Expertos proponen tipificar el acoso escolar como delito y trasladar al acosador del centro educativo

Expertos han presentado un paquete de medidas para reforzar la lucha contra el acoso escolar tras la celebración del primer Congreso Nacional para la Convivencia en la Era Digital, Andalucía frente al Acoso, celebrado en Córdoba con la participación de cerca de un millar de profesionales y representantes institucionales. Entre las principales conclusiones figura la apertura de un debate jurídico para la posible tipificación del acoso escolar como delito y la propuesta de establecer el traslado de centro del acosador como medida prioritaria.

Las conclusiones fueron expuestas por la consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo, durante la clausura del congreso, celebrado en el Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones de Córdoba. Castillo subrayó la necesidad de adaptar el marco normativo y educativo a los cambios sociales derivados del entorno digital y avanzó otras propuestas como fijar una edad mínima de acceso a las redes sociales para menores, siguiendo el modelo de países como Australia.

En el ámbito educativo, la consejera ha adelantado que se reforzarán las alertas en los protocolos de acoso para que cualquier denuncia presentada por familias o miembros de la comunidad educativa sea comunicada desde el primer momento a la inspección educativa. Esta medida busca mejorar el asesoramiento y el seguimiento de cada caso, con independencia de que la situación pueda resolverse inicialmente en el propio centro con la colaboración de las familias.

Cambio de centro del acosador como medida prioritaria

Entre las propuestas más relevantes del congreso nacional figura el estudio de una modificación reglamentaria para que el traslado de centro del acosador se convierta en la norma general, con el objetivo de reforzar la seguridad de la víctima y mejorar la convivencia escolar. Castillo señaló que, aunque Andalucía cuenta con un sistema consolidado de promoción de la convivencia y protección de la salud mental del alumnado, “afronta nuevos retos que obligan a adaptarse a los ritmos de cambio de la sociedad digital”.

“El Gobierno andaluz ha decidido dar un paso al frente con la celebración de este congreso para dar voz a la sociedad civil y liderar los cambios necesarios que aseguren el bienestar de niños, adolescentes y jóvenes”, afirmó la consejera.

Agilización de protocolos y supervisión temprana

Castillo destacó que el congreso ha puesto de manifiesto que la tecnología, por sí misma, no es el problema y que los centros educativos siguen siendo uno de los entornos más seguros y supervisados. No obstante, subrayó que los retos del acoso trascienden al sistema educativo y requieren una respuesta coordinada del conjunto de la sociedad.

En este sentido, se comprometió a agilizar los protocolos para que la inspección educativa supervise los casos de acoso y de autolesiones desde el momento en que se denuncian, acortando los plazos de actuación. También insistió en la necesidad de garantizar un entorno seguro para las víctimas cuando el acoso ya se ha producido y evitar la reincidencia de las conductas.

Enfoque transversal y revisión legal

En la segunda jornada del congreso participaron también la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, y el consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, quienes coincidieron en la necesidad de un enfoque transversal. López advirtió de que la violencia digital “puede llegar a costar vidas” y reclamó una implicación activa de familias, instituciones y sociedad.

Por su parte, Nieto señaló que las nuevas formas de acoso a través de internet y las redes sociales no están suficientemente delimitadas en la legislación actual, por lo que consideró necesario actualizar el marco legal para mejorar la prevención y la respuesta. En este contexto, destacó la puesta en marcha del primer Observatorio de Justicia Juvenil público de España y Europa, destinado a analizar la evolución de los perfiles y los tipos de delito y a reforzar las medidas de reeducación, con una tasa de reinserción cercana al 80%.