El fiscal de Medio Ambiente de Huelva Alfredo Flores defendió ayer las inspecciones realizadas por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil para controlar la extracción ilegal de agua en explotaciones agrícolas de Espacio Natural de Doñana, un trabajo arduo de los investigadores con el que tratan de "tener conocimiento real de la situación, sin presumir que exista delito", indicó ayer. Flores evitó emitir una opinión sobre el punto de vista del alcalde de Moguer, Gustavo Cuéllar, en las que indicaba que las actuaciones del Seprona "están fuera de lugar", y del secretario general del PSOE de Huelva, Ignacio Caraballo, en las que pedía "una amnistía" para los agricultores. Ese mayor control de la Guardia Civil "para nada se trata de una persecución contra nadie", aseguró el fiscal.

Flores explicó que, pese a que el Seprona podía actuar de oficio, lo hace por mandato de la Fiscalía General de Medio Ambiente, que abrió diligencias informativas sobre la existencia de pozos ilegales en todo el área afectada por el Plan de Ordenación del Territorio en Doñana (Potad) y a instancias de la denuncia de la organización ecologista WWF, que apunta a la posible comisión de infracciones en cinco zonas del entorno de Doñana y su afectación al acuífero 27, que surte de agua al Espacio Natural.

En paralelo, la propia Fiscalía de Huelva abrió una investigación al respecto en el territorio de Matalagrana "por denuncia de un particular", con lo que las inspecciones del Seprona están más que justificadas. "En todo caso, el tema es complejo y preocupante", señaló el fiscal, por lo que "requerirá una solución global".

Flores precisó que la problemática del agua en Doñana viene de lejos, "hace muchos años que se viene denunciando y se han llevado a cabo actuaciones puntuales, incluso se cuentan con algunas sentencias condenatorias". El fiscal señaló que le consta que desde la Administración se ha estado actuando y se han abierto expedientes sancionadores, aunque "cosa bien distinta es la eficacia". No obstante, apuntó que, de la totalidad de los agricultores de Doñana, "sólo al 5% tiene se le ha detectado infracciones".

Ecologistas en Acción acudirá a la Comisión Europea para reclamar la apertura de una investigación sobre el paradero de los fondos destinados a la puesta en marcha de las depuradoras -aún sin finalizar- en el Espacio Natural de Doñana, una vez que ha trascendido el vertido de aguas residuales urbanas sin depurar en los municipios onubenses de Almonte, Bollullos y Rociana. Así lo confirmó ayer el representante de Ecologistas en Acción en el Consejo de Participación de Doñana, Juan Romero, que también ratificó la presentación de denuncias ante la Fiscalía y la Guardia Civil en los mismos extremos. "Es un tema antiguo, ya el plan operativo de Doñana de 1993 tenía como prioridad dar un saneamiento de calidad a las aguas de las cuencas vertientes a Doñana", recordó.