Fin de semana de estrés en la Consejería de Hacienda. El equipo de Martínez Aguayo trabaja mañana, tarde y noche para intentar cuadrar los gastos de las consejerías y organismos públicos, con un aumento del 1,2% respecto al presupuesto de este ejercicio. Tiene todavía 48 horas para ultimar los detalles, porque el martes se aprueba la propuesta de Presupuestos generales de la Junta de Andalucía para 2012, un año electoral, con la oposición por delante en las encuestas. Otro estrés añadido.

El contenido de los gastos es un secreto bien guardado, pero lo que ya se conoce es la envolvente financiera, eufemismo que significa el conjunto de los ingresos. En total 32.072,7 millones de euros; que, por si parecen poca cosa, al cambio suponen 5,3 billones de pesetas, una cifra que no se alcanzaba desde el último año antes de la crisis, en 2007.

La previsión que hace el Gobierno andaluz para el año que viene es de un crecimiento del 1% del PIB, la misma hipótesis de este año, que se quedará grande a tenor de las estimaciones que hacen Funcas y Analistas Económicos de Andalucía (0,7%) o el servicio de estudios del BBVA (0,6). En este caso, como no hay prórroga de los Presupuestos del Estado, se basa en una directriz del Ministerio de Economía del mes de julio.

En realidad, el presupuesto propio de la Junta de Andalucía tiene dos capítulos prescindibles. Tanto, que algunas comunidades autónomas no los contabilizan: los 1.502 millones de euros de fondos de la política agraria común, para transferir directamente a los agricultores, y los 2.493 millones de la participación en los ingresos del Estado (PIE) que debe enviar sin más a ayuntamientos y diputaciones.

Sin ambas partidas, el presupuesto se quedaría en algo más de 28.000 millones, una suma satisfecha fundamentalmente con seis ingresos, que suponen dos tercios del total: la participación del 50% en el rendimiento del IRPF, que suma 4.675 millones; la participación del 50% en la recaudación del IVA, que supone alrededor de 4.125 millones; la asignación a Andalucía de su parte del Fondo de Garantía de los servicios públicos fundamentales, que alcanza los 3.240 millones; la participación en determinados impuestos especiales, que suponen 2.690 millones; la totalidad del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, cuyo epígrafe tiene asignados 1.670 millones, aunque el hundimiento del mercado inmobiliario abre una incógnita sobre esta cifra, y el Fondo de Suficiencia, con 1.600 millones.

Una parte sustancial del presupuesto son recursos pagados en la comunidad autónoma, aunque los dos paquetes principales, IRPF e IVA, los recauda la Administración General del Estado. Los tributos propios son uno de los capítulos menores, no llegan a 530 millones. Algunos tienen más carácter simbólico, como los impuestos sobre emisión de gases a la atmósfera, vertido a las aguas litorales, y residuos radioactivos o peligrosos. Entre los cuatro suman 20 millones. Otros tienen carácter disuasivo, con una pretensión medioambiental, como el de las bolsas de plástico de un solo uso. Pero, aunque deben pagar 0,5 céntimos por unidad, su rendimiento en el presupuesto supera el doble de los otros cuatro.

El gran capítulo de los presupuestos es el llamado Sistema de Financiación, otro palabro, como el de la envolvente financiera. Sistema de financiación debería ser todo el paquete, pero se le atribuye ese nombre al conjunto de ingresos sometidos a entregas a cuenta por el Gobierno central. Ahí están impuestos cedidos, como el IRPF y el IVA, transmisiones patrimoniales, sucesiones y donaciones (425 millones) e impuestos especiales.

También forman parte del Sistema de Financiación, varios fondos muy importantes para el equilibrio del Estado. El Fondo de Garantía de servicios públicos fundamentales, garantiza una cantidad a cada comunidad autónoma. Se establece con un índice ponderado, que en un 97% depende de la población, con siete tramos de edad, entre los que los menores de 16 y los mayores de 65 suben el baremo. También computa el territorio, la insularidad y la dispersión en el 3% restante. El Fondo de Suficiencia es un nivelador que sirve para mantener el statu quo anterior al último sistema de financiación autonómica, para que nadie perdiese con el nuevo modelo.

En el epígrafe 2 del cuadro adjunto, también se incluyen los fondos de convergencia. El Fondo de Cooperación, debe estimular el desarrollo regional, para autonomías que estén por debajo del 90% de la renta media nacional y una densidad de población inferior al 50%. Hay 1.200 millones a repartir entre las regiones. El Fondo de Competitividad tiene como objeto reducir las diferencias en financiación homogénea per cápita entre comunidades autónomas. El Gobierno y la Junta mantienen un litigio respecto a este fondo. El montante total para todos es de 2.570 millones.

El Fondo de Compensación Interterritorial, dotado con 275 millones en los presupuestos de la Junta, tiene como objetivo inversiones para corregir desequilibrios regionales. Los fondos europeos que aparecen en el cuadro suman a los 1.502 del Fondo Agrario, 1.358 millones de fondos estructurales gestionados por la Junta. Hay además, del orden de 1.250 millones de fondos comunitarios que se invertirán el año que viene en Andalucía gestionados por el Gobierno central. Pero no salen en esta cuenta. La parte fundamental de las trasferencias finalistas es el PIE de la administración local. A estos capítulos se unirán unos 5.000 millones de endeudamiento.

Cómo se gastarán los 5,3 billones de pesetas, lo sabremos el martes.