Las ayudas de Industria para empresas de Cádiz, a la Fiscalía

El PP elevará a la Fiscalía toda la documentación que ha podido conseguir acerca del proceso seguido en la provincia para la concesión de ayudas con cargo a la Orden de Reindustrialización del Ministerio de Industria para la Bahía de Cádiz en 2011. Así lo anunció ayer en rueda de prensa el presidente de la Diputación Provincial y presidente de los populares gaditanos, José Loaiza, quien compareció acompañado del diputado responsable del Instituto de Empleo y Desarrollo Tecnológico (IEDT) de la institución provincial, Ignacio Romaní.

Loaiza explicó que la decisión de acudir a laFiscalía se basa en que "ha existido una clara voluntad de un determinado señor o una determinada institución para beneficiar o ayudar a determinadas empresas y localidades". Ambos explicaron que, a raíz de conocerse el requerimiento del Ministerio de Industria para que tres empresas devolviesen las ayudas logradas por no responder a los criterios previstos (creación de negocio y de empleo), se conoció el "entramado de negocios" que los mismos responsables de esos negocios tenían en la provincia de Cádiz. Por eso Loaiza encargó a Romaní que investigara el papel que el IEDT había tenido en la asignación de ayudas. Fruto de esa petición surgieron dos informes de los técnicos del ente de Diputación. En uno de ellos, explicó Romaní, se demuestra que el gerente del Plan Bahía Competitiva, Antonio Perales, estaba al corriente de los riesgos que implicaba la concesión de ayudas a la red de empresas que administraba Alejandro Manuel Dávila Ouviña.

Según el informe al que el diputado provincial dio lectura, se produce una reunión "por encargo de la vicepresidenta del IEDT, María José Valencia", el pasado 23 de febrero entre los técnicos del Instituto y Antonio Perales, director gerente de Bahía Competitiva. El informe, según leyó Romaní, "subraya que el director gerente considera que alguno de los proyectos presentados deberían recibir un mayor porcentaje del crédito propuesto en la baremación realizada por los técnicos responsables en las comisiones de evaluación de esta convocatoria. La reunión se desarrolla exponiendo Antonio Perales las posibilidades de desarrollo económico y empleo que supondría para la comarca la inversión de algunos promotores que pretenden realizar y que, en consecuencia, se necesitaría más apoyo económico a través de la Orden de Reindustrialización del que ya se le daba".

Desde el IEDT "se le contesta que nuestra única misión es la evaluación técnica de los proyectos presentados en base a la información que el Ministerio de Industria proporciona. Toda documentación adicional que respalde a los proyectos objeto de evaluación saldría de la competencia que para ese tema tiene el IEDT". Aquí Romaní se preguntó "por qué Perales venía con documentación debajo del brazo complementaria a la que tenía Industria. Si todas las empresas tienen que presentar documentación en tiempo y forma, que es la que tiene que ser validada, ¿por qué meter documentación nueva?. Una irregularidad manifiesta".

El informe, agregó el diputado provincial, continuaba: "Por todo lo anterior se resuelve en esa reunión -del día 23- que en ningún caso se modificará el listado de baremación propuesto por Industria".

Y llegan las dos principales conclusiones del informe: "Se comunica -por parte del IEDT en una decisión individual- a la Dirección General de Industria responsable de esta convocatoria que los presentes proyectos han sido presentados por una sociedad donde aparecen dos promotores que a su vez han presentado los siguientes proyectos" -se anexa un relato de todas las iniciativas de Dávila Ouviña y sus socios-". Así, continúa: "Desde el IEDT se quiere advertir de esta situación, ya que supone un riesgo en cuanto a la capacidad de inversión de dichos promotores. El total del crédito concedido a estos promotores asciende a 25.702.000 euros, informan que van a invertir 82.244.000 euros para 2011, ubicándose dichos proyectos en Alcalá de los Gazules, El Puerto y Barbate". Esta observación la realiza el Instituto "para que se tenga en consideración el riesgo que representa el apoyo a estas empresas por dos motivos: estos proyectos concentran el 32% del total de la partida de ayudas destinadas a las empresas que se presentan a las ayudas de Reindustrialización, y segundo, se plantean dudas sobre la capacidad financiera para responder al total de la inversión".

Según Romaní, "Perales, en una reunión del día 23, conoce la problemática que suscita y la capacidad elevada de riesgo que implicaría. El Instituto, además, actúa, y eleva el día 24 de febrero a la información telemática del Ministerio un informe adjunto de evaluación del IEDT donde se informa a Industria de todo lo anterior. El conocimiento de IDEA y Bahía Competitiva queda totalmente demostrado".

A partir de aquí el informe de los técnicos establece que esos proyectos habían pasado la primera criba que realiza el Ministerio. "No obstante, aun así, la comisión de evaluación no hace caso a la petición de mover determinadas puntuaciones sin solvencia de criterios que se realiza el día 17 de febrero, pero aún así, conociendo estas dos observaciones, la Agencia IDEA decide elevar al Ministerio todas las puntuaciones, y estas empresas de Alcalá, El Puerto y Barbate obtienen las mejores puntuaciones". Según el primero de los informes (de los dos realizados por los técnicos del IEDT tras su petición), aparece "un correo electrónico de la Agencia IDEA al IEDT, que contiene hasta 16 puntos en los que directamente se interviene por parte de IDEA y sus responsables en las decisiones que teóricamente se habían tomado en la mesa donde deben tomarse a través de la tabla baremada de Industria. Refleja órdenes presuntas de la Agencia IDEA y Bahía competitiva a los técnicos el IEDT para que se cambien de manera injustificada, puesto que el documento no lo justifica, puntuaciones establecidas. Las formas, arbitrarias, y el fondo, de conocimiento de causa". Otro dato aportado por Romaní y Loaiza en su comparecencia es que "las ayudas estaban pendientes sólo de su publicación en el BOE, pero parece que el Ministerio ha abierto una investigación y ha paralizado el procedimiento".