El incidente producido esta semana durante la declaración ante la juez Mercedes Alaya del ex viceconsejero de la Presidencia Antonio Lozano, al que la instructora le reprochó que estuviera "haciendo teatro", ha entrado a formar parte de la larga lista de broncas de la instructora con los imputados durante estos tres años de instrucción de la causa de los ERE fraudulentos. La peculiar y vehemente forma de interrogar de la magistrada, la ironía y el sarcasmo del que hace gala cuando entiende que el imputado no le está diciendo la verdad o trata de eludir las respuestas, ha provocado más de una decena de incidentes -al menos que hayan trascendido- con los abogados y los propios imputados.

Pero no sólo con ellos, Alaya también se las ha visto y tenido con los fiscales delegados de Anticorrupción que ejercen la acusación pública y con los jueces de refuerzo que envió a su juzgado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) durante su baja por enfermedad.

Al inicio de una de las primeras causas abiertas en relación con la investigación por la venta fraudulenta de los suelos de Mercasevilla, en 2009, los abogados de la defensa -por entonces no tan numerosos como en el sumario de los ERE- plantearon una protesta unánime a la juez, a la que pidieron que permitiera grabaciones audiovisuales de las declaraciones para controlar el supuesto "perfil inquisitivo" de los interrogatorios. Alaya respondió en un auto en el que acusó a las defensas de querer convertir este procedimiento en una "absoluta comparsa". Y tiró del diccionario de la Real Academia para poner en evidencia estas acusaciones, por cuanto Alaya recordó que el adjetivo inquisitivo significa "el que inquiere y averigua con cuidado y diligencia las cosas", por lo que, a su juicio, "sobra cualquier comentario, pues ya resultaría sorprendente que con dicho calificativo en vez de atacar estuvieron alabando la labor de la misma", ironizaba Alaya.

La magistrada rechazó la grabación de las declaraciones porque, de acceder a que se hicieran, considera que aparecerían colgadas en espacios de internet, "como si de cualquier vídeo de sobremesa se tratara, contribuyendo a una morbosidad innecesaria y a convertir este procedimiento en una absoluta comparsa".

Ésa fue la única vez en las que las defensas plantaron cara a la forma de interrogar de Alaya hasta la llegada al procedimiento del abogado José María Mohedano, que defiende a Antonio Lozano y que ahora ha vuelto a pedir las grabaciones.

Muchos de los rifirrafes en las declaraciones quedan reflejados en el acta, que a modo de la que levanta un árbitro de un partido de fútbol recoge no sólo las declaraciones del imputado sino cualquier dato relevante a juicio de la instructora sobre cómo se ha desarrollado la comparecencia.

Previamente a este auto, curiosamente Alaya había tenido otro altercado con el abogado del ex futbolista Pizo Gómez, imputado en la causa de los ERE, también a raíz de su comparecencia, lo que motivó que el letrado abandonara precipitadamente el despacho de alegando que no podía ejercer la defensa ante el cariz que había tomado el interrogatorio, y Alaya reaccionó abriendo un expediente al letrado.

En otras ocasiones, los interrogatorios de Alaya suscitan una gran tensión, como cuando compareció el ex consejero de Empleo Antonio Fernández, con quien Alaya entró en un continuo debate y discusión en el que la magistrada llegó a decirle que dejara de "andarse por las ramas" y asumiera "la responsabilidad que le corresponde como consejero".

Alaya muestra su indignación cuando considera que la persona que está declarando le responde con evasivas. En ese momento saca su genio para, por ejemplo, decirle al ex consejero Fernández que si quiere se acoja a su derecho a no declarar, pero que se deje de "deshojar una margarita". La declaración de Fernández se prolongó durante varios días y en otra de las sesiones la juez le dijo que estaba "dando titulares de prensa", en alusión a una de las respuestas que la instructora consideraba sorprendente.

Otras veces, Alaya no duda en expresar su opinión sobre lo que está diciendo el imputado, como cuando el dueño de la consultora Uniter, José González Mata, que tramitaba las pólizas de ayudas financiadas por la Junta, confesó en su declaración que si pudiera volver de nuevo al año 2001 no volvería a trabajar con la Junta. "Para como le ha ido, desde luego", contestó con ironía la juez, que poco después decidió enviar a prisión al empresario jerezano.

Algo parecido ocurrió en la declaración del abogado Carlos Leal Bonmati, el abogado del bufete Estudios Jurídicos Villasís, a quien la magistrada acusó de estar "mintiéndole descaradamente", después de que el letrado rechazara que los expedientes que tramitó estuviesen financiados por la Junta.

En otras ocasiones, la respuesta de la instructora es más brusca si cabe. "Usted me aburre", llegó a espetarle al ex director general de Trabajo Juan Márquez, con quien también tuvo otros enfrentamientos, como cuando el ex alto cargo reconoció que había otorgado ayudas destinadas a las prejubilaciones para pagar nóminas y atrasos de la Seguridad Social de la empresa en cuestión. "Me está usted alarmando por momentos", manifestó Alaya ante la respuesta recibida. Márquez no se quedó cortó porque cuando Alaya le dijo que un documento de 200 páginas se ve "en media hora", el imputado apeló de la siguiente forma: "Ese será el tiempo que necesita su señoría, yo necesitaría un año".

Uno de los imputados que estuvo más a la altura dialéctica de Alaya, en cuanto al uso de la ironía, fue el ex gerente de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla Manuel Marchena, que declaró ante en junio de 2011. Cuando la magistrada le preguntó por un detalle concreto de la licencia, Marchena respondió que es "cierto que el folio 58 dice lo que dice el folio 58", lo que llevó a Alaya a recordarle que debía responder salvo que se acogiera a su derecho a no declarar. Marchena insistió y la juez hizo constar en el acta que el imputado respondía "con evasivas".

A veces, las preguntas de Alaya son muy extensas y generan incomprensión en el imputado. El ex primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Sevilla y portavoz de IU Antonio Rodrigo Torrijos llegó a decirle a la juez que le había planteado una "pregunta cañón", después de que Alaya le hiciera una pregunta compuesta por diez extensos apartados con los indicios sobre las presuntas irregularidades detectadas en el concurso público de Mercasevilla.

Con los fiscales de Anticorrupción también ha tenido Alaya sus más y sus menos y con los jueces de refuerzo. Los fiscales se han quejado ante la instructora del retraso en la notificación de las resoluciones y Alaya ha alegado la "complejidad" de la causa como motivo. Respecto a los jueces de refuerzo, no pasa desapercibida la tensión que desembocó en la salida de la magistrada Ana Rosa Curra, cuando la investigadora de los ERE volvió al juzgado tras seis meses de baja y se negó a compartir las macrocausas con los jueces de apoyo.