Vivienda pide a los bancos paralizar los desahucios de manera "urgente"

La consejera Elena Cortés no ceja en su empeño de trasladar a la sociedad y a los responsables de las entidades financieras, en particular, la necesidad de impulsar el decreto ley de la Función Social de la Vivienda porque se trata, dijo, de "una herramienta útil que lleva frenando desahucios desde octubre en todas las provincias".

Cortés pidió ayer a los representantes de 11 entidades financieras que paralicen los desahucios hasta que el Tribunal Constitucional decida sobre el levantamiento o no de la suspensión de esta medida, una de las más contestadas por los líderes económicos (pero con un gran calado en la sociedad) de cuantas ha llevado a cabo el Gobierno andaluz en lo que lleva de legislatura. En un comunicado la consejera de Fomento y Vivienda recordó que el Decreto Ley, que ha paralizado de forma cautelar el Supremo a raíz del recurso interpuesto por el Gobierno central, "protegía el derecho a la vivienda de incontables familias en Andalucía, que ahora han quedado en situación de desprotección".

En la reunión, a la que también acudió Amanda Meyer, secretaria general de Vivienda, y Antonio Ibáñez, director general de Vivienda, Cortés citó el caso de las 18 familias acogidas a la expropiación temporal del uso de las viviendas que les habían sido embargadas, cuyos desahucios habían sido evitados gracias a la norma; a las cientos que habían solicitado beneficiarse de esta medida en los primeros tres meses en vigor de la misma; y en general a "todas las personas en proceso de desahucio" en Andalucía.

Con estos casos como ejemplo, Cortés instó a adherirse al convenio al Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda a las entidades financieras. En concreto, acudieron a la cita representantes del Grupo Santander, Caixabank, Unicaja, BBVA, Banco Sabadell, Cajasur, Caja General de Ahorros de Granada, Cajamar, Ibercaja, Caja Rural de Granada, Caixanova Galicia y de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, éste último es la prolija denominación del llamada banco malo.

En su intervención, Cortés resaltó el "enorme valor político" que tiene el hecho de que 215 ayuntamientos, además de la Diputación de Huelva y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, se hayan adherido al Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda. "Este bloque político e institucional contra los desahucios, que está dando un excelente resultado, se vería enormemente fortalecido por la adhesión de las entidades financieras".

Este convenio permite a las familias que no pueden hacer frente a su hipoteca poder continuar en sus casas mediante la fórmula del alquiler con opción a compra y, además, justifica la consejera, contempla alternativas para evitar en última instancia el desalojo, como la renegociación de las condiciones del préstamo hipotecario (ampliación del plazo de carencia o del plazo de amortización) o la dación en pago.

Las cajas y bancos firmantes del documento se comprometen, igualmente, a no iniciar reclamación judicial contra el afectado en el plazo de un mes, tiempo en el que la Junta debe elaborar una propuesta individualizada para liquidar la deuda de la persona afectada.