Stop Desahucios ocupará viviendas tras el suicidio del comerciante de Granada

"Persona que se desahucie, puerta que se abre". La plataforma Stop Desahucios dará un paso adelante en su presión. El suicidio en Granada del comerciante José Miguel Domingo, horas antes de la ejecución del lanzamiento de su piso y el local de su negocio por el impago de una deuda, ha sido determinante, y la organización pasará de las protestas a ocupar las viviendas que sean desahuciadas.

Domingo fue incinerado ayer en el cementerio de Granada tras un acto religioso al que acudieron numerosos familiares y amigos del fallecido, además de miembros de Stop Desahucios. En el recinto funerario la concentración fue silenciosa, aunque se desplegó una pancarta de protesta.

A continuación tuvo lugar una manifestación que culminó a las puertas de la Subdelegación del Gobierno, donde la plataforma solicitó una entrevista con el subdelegado, Santiago Pérez, que se negó. Ana Guardia, de Stop Desahucios, responsabilizó de la muerte de Domingo a "los banqueros, políticos y jueces que permiten que se produzcan estas situaciones".

Caja Rural de Granada, entidad con la que el fallecido tenía contratada su hipoteca, emitió ayer un comunicado en el que lamentó "profundamente" la muerte de Domingo y agregó que intentó alcanzar "soluciones viables" a su situación económica. Durante todo este tiempo "hemos intentado llegar a soluciones distintas, que llegó en algún caso a aceptar, pero no se materializaron", indicó Caja Rural, que "siempre ha mostrado y mostrará una especial sensibilidad social que forma parte de nuestra historia y que nunca abandonaremos. De hecho, fue de las primeras entidades en adherirse al Código de Buenas Prácticas de ejecución hipotecaria".

Por su parte, la consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, exigió al Gobierno central que lleve como "medida urgente" al próximo Consejo de Ministros los cambios legislativos precisos en el decreto ley de desahucios y en el Código de Buenas Prácticas para impedir que las entidades financieras que hayan recibido dinero público puedan ejecutar desahucios así como para permitir la dación de la vivienda en pago y el alquiler social. Cortés se pronunció de esta manera después de que la vicepresidenta del Gobierno y portavoz, Soraya Saénz de Santamaría, mostrara la "consternación" del Ejecutivo por el caso de Domingo y no descartara "dar una nueva vuelta de tuerca" tanto al decreto ley como al Código de Buenas Prácticas recientemente aprobados y que pretendían precisamente hacer frente al problema de los desahucios e impagos hipotecarios.

La consejera incidió en que "el Gobierno tiene la sartén por el mango, es el que puede cambiar las leyes, así que no es que no descarte, sino que debe de ser una medida urgente en el próximo Consejo de Ministros si quiere ser un Gobierno que responda a una situación de emergencia social". Cortés cree que "es de justicia" atender a las familias tras haber cubierto "las necesidades de los bancos atendiendo su rescate" y que además, esta atención tiene que partir de la "voluntad política" y no de la "caridad" de ningún gobierno. "Las familias no deben tener vergüenza ni sentirse culpables, vergüenza debe sentir un gobierno que consiente y permite esto porque no es capaz de cambiar las leyes", ahondó la consejera.

Según Cortés, la Junta trabaja ya en un convenio mediante el que quiere involucrar a los ayuntamientos a través de sus empresas municipales de vivienda que permita poder realojar a las familias afectadas por el embargo de sus casas.