Los ecologistas consideran que la decisión de la Fiscalía sobre las extracciones ilegales "es el camino" para Doñana

Las asociaciones ecologistas han acogido de forma positiva la decisión de la Fiscalía de la Audiencia Nacional de abrir diligencias sobre responsabilidad medioambiental en el deterioro de Doñana por la extracción de aguas subterráneas.

Ecologistas en Acción considera que esta decisión "tenía que haber llegado hace años, pero nunca es tarde para hacer cumplir la ley". Por su parte, WWF ha afirmado que "es el camino" para este espacio protegido Patrimonio de la Humanidad.

Según informó el jueves la Fiscalía, esta actuación pretende determinar la existencia de extracciones abusivas e ilegales de agua subterránea del espacio natural protegido de Doñana, con afectación a los tipos de hábitats situados en la zona protegida.

El portavoz de Ecologistas en Acción en el Consejo de Participación de Doñana, Juan Romero, ha precisado que "hay conocimiento del estado de sobre explotación del acuífero de Doñana mínimo desde los años 90".

Ha recordado que "la primera advertencia la dio una comisión de expertos en el año 1992 y en el 2004 el Plan de Ordenación Territorial de Ámbito de Doñana (POTAD) ya instaba a declarar el acuífero sobreexplotado y no se ha declarado hasta el año 2020, es decir, 16 años después".

Romero ha destacado que en Doñana "ha existido en esta materia un incumplimiento sistemático de la ley y una dejación de funciones y de responsabilidades" y ahora "nos encontramos ante una situación muy compleja y con una naturaleza muy conflictiva".

"De aplicar la ley estrictamente la mitad de la explotaciones agrícolas de regadío o cierran o se reconvierten al secano; se están sacando actualmente más de 105 hectómetros cúbicos de agua cuando la recomendaciones hablan de no superar los 50", ha señalado.

Entiende que hay que recordar que "la conservación de Doñana tiene un interés público superior y que tiene que prevalecer por cualquier actividad pero también hay que contar con el ecosistema social".

El coordinador de la Oficina de WWF en Doñana, Juanjo Carmona, ha precisado que desde la organización consideran que el paso que ha dado la Fiscalía "es positivo, en este caso con el objeto de dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dentro de un procedimiento contencioso-administrativo, porque así está estipulado en la Ley de Responsabilidad Medioambiental".

"Como es lógico hay que cumplir con la sentencia de ese tribunal y eso hará que el Estado tenga que desplegar varias vías", ha asegurado, apuntando como ejemplo desde acciones sobre el terreno -como pueden ser las que está llevando a cabo la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) de llevar agua superficial a Matalascañas, que es "una medida buena que hay que acelerar"- hasta la que ahora ejecuta la Fiscalía.

Una actuación que persigue, a su juicio, "evaluar quién tiene la responsabilidad dentro de lo que dicta la Ley de Responsabilidad Medioambiental" en lo ocurrido en Doñana.

Por ello, ha añadido que "el que se acuerde la práctica de estas diligencias preprocesales, que se elaboren los informes periciales pertinentes y que se identifique a las personas, profesionales... que durante todos estos años han estado perjudicando al acuífero y Doñana es positivo, y este es el camino".

En el sentido contrario, ha indicado, "está el camino que ha decidido tomar la Junta de Andalucía, con Juanma Moreno al frente y el PP-A y que insisten en legalizar al ilegal, en darle una amnistía y en no aplicar las leyes". "No se puede animar a la gente: usted haga ilegalidad que yo ya después le amnistiaré y crearé una norma, (...) y legalizaré todo lo que usted haga haya hecho ilegalmente", ha lamentado.

Ese, ha añadido Carmona, "no es el camino, el camino no es animar a la gente a la anarquía en el campo, porque el agua es un bien finito, es un bien que hay que tratar con perspectiva técnica y no con la demagogia que se está haciendo en Doñana como si de verdad hubiera agua para todos".