que dan la razón a los funcionarios que trataron esto en sus respectivos contenciosos administrativos, con jurisprudencia del propio Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, pese a lo cual sigue en vigor la instrucción. Las comisiones provinciales de valoración continúan aplicándola a pesar de las alegaciones presentadas por los funcionarios afectados, que ni siquiera son contestadas. Algunos de ellos han planteado su problema al Defensor del Pueblo.