La reforma del reglamento del Parlamento andaluz para adaptar el pacto antitransfuguismo a la Cámara autonómica ha dado el primer paso en su tramitación. Pese a las dudas sobre su "constitucionalidad" expresada por los letrados de legislativo en un informe solicitado por la propia Marta Bosquet, la iniciativa recibió el de los cuatro partidos proponentes -PSOE, PP, Ciudadanos y Adelante-, la abstención de Vox y solo el rechazo de los diez diputados no adscritos. Nueve de ellos son los ex miembros de la coalición de izquierda, liderados por Teresa Rodríguez, que fueron expulsados del grupo en aplicación del mencionado acuerdo hace menos de tres meses. 

La iniciativa se tramita como una proposición de ley, aunque la intención de la presidenta de la Cámara, Marta Bosquet, era aprobarla por lectura única. La discrepancia de Vox, que no se sumó a la firma del resto de fuerzas, impidió esta fórmula, que habría posibilitado una reforma exprés. La formación que dirige Alejandro Hernández en Andalucía sí ha permitido que la norma inicie su camino en el legislativo autonómico sin un debate previo. Esta fórmula necesita el acuerdo de todos los grupos del Parlamento y suele utilizarse cuando las propuestas tienen consenso. Sólo los diputados no adscritos se han opuesto a la misma para pedir un debate. 

No obstante el trámite de esta polémica reforma continúa con el lastre de un informe jurídico muy duro que expresa "dudas constitucionales" sobre algunos de sus preceptos y rechaza, por ejemplo, que sea el representante legal de un partido quien tenga la potestad de certificar la expulsión de un diputado de su grupo parlamentario. Esto es justo lo que ocurrió en el caso de Teresa Rodríguez y sus afines, ya que fue el secretario de Organización de Podemos Andalucía el que comunicó la baja de sus ex compañeros y su situación de transfuguismo.

El informe también echa en falta que la reforma del reglamento no incluya motivos "objetivos u objetivables" que constaten un caso de transfuguismo, la competencia para apreciarlo o los procedimientos a seguir. "La restricción (...) parece que opera en base al criterio estrictamente subjetivo del representante legal" del partido, abunda el documento, que también critica la "inseguridad jurídica" que provoca que la ampliación de la definición de transfuguismo "no depende de un elemento objetivo, sino que se conecta con la traición". Se trata, apunta la letrada, "de un concepto con un componente altamente subjetivo, cuya existencia dependerá de los sentimientos o de otros componentes psicológicos".

El documento jurídico, que no es vinculante ni impide en ningún modo la tramitación de la reforma, también pone reparos a la identificación entre los grupos parlamentarios y los partidos políticos. El informe habla de dudas constitucionales en la exigencia de que los partidos tengan que autorizar la conformación de los grupos parlamentarios. "Podría suponer el reconocimiento expreso de una relación de subordinación" del grupo parlamentario al partido político, algo "negado expresamente" por el Tribunal Constitucional. 

Pese a la dureza del informe jurídico, la reforma del reglamento seguirá ahora los trámites habituales, es decir, se abrirá a comparecencias de la sociedad civil en la Comisión de Reglamento de la Cámara, en la que están representados todos los grupos y también los no adscritos. El ex diputado de Adelante Ignacio Molina será el responsable de defender los intereses de Rodríguez y el resto de parlamentarios afines a ella. Falta tiempo para que el trámite avance pero, la dirigente de Anticapitalistas se ha mostrado este miércoles muy dura con el avance de esta reforma, que considera "una aberración jurídica y una barbaridad en términos democráticos, abiertamente inconstitucional".

Rodríguez, antes de la toma en consideración de la reforma ha comparado el Parlamento autonómico con "el mayor cortijo que hay hoy en Andalucía" y ha calificado a Marta Bosquet de "capataz" de mismo. "Qué se puede esperar de un cortijero", ha preguntado de forma retórica la política gaditana antes de responderse a sí misma: "ningún tipo de garantía para los jornaleros de esta casa", en referencia a ella misma y sus compañeros expulsados de Adelante . La ex líder de Podemos también ha restado validez al pacto antitransfuguismo, que ha tildado de "acuerdo de bar", al recordar que la ex ministra de Política Territorial, Carolina Darias, no llegó a firmar el documento, por lo que "no tiene validez ministerial". Y sobre que la votación se haya realizado sin debate previo, Rodríguez ha dicho que "revela el miedo a confrontar ideas porque saben que tenemos la razón".

Antes de la votación, Rodríguez pidió la palabra para dejar constancia que ella y sus compañeros no adscritos no han recibido respuesta sobre la propuesta de reconsideración de la reforma. En un debate muy bronco con la presidenta Marta Bosquet, la ex líder de Podemos reclamó también la lectura del mencionado informe de los letrados antes de la votación, sin éxito. Tras llamar a Rodríguez dos veces al orden, la presidenta del Parlamento habilitó la votación que resultó favorable.