El aumento de un 18,8% en el sueldo del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno y del 15% de otros 269 altos cargos salió ayer adelante con los votos favorables del PP y la abstención del PSOE en la sesión de la Diputación Permanente del Parlamento de Andalucía. El resto de grupos (Por Andalucía, Adelante y Vox) se opusieron a la medida, en esencia por no considerar que tenga el carácter de “urgente” del que ha sido revestida, como por la “injusticia” expresada por algunos de sus portavoces.

La medida afecta a consejeros, viceconsejeros, secretarios generales, directores generales, secretarios generales técnicos, delegados del Gobierno, territoriales y provinciales. Estos tendrán a partir de ahora un sueldo que será el mismo que la retribución de los portavoces de los grupos parlamentarios por todos los conceptos salvo locomoción, al que se le aplicará una reducción del 5% en el caso del presidente de la Junta. De esta forma, Moreno equipara su sueldo a la media del resto de presidentes autonómicos. 

Lo que más sorprendió de la sesión de la Diputación Permanente de ayer fue la postura del grupo socialista. De hecho, en la intervención del parlamentario Josele Aguilar arremetió contra el Decreto Ley en el que se recoge los incrementos salariales y del que afirmó que “no debe ser convalidado”, a la vez que reconocía no entender “la urgencia de la medida”, para finalizar mostrando su extrañeza por haber “planteado este aumento de casi un 20%. Realmente, no es el momento de hacerlo”. Además, extendió su crítica por no haber incluido esa medida “en los Presupuestos de la Junta que habían sido aprobados apenas unos días antes”.

Aguilar recordó la postura del consejero de Presidencia, Antonio Sanz, que ha defendido la postura ante la Diputación Permanente, “cuando Griñán se bajó el sueldo en un 22% y usted afirmaba que era poco”. Desde el PSOE se calificó el decreto como “clandestino” y “lleno de hipocresía e incoherencia”. Pese a todo ello, en la votación, los cinco representantes socialistas se abstuvieron. Posteriormente, se aclaró que esa postura era porque “aceptaban que las retribuciones necesitaban una actualización, pero no de la manera en que se ha hecho”, además de “no haber informado a su grupo de “los tiempos, ni el contenido de dicha subida” una cuestión que fue reconocida por el resto de partidos de la oposición.

En la exposición de la medida, el consejero de Presidencia, Antonio Sanz, pidió “huir de la demagogia y utilizar el rigor” para una medida que justificó por el “peso poblacional, de extensión y económico que tiene Andalucía. Hay que recordar que el presidente de la Junta, con esta subida de sueldo, no se colocará entre los presidentes que más ganan sino en una posición intermedia”.

A juicio del miembro del Ejecutivo, la medida “apenas supone el 0,005% del Presupuesto de la Junta de Andalucía” y explicó que el Decreto Ley supone “una regularización de las retribuciones de los altos cargos, para que dependan a partir de ahora de lo que decida el Parlamento, no de lo que diga el Consejo de Gobierno, por lo que se trata de establecer en esta materia unas mayores medidas de fiscalización y control, así como una mayor seguridad jurídica”. Sanz insistió en repetidas ocasiones en que “el presidente de la Junta es de los que menos gana de toda España, únicamente por delante del de Cantabria” y que las subidas “son unas cantidades razonables”, dado que “las retribuciones de los altos cargos no han experimentado en los últimos años las mismas actualizaciones que el resto del personal funcionario”.

Por su parte, el portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, lanzó una enmienda a la totalidad y recordó que “el sueldo medio de los andaluces es de 1.624 euros al mes y el básico de un diputado es de 3.300 euros mensuales”. A su juicio, “deberían adecuarse ambas retribuciones para que los cargos políticos comprendieran más y mejor la situación en la que viven nuestros ciudadanos, a quienes representamos.Los sueldos del poder político y económico deben someterse a una fiscalización constante”.

La portavoz de Por Andalucía, Inma Nieto, calificó el decreto como “tramposo” y exigió “conocer el informe jurídico que acompaña al decreto”, toda vez que, a su entender “podría ser incluso inconstitucional”. Manuel Gavira, portavoz de Vox, afeó “tanto las formas como el fondo de la medida” y quiso poner el acento tanto “en las incompatibilidades, como en los altos cargos que la Junta tiene más que nunca”.

Por último, Toni Martín, portavoz del PP, se quedó solo en la defensa de la propuesta que fundamentó en que “como sucede en otros ámbitos, de no hacerlo estaríamos perdiendo talento, ya que los altos cargos se irán al ámbito privado”. Se trata de una medida “razonable” de la que “sí informé al resto de grupos parlamentarios”. No obstante, Martín recordó como “el secretario general del PSOE en Andalucía, Juan Espadas, se subió el sueldo un 30% cuando fue elegido como alcalde de Sevilla”.