El PSOE no acepta que los ex consejeros José Antonio Viera y Antonio Fernández sean responsables políticos del caso de los ERE, como se señala en la ponencia de síntesis de la comisión de investigación, pero sí admite que hubo una excesiva concentración de ayudas a empresas de la Sierra Norte. Ahora bien, si la propuesta de dictamen -elaborada por el parlamentario Ignacio García (IU)- asegura que resulta "difícil de creer" que no se detectara esta concentración sin señalar a nadie, pero haciéndolo extensivo, por tanto, a buena parte del Gobierno, el PSOE indica que son los "gestores" quienes debían haber visto este supuesto trato de favor. Los socialistas señalan, de este modo, a que la falta de control residió en la Consejería de Empleo, regida durante el tiempo investigado por los consejeros José Antonio Viera, Antonio Fernández y Manuel Recio. El caso de José Antonio Viera, actualmente diputado nacional, es el más peliagudo para el PSOE e IU, ya que los socialistas quieren salvarlo de cualquier responsabilidad política, aunque en sus enmiendas admiten la falta de control de estas ayudas, que en un 80% fueron a parar a la provincia de Sevilla y, en su mayor parte, a la comarca de la Sierra Norte.

Viera, anterior secretario del PSOE sevillano, ha sido una persona muy vinculada a la Sierra Norte, así como el ex director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, que llegó a ser alcalde de El Pedroso.

El PSOE reduce la responsabilidad política del caso a Guerrero, pero IU, que no ha presentado alegaciones, hace suyas la ponencia de síntesis, donde se responsabiliza a Viera, entre otros. Este ex consejero, por tanto, parece que será la única concesión que harán los socialistas a sus socios de IU. No es que vayan a aceptar sus responsabilidades, sino que si el dictamen que se lleve al pleno de la Cámara andaluza sitúa a Viera como uno de los señalados, el PSOE votará que sí, aunque con una anotación particular.

Además, los socialistas se suman a la tesis de IU de que el ex interventor general, Manuel Gómez, debió haber realizado un informe de actuación cuando apreció irregularidades en una auditoría que realizó de IDEA en 2003. Hasta ahora, el PSOE había defendido que el interventor, que estuvo hasta el año 2009 en la Consejería de Hacienda, no elevó este informe porque no apreció un menoscabo de fondos públicos. IU sostiene que el riesgo habría bastado, un importante detalle que ahora también recoge el PSOE. "En resumen -explican en sus alegaciones-, parece claro que, con tal motivo, la Intervención podía haber emitido el informe de actuación".

Manuel Gómez explicó en su comparecencia ante la comisión de los ERE que no pudo elevar este informe porque él auditaba al IFA (IDEA, después) y que las irregularidades se encontraban en la Consejería de Empleo, sometida a una intervención previa. Por tanto, la versión de Gómez es que el sistema ideado en 2001 en la Consejería de Empleo impedía este informe.

El llamado informe de actuación hubiera obligado a la Consejería de Hacienda o al Consejo de Gobierno a intervenir. Aun así Gómez declaró en la comisión que lo que realizó fue un "informe especial", nada común.