El acuerdo de 70 medidas que han firmado PSOE y Ciudadanos (C's) y que facilitará la investidura de Susana Díaz recoge 63 compromisos ya presentados en el debate de investidura por la candidata socialista, incluidos los guiños anticorrupción y económicos a Ciudadanos, y otros siete más novedosos que Díaz no asumió en primer término.

Entre éstos está una reforma de la organización de la Administración que ha pasado más desapercibida pero que, de realizarse, implicará cambios profundos en el armazón de la Junta.

El punto 23 del acuerdo obliga a la "limitación de los cargos de libre designación a nivel 30: subdirector general. A todos los puestos por debajo de ese nivel se accederá mediante oposición pública y transparente".

La designación de los puestos dentro de las administraciones, también entre los funcionarios, ha obedecido por práctica general a motivaciones políticas del director general o secretario general de turno, éstos también elegidos por designación directa de los consejeros del Gobierno. El cambio ahora propuesto implicaría que por debajo de los subdirectores todos los demás puestos (jefes de servicio, principalmente) se seleccionarán mediante un procedimiento público e igualitario, bien por oposición o concurso.

Las fuentes consultadas por esta redacción no entienden sin embargo que esta medida afecte directamente al personal eventual, esos asesores externos de los que se acompañan los dirigentes políticos. Tampoco en Ciudadanos entienden que este punto afecte a este colectivo, del que se desconocen su volumen y remuneraciones. Eso cuando Ciudadanos sí recogía en su programa electoral la reducción del 80% de los cargos de confianza en la Administración, algo que finalmente no ha entrado en el pacto de investidura con el PSOE.

Sí que recoge en el punto 22 la reducción de entes públicos y directivos, algo que la Junta ya inició en la pasada legislatura, así como el listado de cargos y sueldos en las empresas públicas, para lo que habrá que esperar a la entrada en funcionamiento del portal de transparencia el próximo 1 de julio.

Otras novedades que recoge el acuerdo y que no citó Díaz es la personación de la Junta en casos de corrupción (no está personada en el Supremo por los ERE, por ejemplo), la reforma de la ley electoral, la eliminación de aforamientos, o la limitación de mandatos, sólo de los presidentes, aunque el programa electoral de C's hacía extensible la medida a los consejeros del Gobierno, y sin que explicite el número de mandatos, aunque en las condiciones que ha exigido C's para un pacto en Madrid se reduce a ocho años.

La celebración de primarias, las listas abiertas o la incompatibilidad entre alcalde y parlamentario no han sido obstáculos para el PSOE en Andalucía a diferencia del PP en Madrid, aunque ha habido algunas condiciones más restrictivas por parte de C's en aquella comunidad. En Madrid la incompatibilidad se amplía a los concejales (en el Parlamento andaluz no hay colisión), se exigen auditorías o la despolitización del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid y de la Cámara de Cuentas, algo no recogido en Andalucía. El programa de C's sí recogía la despolitización de Canal Sur, lo que no ha recogido el documento final. Tampoco hay exigencia de comisiones de investigación. En Murcia C's pide cuatro.