En lugar de perseguir a los inmigrantes indocumentados como el resto de policías, se preocupan de defenderlos de los casos de fraude, estafa y explotación en los que suelen caer como víctimas. Son guardias civiles, pero la misión que los Equipos de Atención al Inmigrante (Edati) del Instituto Armado se proponen no estriba en destapar casos de irregularidad en la residencia y deportar al infractor, sino que canalizan las demandas de los extranjeros en materia de seguridad. Contribuyen, además, a regularizar su situación administrativa, laboral y social.

El grupo de Málaga, que desde que comenzó a operar en junio de 2006 ha recorrido más de 100.000 kilómetros, lo forman Juani Valdivia, Santiago González y José López. Pertenecen a la Guardia Civil de Mijas y van alternando en cada comandancia en función del punto en el que se encuentren los afectados que reclaman su ayuda.

Los turnos, habitualmente de mañana, son de siete u ocho horas, aunque, según explica uno de los agentes, el Instituto Armado tiene "dedicación permanente" y, en cualquier momento, puede verse obligado a intervenir. Tras acudir a una inspección, siempre vestidos de paisano y por lo general alertados por un posible delito (a veces también actúan de oficio), los guardias civiles depuran las diligencias que después deben entregar en los juzgados con la declaración de testigos y mantienen abiertas varias investigaciones. "Nos dedicamos a la seguridad ciudadana y nuestras víctimas son extranjeros y sin papeles: los más vulnerables de cara a los abusos y atropellos que se cometen contra ellos", detalla Santiago.

Los tipos de denuncias que reciben han ido evolucionando desde que comenzaron a patrullar en Málaga. Así, mientras en 2006 la mayoría procedían del sector de la construcción, ahora las intervenciones se centran en poner fin a la vulneración de derechos en el empleo doméstico, al que numerosas extranjeras se ven obligadas a recurrir sin contrato para tratar de paliar las dificultades económicas que atraviesan. Los miembros del Edati, en este sentido, han detectado un descenso de la población foránea. Y es que muchos han optado por regresar a su país tras haber agotado sus recursos.

La Guardia Civil es, a diario, testigo de casos de explotación laboral, aunque aún son numerosos los afectados que se niegan a poner nombre a lo que viven por miedo a la repatriación. "Soportan muchas situaciones. Lo hacen cuando ya les resulta insostenible y los empleadores han dejado de pagarles. Los casos de discriminación y xenofobia, por ejemplo, no los suelen denunciar", precisa José. Si elevan la voz saben que su trabajo corre peligro. Reconocen los hechos cuando la restricción de sus derechos es asfixiante y, sobre todo, cuando perciben que existen posibilidades de regularizar su situación.

La mayor parte de los usuarios atendidos son hombres de nacionalidad paraguaya. Con frecuencia, a las oficinas también acuden sudamericanos, marroquíes y subsaharianos.

Una de las últimas intervenciones del Edati más significativas se remonta a principios de diciembre, cuando los agentes detuvieron a un matrimonio por realizar una adopción ilegal. La pareja captó a una joven madre de Paraguay que se encontraba embarazada bajo la promesa de una vida mejor en España. Recientemente, otra investigación se saldó también con el arresto de un empresario, propietario de varios locales de alterne en distintos municipios, por un delito relativo a la prostitución y contra los derechos de los trabajadores. Los agentes habían detectado una cifra considerable de mujeres, todas extranjeras, que supuestamente ejercían la prostitución en el establecimiento. Dos de ellas estaban en situación irregular. "A muchas las captan en sus países. Son muy jóvenes, tienen varios niños y llegan aquí para mantenerlos. El delito lo cometen aquellos que se aprovechan de la prostitución ajena", señalan los agentes.

El día a día no es fácil. "Es muy gratificante", expresa José López, que destaca, entre los servicios que más le han marcado, aquellos protagonizados por menores y el hecho de haber podido devolver el niño a su madre. Santiago González también opina que "indirectamente, los menores son las grandes víctimas por culpa de las acciones de los mayores".