El PSOE de Andalucía respalda a Pedro Sánchez en la reforma de la malversación y sedición

Hay una preocupación entre los secretarios provinciales que la dirección no puede ocultar, pero el PSOE de Andalucía respalda a Pedro Sánchez en las reformas que ha impulsado del delito de malversación y la supresión de la sedición. Para la vicesecretaria general del partido, Ángeles Férriz, el Gobierno tiene la "legitimidad" de impulsar unos cambios que "no despenalizan los casos de corrupción". Esta posición, expresada de modo muy claro esta mañana en el Parlamento andaluz, contrasta con las que han mantenido dos ex altos cargos de gobiernos socialistas andaluces: Manuel Jiménez Barrios, que fue vicepresidente de uno de los gobiernos de Susana Díaz, y Paulino Plata, ex consejero en ejecutivos de Manuel Chaves.

Estos ex consejeros se sumaron a un manifiesto de una llamada Asociación para la Defensa de los Valores de la Transición, que creó el abogado José María Mohedano, por el que se oponían a la supresión del delito de sedición. Algunos presidentes autonómicos en activo, como los de Aragón y Castilla-La Mancha, Javier Lambán y Emiliano García-Page, también han sido muy duros con esto y con la rebaja de las penas de la malversación para los casos en que no haya lucro personal o a otras personas. No va a ser el caso del PSOE de Andalucía ni de su secretario general, Juan Espadas.

La preocupación en el PSOE andaluz es si esta proposición de ley, que lleva aparejadas la reforma de la malversación, la aprobación de un nuevo tipo por enriquecimiento no justificado de cargos públicos y la modificación de la elección de magistrados del Constitucional, le afectará a las elecciones municipales del 28 de mayo. La dirección sostiene que, en efecto, es un telón de fondo que no ayuda a sus alcaldes a explicar sus propuestas, pero dudan de que sus repercusiones vayan a durar tantos meses como para que siga siendo el tema de la agenda política en mayo.

En el PSOE hay más preocupación por las consecuencias de la ley del sólo sí es sí que por estas reformas relacionadas con el plan de Sánchez para "desinflamar" el conflicto generado en Cataluña a raíz de la declaración de independencia. También hay que tener en cuenta que Espadas, a diferencia de Lambán y García-Page, no asume el riesgo de presentarse a unas elecciones autonómicas, que en estas comunidades también se celebra el 28 de mayo.

No afecta a Griñán

Lo que sí ha dejado claro Ángeles Férriz es que la modificación del delito de malversación no beneficiará ni al ex presidente de la Junta José Antonio Griñán ni a los otros condenados a la espera de entrar en prisión para cumplir la sentencia de la pieza principal del caso ERE. La razón es que el tipo de malversación que rebaja la pena de ocho a cuatro años es la que incluye el desvío de dinero público a otros fines públicos no autorizados y sin que exista en ánimo de lucro. En el caso de los ERE, estos ex dirigentes fueron condenados, además, por un articulado anterior a la de la reforma de la malversación que introdujo el Gobierno del PP.

La dirección socialista fue informada por Ferraz de que la enmienda dejaría fuera los casos de corrupción. No obstante, Férriz es de la opinión de que muchos de los condenados no incurrieron en la malversación, tal como sostuvieron dos magistradas de la sala del Supremo que los condenó.

La reforma del Código Penal, a través de la proposición de ley que han presentado PSOE y Unidas Podemos para eliminar el delito de sedición, debe aprobarse mañana jueves en el Congreso. A éstas se han unido varias enmiendas y transaccionales que alivian la pena para el delito de malversación. Se trata casi de una proposición escoba que cerrará 2022 con unos cambios contundentes del Código Penal que afectan, incluso, al modo de elegir magistrados del Tribunal Constitucional por parte del Consejo General del Poder Judicial.

Esta reforma de la malversación llegará este jueves al Parlamento, por medio de una pregunta que se le hará al consejero de Justicia, José Antonio Nieto. Pero los socialistas también han incluido otras preguntas que afectan a la alcaldesa de Marbella, María Ángeles Muñoz, y al nuevo tipo de enriquecimiento no justificado que el PSOE ha incluido en la reforma del Código Penal. Tanto el marido de la regidora como su hijastro están imputados en un caso de blanqueo de narcotráfico que ha abierto la Audiencia Nacional. Muñoz no está imputada, pero los socialistas han introducido un tipo que castiga con penas de prisión a aquellos cargos públicos que hayan aumentado su patrimonio durante sus mandatos, pero no sean capaces de justificarlo.