El pasado 27 de diciembre, Adelante Andalucía registraba en el Parlamento, a proposición de ley para crear el impuesto de estancias turísticas de Andalucía. Según señaló a este periódico el portavoz de la formación, José Ignacio García, su implantación “es algo que no pone en duda nadie, incluso dirigentes del PP, aunque es algo que hacen en privado, nunca en público”. Según ha podido conocer este periódico, la actitud de los populares, que tienen mayoría absoluta en la Cámara y en sus manos está el remitir dicha proposición al pleno para su debate, es hacerlo cuando haya una posibilidad de acuerdo entre los ayuntamientos y el sector turístico.

Esta posibilidad apenas se ha comenzado a explorar. El sector está claramente en contra, no tanto por un posible descenso en el número de visitantes que nadie prevé, como por las dificultades en la recaudación de la tasa. Las estimaciones de recaudación por este impuesto se cifran en el entorno de los 200 millones de euros que, siempre según la propuesta de Adelante, serían repartidos en partes iguales entre la Junta de Andalucía y los ayuntamientos en los que esté en vigor la tasa turística.

Es en este reparto donde pueden estar las armas de negociación entre las partes. Según ha podido conocer este periódico, la posibilidad de dedicar el dinero recaudado por la administración autonómica a medidas que favorezcan directamente al sector turístico, por ejemplo campañas de promoción, puede terminar de convencer a los más reticentes y dar definitivamente el paso para su puesta en marcha.

Tampoco las posturas dentro del Ejecutivo están tan claras como las expresadas por el titular de Turismo, Arturo Bernal, que ha defendido esa negativa del sector turístico para oponerse a la medida. Desde que surgiera la idea del alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, de cobrar una entrada a los turistas que visitan la Plaza de España en la capital hispalense, la postura del consejero no es tan unánime.

Ni siquiera las manifestaciones realizadas por algunos integrantes del Consejo de Gobierno, como el caso de su portavoz, Ramón Fernández-Pacheco tras la reunión celebrada la semana pasada en la que afirmó que “no vamos a subir la fiscalidad en Andalucía sólo porque la vicepresidenta del Gobierno debata de algo que no es de su competencia”, han logrado la unanimidad de los miembros del Ejecutivo andaluz. En este sentido, la titular de Hacienda, Carolina España, que según ha podido saber este periódico, encabeza las posturas que no ven con malos ojos la implantación de la tasa turística. Eso a pesar de que hace apenas dos años señalaba que “no era el momento adecuado por la situación política” para hacerlo. La realidad actual, parece confirmar el diagnóstico del portavoz de Adelante de que “más pronto que tarde, Andalucía tendrá tasa turística”.

La proposición de ley ya fue enviada al Consejo de Gobierno para que manifestara su criterio sobre la toma en consideración de la misma, así como a su no tramitación si considerara que se produce un aumento de créditos o disminución de los ingresos. Después de quince días y sin que se hubiera pronunciado el mismo, la proposición quedó en condiciones de ser incluida en el orden del día del pleno.

Un grupo de turistas llega a la capital sevillana.

Prudencia política

Además de los proponentes, el resto de partidos con representación parlamentaria prefieren aguardar al texto definitivo antes de articular una postura concreta. No obstante, la portavoz adjunta de Por Andalucía, Teresa Gómez, expuso que “la política turística es para darle una vuelta, ya que en estos últimos días hemos asistido a intentos de privatización de espacios públicos por parte de promotores que se lucran con ellos”. La tasa “no nos parece ninguna tontería y hay que estudiarla porque lo que tenemos muy claro es que el turismo está desaforado, con impactos muy negativos en la vida diaria de todos los ciudadanos”.

Desde Vox, su portavoz en el Parlamento, Manuel Gavira señaló que no le parece bien “delegar competencias a los ayuntamientos y que éstos decidan”, por lo que abogó por “una legislación nacional que impida que haya discrepancias entre ciudades, por lo que creo que es una cuestión en la que debe entrar” sobre un asunto en el que también “preferimos esperar hasta conocerlo en profundidad”.

El grupo socialista, a través de su portavoz, Ángeles Férriz, pidió “que se escuche a todo el mundo, desde ayuntamientos hasta representantes del sector” y aprovechó la oportunidad de acusar al Gobierno andaluz de “dar bandazos” sobre una cuestión que debe ser “tenida en cuenta cuando se conozca en su totalidad”.

Por su parte, quien tiene en su mano llevar la proposición al pleno del Parlamento, el PP de la mano de su portavoz, Toni Martín, recordó que “dado que el sector turístico es un motor económico en Andalucía, la decisión de implantar una tasa turística no puede ser tomada de una manera unilateral. El sector, claramente no está por la labor, por lo que hay que abrir una negociación también con los ayuntamientos para conocer todas las implicaciones que se deriven de su implantación”. Creemos que la proposición “no está lo suficientemente madura cono para ser debatida”, concluyó Martín.

Entre 1 y 5 euros

La proposición de ley tiene como aspecto más destacable, el establecimiento de una tasa aplicable a los distintos establecimientos turísticos andaluces según su tipo y categoría. Así, los huéspedes de hoteles de una estrella deberán abonar un euro al día, una cantidad que se incrementa hasta llegar a los de 5 estrellas que devengarán un pago de 5 euros diarios; hostales, pensiones y albergues tendrán una tasa de 0,75 euros al día; las embarcaciones de crucero turístico otros tantos por día que permanezcan amarrados a puerto; los campings dos euros al día y los apartamentos turísticos, tres. Estarán exentos del pago los menores de 16 años y las estancias realizadas por causas de fuerza mayor o por motivos de salud.

Los fondos serán “recaudados por la comunidad autónoma y distribuidos entre la comunidad autónoma y ayuntamientos al 50% en función de lo recaudado por cada municipio”, según reza en el artículo 3 de la proposición a la que ha tenido acceso este periódico. Los ingresos obtenidos, deberán ser destinados (artículo 1.2) a políticas contra la emergencia climática tendentes a la disminución del consumo energético, al ahorro de agua y al mejor tratamiento de los residuos. Además, se destinará una parte de los mismos a la construcción de vivienda pública, en especial “al alquiler social en zonas tensionadas donde el turismo de masas está expulsando a la población autóctona”.

Las medidas buscan paliar los efectos negativos en determinadas “comarcas y municipios” de un turismo que consideran “masivo y sin control” que requieren esas “medidas compensatorias”.