La ex asesora técnica de la Consejería de Empleo María José Rofa ha denunciado este lunes, durante su declaración como testigo en el juicio del denominado "procedimiento específico" de los ERE, que recibió "amenazas de sus superiores", aunque no ha precisado a qué se refería y hasta el momento la testigo no ha sido interrogada sobre dichas amenazas, si bien la declaración está previsto que se prolongue hasta el miércoles.

La denuncia la ha realizado María José Rofa al comienzo de su declaración como testigo –en la que está no obstante acompañada por su abogado, dado que aún figura como investigada en una de las cinco piezas de los ERE en las que fue imputada-, en la que ha pedido dirigirse expresamente al tribunal para hacer unas manifestaciones sobre los "siete años" que lleva involucrada en la investigación de los ERE, en la que ha destacado siempre su colaboración con la Justicia.

Así, María José Rofa ha dicho que en 2011 entregó cuatro documentos explicando su labor en la Dirección General de Trabajo y otros 135 documentos que corroboraban lo que se decía en los cuatro anteriores, además de haber prestado más de 25 declaraciones.

La ex asesora ha dicho que tuvo que afrontar una "situación de amenazas" por parte de sus superiores, una denuncia que por el momento no ha ampliado, y se ha mostrado dispuesta a responder a todas las preguntas que se le formulen, siempre y cuando no vayan en contra de su propia defensa, dado que aún está pendiente del archivo de la última pieza en la que figura como investigada, en relación con las ayudas concedidas por Empleo a la empresa A Novo Comlink.

A preguntas del fiscal Anticorrupción Juan Enrique Egocheaga, la testigo, que es licenciada en Derecho, ha explicado que estuvo trabajando en la Dirección General de Trabajo entre el 1 de julio de 2008 y marzo de 2011, y ha explicado que a su llegada comprueba que es la secretaria de Guerrero, Ángeles Gala la encargada de las ayudas, y sólo existía un "montón de hojas de Excel", pero no se sabía cuál era la deuda ni el compromiso total que se había adquirido, por lo que ha expresado la caótica situación que había diciendo que "se había hecho una bola" con el presupuesto. "No había nadie encargado, ningún funcionario, aquello lo llevaba Guerrero", ha dicho en relación a las ayudas, de las que también ha afirmado que le comentaron que "no había normativa", sólo un "convenio marco firmado con la agencia IDEA".

Rofa también ha criticado que los documentos que se guardaban en la dirección general de trabajo "no eran expedientes", eran unos "cúmulos de documentos, borradores, escritos de cuánto iba a costar la póliza, pero un expediente bien ordenado no era. Ninguno era un expediente al uso", ha relatado la ex asesora, que también ha comentado que sólo había convenios, no solicitudes de ayudas, y también aparecían "notas de reuniones" que se habían mantenido. Tampoco estaba, en líneas generales, el listado de los trabajadores beneficiarios de las ayudas, y según ha puntualizado nunca se rechazó una ayuda, si bien en ocasiones se dieron casos de que "habían pedido mucho más y el convenio era menor".

Dentro de la Dirección General de Trabajo "no había contabilidad expediente por expediente de lo que se había pagado", por lo que tenían que recurrir a la información que constaba en IDEA, agencia que a la testigo le daba "confianza" en relación con las ayudas puesto que su servicio jurídico es el que "daba el visto bueno" a los convenios particulares.

La testigo ha comentado que intentaron normalizar la situación, pero eran sólo "tres gatos para poner en orden aquello", y ha precisado que ella "entendía que el seguimiento de la ayuda lo hacía IDEA".

La ex asesora ha añadido que a partir de 2009 había más compromisos en los convenios que disponibilidad presupuestaria y, de hecho, "toda la deuda está vencida" y quedan 111 millones por pagar y se habían "incumplido los plazos con las aseguradoras", lo que generaba intereses –ha apuntado el fiscal-.

Sobre el ex director de Trabajo Juan Márquez, que sucedió a Guerrero en la dirección general, ha afirmado que en su época sólo se concedieron "dos o tres ayudas" y así ha señalado que el criterio verbal que recibió del viceconsejero sobre las ayudas era que "diera las menos posibles", hasta el punto de que ha llegado a afirmar que "a veces el último que se enteraba de que iba a dar una ayuda" era el director general, porque las de Delphi y la industria naval de Cádiz llegaron por el viceconsejero Agustín Barberá, "en Santana son decisiones políticas, en Boliden de Presidencia", etc. "Había cantidades que venían determinadas a nivel de viceconsejeros, no sólo de Innovación y Empleo", ha añadido.

La ex trabajadora ha confirmado además la existencia de los pagos cruzados, dado que "no todas las órdenes de pago estaban documentadas" y por ello supone que ante el desfase en IDEA y la situación de emergencia hacía que usaran el dinero para dos ayudas, y también los endosos anticipados de las ayudas por entidades bancarias, que con el tiempo se convirtieron en "reclamaciones judiciales".

La testigo ha añadido además que desde la agencia IDEA "nunca" le requirieron los expedientes de las ayudas, más allá de haber solicitado en alguna ocasión una "copia de la póliza", pero nunca se le mandó lo que iba a cobrar cada trabajador porque esa información "ni siquiera la tenían ellos muchas veces".