El Cuerpo Nacional de Policía había propuesto hasta en cuatro ocasiones la expulsión a su país de Stefan Reinert, el indigente que presuntamente mató de una puñalada el miércoles a un agente cuando éste iba a detenerle, según denunció el sindicato Unión Federal de Policía (UFP). Reinert será puesto hoy a disposición judicial.

Con ello se inició un procedimiento administrativo sancionador que, en el caso de los ciudadanos comunitarios, sólo tiene efecto, indicaron fuentes jurídicas, cuando suponen "una amenaza grave para el orden público", lo que implica que se trate de "causas estrictas". En tal circunstancia, el afectado recibe asesoramiento por parte de un abogado. Éste dispone de un plazo para presentar un escrito de alegaciones, del que dependerá que el expediente caduque o se dicte una resolución de multa o expulsión.

La Subdelegación del Gobierno es el organismo que debe adoptar esta decisión, según recalcaron desde la UFP, de forma que el expediente tiene que estar resuelto en un plazo de seis meses. De no ser así, caduca, es decir, se archiva. Durante ese tiempo, los extranjeros pueden circular libremente por la Unión Europea con el inicio del expediente sancionador y su pasaporte en mano. Si están detenidos, basta con que lo muestre a los agentes policiales.

En el caso de Stefan, que acumulaba una treintena de antecedentes policiales y al menos tres altercados con agentes, era considerado, según constaba en su ficha policial, "muy peligroso", pero, según las fuentes jurídicas consultadas, "no se puede expulsar a una persona con problemas mentales o con procedimientos penales". Debería, matizaron, autorizarlo el juez.

En cualquier caso, el régimen comunitario no prevé la prohibición de regreso al país, por lo que el afectado podría volver a entrar en cualquier momento aunque se le haya expulsado.

El sindicato Unión Federal de Policía volvió a insistir en que había solicitado en numerosas ocasiones que se dotara a los agentes de los medios necesarios según dicta la ley de prevención de riesgos laborales. Ya en 2013 emitieron un comunicado en el que reclamaban protección para la Unidad de Prevención y Reacción (UPR), a la que pertenecía el policía fallecido. Así, denunciaron que "en la comisaría hay chalecos" y que sólo "se reparten unos pocos". Un año antes, tambíen habían demandado uniforme adecuado para conducir la motocicleta.

La Subdelegación, que rehusó pronunciarse sobre los expedientes de expulsión que constaban a Stefan, indicó únicamente que la investigación sigue abierta. Reinert será puesto hoy a disposición judicial.

El sindicato Unión de Policía Local y Bomberos ha lamentado la falta de "respaldo judicial" que reciben los agentes que afrontan incidentes en la calle y son objeto de agresiones durante sus intervenciones. A través de su secretario, Francisco Corpas, la organización sindical expresó su estupor porque Reinert fuese condenado por una falta de respeto a la autoridad en mayo de 2013.