Primera renuncia de una defensa a un mes y medio de que se inicie el juicio por el denominado "procedimiento específico" de los ERE, en el que están procesados 22 ex altos cargos de la Junta, incluidos los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

Entre esos 22 ex altos cargos se encuentra Juan Francisco Sánchez García, el que fuera secretario general de la Consejería de Empleo, y que ha sido el primero en quedarse sin abogado de cara al juicio, por lo que en los próximos días tendrá que designar ante la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla un nuevo letrado defensor o, en su defecto, se le nombrará uno de oficio.

Este ex alto cargo estaba defendido por el letrado Enrique del Río, del bufete del penalista Francisco Baena Bocanegra, quien ha remitido un escrito al tribunal en el que renuncia a la defensa "por razones de delicadeza", han precisado fuentes del caso.

El letrado de la Administración de Justicia dictó precisamente el pasado lunes una diligencia de ordenación en el que se concedía un nuevo plazo de cinco días "improrrogables" a diez de los acuados, entre los que se encuentran el ex presidente de la Junta Manuel Chaves y tres ex consejeros -Antonio Fernández, José Antonio Viera y Gaspar Zarrías-, para que se pongan "a disposición de este tribunal a través de su representación procesal para ser citados personalmente sin que hayan hecho manifestación alguna".

El requerimiento de la Audiencia se extiende a otros ex altos cargos como el ex director de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero Benítez, el ex director general de la agencia IDEA Jacinto Cañete, el ex secretario general de Hacienda Antonio Estepa, el ex interventor general de la Junta Manuel Gómez, y el ex jefe del gabinete jurídico de la Junta Francisco del Río Muñoz. A estos diez ex altos cargos, la Audiencia los emplaza para que en ese plazo "improrrogable" de cinco días se pongan a disposición del tribunal.

De otro lado, el magistrado que presidirá el juicio, Juan Antonio Calle Peña, fijó recientemente un plazo de cinco días para que las partes personadas en la causa anunciaran si va a haber algún cambio o renuncia a la defensa de alguno de los 22 ex altos cargos procesados, todo ello con la finalidad de evitar suspensiones de la vista oral en una causa tan compleja, que no sólo afecta a este juicio sino a otros derivados de otras macrocausas, como las del caso Invercaria, donde coinciden algunos investigados y sus defensas.

En una providencia, el magistrado Juan Antonio Calle Peña establece ese plazo de cinco días para las renuncias o cambios de abogados.El tribunal pidió expresamente a las partes que, "en el supuesto de que alguna de ellas quisiera cambiar de letrado por otro que precise estudiar la causa, bien por voluntad de la parte de cambiar de letrado, bien por desistimiento del letrado, habrá de hacerlo con la suficiente antelación para evitar la suspensión del juicio, en aras a conjugar el derecho de defensa con el derecho a un juicio sin dilaciones indebidas".

El magistrado insistió en que estas dilaciones "afectarían no sólo a esta causa, sino también a otras, cuyo señalamiento o celebración de juicio pende de la finalización del enjuiciamiento de la presente causa".