Siete años después de que arrancara el juicio por el caso Malaya, la operación que supuso la mayor trama de corrupción conocida en un ayuntamiento en la historia de España, y el único que ha originado la disolución de una corporación municipal, quedan sólo 10 de los 46 condenados en prisión.

Casi la mitad de los que ingresaron en un centro penitenciario ya están en tercer grado o régimen abierto, entre ellos la que fuera el "azote" de Jesús Gil durante sus años de concejal socialista, Isabel García Marcos, y que fue expulsada del PSOE en 2003 por apoyar la moción de censura que derrocó al ex alcalde de Marbella Julián Muñoz.

La mayoría de los ex concejales que ingresaron tras la ejecución de la sentencia están en libertad, entre ellos Tomás Reñones, Francisco Pérez, José Jaén, Belén Carmona y el empresario y ex teniente de alcalde Pedro Román. De los empresarios que ingresaron también están en libertad condicional o en tercer grado Carlos Sánchez y el constructor José Ávila Rojas, así como el abogado Manuel Sánchez Zubizarreta.

Queda en prisión el cerebro de la trama, Juan Antonio Roca, que tras más de diez años encarcelado comenzó a disfrutar en la Navidad de 2016 de diferentes permisos así como la ex alcaldesa Marisol Yagüe y los ex ediles Vicente Manciles, José Luis Fernández Garrosa y Rafael González.

El juicio comenzó el 27 de septiembre de 2010 en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Málaga con 95 procesados por los delitos de blanqueo, malversación de fondos públicos, cohecho y prevaricación, entre otros. La ejecución del caso ha permitido que se hayan abonado casi 14 millones de euros a las arcas públicas: más de ocho millones se han entregado al Ayuntamiento de Marbella y 5.315.236 a la Agencia Tributaria.