La nueva ley de Atención Temprana de la Junta extenderá un año más las prestaciones a las que ahora tienen derecho los menores con trastorno de desarrollo o en riesgo de tenerlos. Así se contempla en el anteproyecto que la Consejería de Salud y Familias ha publicado para someterlo a información pública y que fija en los siete años la edad hasta la que estos niños reciben atención integral, es decir, tanto sanitaria como educativa.

Es una de las novedades de esta norma, reclamada por colectivos de familiares desde hace casi un lustro y que actualmente se regula mediante un decreto aprobado en 2016. Una vez que la norma se apruebe, Andalucía contará con una “red integral de responsabilidad pública y de carácter universal y gratuito” para atender a estos menores con trastornos que van desde los del espectro autista al síndrome de Down, entre otros males. El modelo será parecido al que tienen las guarderías donde se imparte el primer ciclo de Infantil, para niños de hasta tres años. La mayoría de estos centros son de iniciativa privada, aunque concertados por la Junta.

En el caso de la Atención Temprana, la prestación se lleva a cabo en los denominados CAIT, los Centros de Atención Infantil Temprana. En lugar de empresas, como ocurre con las guarderías, estos equipamientos los impulsan entidades sociales, las pertenecientes al denominado tercer sector. El desarrollo de la norma está aparejado al de un decreto que regulará el concierto social de los CAIT, es decir, que su establecimiento no se regirá, como hasta ahora, por la Ley de Contratos del Sector Público. Esta modificación busca agilizar los trámites necesarios para poner en marcha uno de estos centros, que no se concederán por concurrencia competitiva por el mismo motivo.

“Si un CAIT cumple los requisitos establecidos, tendrá el permiso de la Administración para comenzar a funcionar”, apunta Antonio Guerrero, repsonsable de la fundación que lleva su nombre y una de las personas que más ha defendido la aprobación de esta futura ley. Los requisitos de estos centros están ya recogidos en el mencionado decreto aprobado por el Gobierno del PSOE en 2016. Más allá de las características técnicas del inmueble que albergue estos equipamientos, el requisito imprescindible es que sus plantillas estén integradas, como mínimo, por un fisioterapeuta, un logopeda y un psicólogo.

Otra de las novedades de la futura ley es el establecimiento de un régimen sancionador autonómico por el cual se podrán poner multas de hasta 600.000 euros si los impulsores de estos CAIT no cumplen con los requisitos antes mencionados. También se verá reforzado el control, del que se reponsabilizará la inspección sanitaria de la Junta, para así comprobar que se cumplen las características necesarias para abrir y mantener un CAIT.

La norma también incluye el desarrollo de unidades de neurodesarrollo y apuesta por el “carácter intersectorial” de las prestaciones de Atención Temprana, es decir, que las iniciativas en la materia contemplen la coordinación entre los sectores sanitarios educativos y sociales implicados. De esta forma, según reza el anteproyecto, se garantiza la calidad de las prestaciones “en términos de efectividad, beneficio y satisfacción de las personas afectadas”, así como a partir del fomento de la investigación y la formación continuada de los profesionales. La regulación afectará a loa más de 120 Centros de Atención Infantil Temprana que hay en Andalucía. También quedará fijado el precio por sesión en 28 euros, compromiso que procede de la pasada legislatura.

Una vez que se apruebe esta nueva ley, culminará un proceso que comenzó hace casi un lustro. De por medio, se crearon las unidades de atención temprana, que sirven como puerta de entrada al sistema de atención temprana y que, según entidades como la federación Plena Inclusión, ha servido para reducir la lista de espera. Dicha entidad, que echa en falta haber participado en la elaboración del anteproyecto de ley, también advierte de que el concierto social que regulará la Atención Temprana puede ser una puerta de entrada para la iniciativa privada, algo que rechazan, ya que consideran que debe ser una prestación restringida sólo a las entidades sin ánimo de lucro.