La consultora Vitalia, a la que la juez Alaya atribuye el cobro de más de 21 millones de sobrecomisiones de los ERE, pudo realizar regalos a altos cargos de la Junta de Castilla y León, a sindicatos y empresas, según revela la Guardia Civil en el atestado de la segunda fase de la operación Heracles. Los investigadores recogen en el atestado los nuevos indicios aportados por la Policía Autonómica de Cataluña y hablan en concreto de un archivo digital denominados “Regalos_SrAlbarracín2007.xls” –en alusión al ex director general de Vitalia, Antonio Albarracín, imputado en el caso- que recoge un listado de personas que “podrían haber sido destinatarios de regalos de los que se desconoce su descripción”.

Entre esos destinatarios, la Guardia Civil cita además de los sindicatos, al ex director general de Trabajo de la Junta Francisco Javier Guerrero Benítez –al que se atribuye un regalo “especial”-, a sus dos secretarias, al ex delegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas, y altos cargos de la Junta de Castilla y León, como el director de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales, Miguel Díez Mediavilla, y la jefa de servicio de Relaciones laborales, María Valle. También se incluyen como destinatarios de esos regalos representantes de empresas como Dhul, Cortefiel, Induyco, Altadis, y TPI, y responsables de las aseguradoras (Vitalicio y Winterthur), así como el despacho de abogados Sagardoy, Eduardo Gómez de Enterría.

Entre los sindicalistas que aparecen en el listado de regalos se encuentran Antonio Perianes, secretario general de la Federación Agroalimentaria de CCOO; Joaquín González Muntada, secretario general de Fiteqa de CCOO; José Luis Montesinos, sucesor del anterior en el cargo; Simón Rosado, secretario de acción sindical de CCOO; y Antonio Deusa, de UGT Químicas-FIA.

De otro lado, el atestado de la Guardia Civil llega a las mismas conclusiones que ya se expusieron en la primera fase de la operación Heracles sobre el cobro de sobrecomisiones de los sindicatos, si bien en este caso habla directamente de una supuesta “financiación irregular” de las organizaciones sindicales con cargo a los fondos públicos, dado que recibieron entre 2000 y 2010 un total de 7,6 millones. El atestado recuerda, en concreto, que Vitalia pagó 4,2 millones a los sindicatos, y Uniter otros 3,2 millones, y advierte que se “ha tratado de justificar los pagos como trabajos de recopilación de datos, asesoramiento en la formación de un plan de jubilaciones anticipadas u honorarios profesionales por los servicios de asesoramiento realizado en el plan de empleo”. Sin embargo, continúa el atestado, no se ha puesto de manifiesto “ningún tipo de servicio efectivo prestado por los sindicatos mencionados al colectivo de trabajadores afectado por los expedientes de regulación de empleo o la mediadora de seguros”.

La Guardia Civil insiste en que la implantación del sistema “presuntamente irregular de concesión de ayudas” en la Junta de Andalucía, actuando a través de la Consejería de Empleo y en concreto sobre la dirección general de Trabajo, “ha propiciado merced a la ausencia de adecuados procedimientos de control que se haya producido un dispendio de fondos públicos que ha terminado produciendo el ilícito enriquecimiento de determinadas personas físicas y jurídicas pudiendo haber, asimismo, una supuesta financiación irregular con cargo a los fondos públicos de las organizaciones sindicales que participaron en todos estos procesos”.