EN democracia, las instituciones se someten diariamente al examen permanente de la opinión pública, ya sean éstos unos organismos elegidos en las urnas o refrendados mediante otros modos indirectos; ya sea la menguante Comisión Europea o el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), esta respetable mesa de vetusta madera, en cuyos sillones sus vocales encuentran una suerte de pulserita amarilla como la que llevan los clientes de los hoteles donde todo los gastos están incluidos. Es legal, como mantiene la Fiscalía, que su jefe, Carlos Dívar, se pase 20 fines de semanas de cuatro días cada uno en Puerto Banus pero tarde o temprano, la opinión pública termina materializando su expresión en algún lado: en la urnas o en la calle, aunque no toque.

Unas elecciones municipales, por ejemplo, acabaron con el reinado de Alfonso XIII y, últimamente, la indignación sobrepasa los límites de los activistas sin carné del 25-M. El referéndum del 28F en Andalucía fue un proceso de estas características: las manifestaciones masivas obligaron a la UCD a convocar una consulta, y la comunidad accedió a un régimen de autonomía sólo previsto, por algunos despachos, para Cataluña y el País Vasco y cuarto y mitad para Galicia. Esta semana se ha cumplido el 30 aniversario de las primeras elecciones autonómicas, cuando Andalucía eligió su primer Parlamento con capacidad legislativa y éste, a un presidente y un Gobierno con potestad ejecutiva.

Pero el incipiente euroescepticismo que ahora recorre el sur de Europa -antes, era sólo cosa de algunos nórdicos y muchísimos británicos- recuerda que el examen diario afecta a todos. En Andalucía, como en el resto del país, el sistema autonómico ha funcionado y fue aceptado porque, como se preveía, produjo un mayor bienestar social que el centralismo. Ése fue el pacto: la educación fue para todos, la sanidad se hizo pública y de calidad y nos acompañó el progreso económico. Es cierto: aunque Andalucía sigue figurando al final de la lista en muchos índices -el peor, es el del empleo- ha ido caminando a la par que España, conjurando el mal del sur de Italia, dejada a la suerte de las diferentes mafias y sin una integración plena. El último informe Funcas sobre la percepción autonómica denota un aumento del descontento en toda España con el sistema de comunidades; en especial en las dos Castillas, Cataluña y la Comunidad Valenciana.

La Andalucía autonómica hubo de resolver dos asuntos territoriales. Bueno, fueron tres. En el primer proyecto de preautonomía, Ceuta y Melilla iban pintadas en nuestro mapa, pero al PSOE no le salían las cuentas de futuros votos. Pudimos ser la única comunidad intercontinental de Europa, pero esto nos habría acarreado problemas de tamaños -también- continentales. Se discutió, aunque poco, si Almería iba a unida a Murcia, pero pronto quedó descartado. Y el otro gran reto -superado, pero latente- fue el temor de muchas provincias a cambiar el centralismo de Madrid por el de Sevilla, un hecho que tuvo más calado en Andalucía oriental, pero que estuvo presente en todas. No es que los andaluces seamos raros: los vascos, por lo mismo, colocaron su capital en Vitoria; los gallegos, en Santiago, y los extremeños, en Mérida.

Este asunto -el de la descentralización- lleva coleando algunas legislaturas. José Antonio Griñán, en su primer discurso de investidura, el de abril de 2009, cuando sucedió a Manuel Chaves, anunció una descentralización de la Junta porque, según dijo entonces, "la mayoría de los asuntos de la provincia deben resolverse en la provincia". Hacía tiempo que en el PSOE se había abierto este debate, que no era otro si el de los delegados de cada Consejería debían contar con mayor capacidad de maniobra para actuar en su territorio. Cuando los padres de unos alumnos están descontentos o necesitan ayuda, acuden al delegado de Educación de su provincia, que es más conocido que el consejero o la consejera, y ésta mucho más que los viceconsejeros y directores generales, aunque a veces sean éstos los que lleven las riendas de las políticas. Por la misma razón, pero a la inversa, un delegado de la Junta en Sevilla es tan conocido como los monaguillos del Vaticano.

A pesar de aquel discurso del 21 de abril del 2009, Griñán no descentralizó la Junta ni redujo, como quería, el número de delegaciones, algo que parece que la crisis y el pacto con IU sí le van a permitir ahora. La reducción del número de delegados llevaba implícito problemas dentro del PSOE por la menor disponibilidad de sus puestos para colocar cargos en las provincias, y ahí se quedó todo.

El Consejo de Gobierno aprobará la organización de cada Consejería -decretos de estructuras, que se llaman- el 5 de junio, y habrá una reducción importante del número de altos cargos en cada una de ellas: no se suprimirán más organismos, pero sí habrá directores que manden sobre varios. Al siguiente, el 12 de junio, la Junta espera aprobar, por fin, la nueva "estructura periférica", que reducirá -esta vez, sí- el número de delegados de los 13 actuales a seis por provincia. Habrá un delegado del Gobierno andaluz y cinco coordinadores de las áreas de Salud y Bienestar Social; Economía, Hacienda y Empleo; Educación; Agricultura y Medio Ambiente, y Turismo y Fomento, correspondiente a las dos Consejerías que controla IU.

No obstante, este medio ha sabido que los encajes jurídicos son difíciles, y de ahí la demora en los nombramientos provinciales. Es posible que las competencias de las Consejerías que no tengan un coordinador exclusivo sean asumidas por el delegado del Gobierno, que debiera ser el claro representante de la Junta en la provincia. Ésa fue la idea de Griñán cuando pronunció su primer discurso, y que quizás ahora pueda materializar. Será para bien; para el examen diario.