Dos profesores que fueron condenados en dos diferentes sentencias firmes por abusar sexualmente de menores recuperarán su condición de funcionarios tras haber recibido el respaldo del Tribunal Supremo. Tras las condenas, en diferentes tribunales, la Junta de Andalucía interpretó que debía expulsar a ambos docentes y evitar de ese modo que volviesen a dar clase a menores. Ahora debe readmitirlos.

Uno de los profesores, de Tarifa, fue condenado a dos años de prisión por abusar sexualmente en varias ocasiones de una menor (que no era alumna suya). La sentencia, con la que se conformó el procesado, la dictó un Juzgado de Algeciras. Incluía la inhabilitación especial para el ejercicio de la docencia a menores de edad en centros docentes públicos o privados durante un plazo de dos años.

Un docente aceptó una pena de dos años de prisión; al otro le impusieron siete años

El otro profesor fue condenado a siete años de prisión por abusar sexualmente de varios niños, hijos de amigos suyos, durante algunos fines de semana, viajes y excursiones que hacían todos juntos. El caso lo instruyó un Juzgado de Chiclana y la sentencia fue dictada por la Audiencia Provincial de Cádiz y luego ratificada por el Tribunal Supremo. La resolución incluía en un apartado (en un fundamento de derecho) la "inhabilitación especial durante el tiempo de la condena"; y en otro apartado (en el fallo) la "inhabilitación especial para el ejercicio de profesión relacionada con la educación de menores".

Tras conocer las sentencias, la Junta de Andalucía aplicó el artículo 66 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, reguladora del Estatuto Básico del Empleado Público, que impone la pérdida de la condición de funcionario a quien sea condenado a inhabilitación absoluta o especial para cargo público.

Los profesores, en desacuerdo con la decisión adoptada por la Dirección General de Gestión de Recursos Humanos de la Consejería de Educación, presentaron un recurso en la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

Las dos sentencias les dieron la razón a los profesores. Los magistrados consideraron que a los docentes les asistía el derecho fundamental del artículo 23.3 de la Constitución a permanecer en la función pública y a no ser cesados sino en los casos legalmente establecidos.

La Junta de Andalucía presentó, en un caso y en otro, recursos contra esas sentencias del TSJA ante el Tribunal Supremo, que ahora vuelve a respaldar a los profesores, lo que obliga a la Consejería de Educación a readmitirlos.

El Tribunal Supremo estima, en ambos casos, que la imposición expresa de la pena de " inhabilitación especial para profesión" en las sentencias que condenan a los profesores, y el hecho de argumentar que la pena a imponer sería la de inhabilitación especial durante el tiempo de la condena, "solo puede entenderse como la pena del artículo 45 del Código Penal".

Por ello, añade, sus efectos son únicamente la privación de la facultad de ejercerla que señala ese precepto legal (privación de ejercicio durante el tiempo de la condena) y no la privación definitiva del empleo público que establece el artículo 42 del Código Penal, que sí tiene como efecto la diferente pena de "inhabilitación para el empleo público".

Este efecto gravoso del precepto penal del artículo 42, argumenta el Tribunal Supremo, "solo es aplicable a los supuestos en que de manera expresa se hayan impuesto penas para las que específicamente estén previstos".

Las dos sentencias del Supremo señalan que "no es posible admitir" la interpretación extensiva que realiza la Junta de la pena de inhabilitación especial impuesta a los dos profesores.