De "caballo ganador" a una cárcel en el horizonte

Cuatro días antes del 22 de mayo de 2011, fecha de las elecciones municipales, el entonces secretario general del PSOE andaluz y presidente de la Junta, José Antonio Griñán, acudió a Jerez a arropar a la candidata de su partido, Pilar Sánchez. "Es caballo ganador, sabe llegar a la meta, conoce a su pueblo y trabaja para el pueblo". A Griñán no se le dan nada bien las cábalas. Sánchez quedó aplastada por la apisonadora del PP que condujo su candidata, María José García Pelayo. Los créditos que obtuvo la aspirante socialista a la reelección fueron desastrosos. Cuatro años antes había alcanzado la mayoría absoluta y el 22-M de 2011 sólo pudo formar un quinteto de concejales.

La meteórica carrera política que algunos habían querido ver en Sánchez se gripaba. La mujer que en 2007, exultante, anunció que con ella llegaba la "nueva transformación Jerez" y proclamó que "mirar atrás ya sólo servirá para aprender de la experiencia y no cometer los mismos errores que en el pasado", era cuatro años después una caricatura de sí misma. Había perdido su feeling con la política local. De ser la "alcaldesa de todos, sin excepciones", como se bautizó a sí misma, se convirtió en una concejal fantasma que apenas pisaba el salón de plenos del Ayuntamiento.

Quiso desaparecer del escenario político. Su experiencia en el ámbito educativo -es diplomada en Magisterio y licenciada en Psicopedagogía- le sirvió, y en 2013 ocupó un cargo técnico en el organigrama de la Junta tras despedirse del consistorio con la esperanza de disfrutar de la rutina de una funcionaria más.

Pero no fue así. En octubre de 2014, el Juzgado de lo Penal número 3 de Jerez condenó a la ex alcaldesa socialista a dos años de prisión, siete de inhabilitación especial para cargo público y al pago de una multa de 8,6 millones de euros. La razón: desviar dinero de ayudas gubernamentales destinadas a fomentar el empleo para pagar el sueldo a los trabajadores municipales. Una vez conocida la sentencia, Sánchez dimitió de su cargo como directora del Instituto de Cualificaciones Profesionales de la Junta, donde había recalado como funcionaria tras el desastre en las urnas, y solicitó su suspensión como militante del PSOE. Esa decisión ha permitido que, desde entonces, muchos de sus antiguos compañeros de partido prefieran no pronunciarse y no entren a valorar sus causas judiciales al considerar, como comentó la presidenta de la Diputación de Cádiz, Irene García, que dichos asuntos son "situaciones personales" de Sánchez.

Comenzó así un camino de espinas. La ex alcaldesa recurrió la condena y en mayo la Audiencia Provincial le dio en parte la razón. Dejaba sin validez la pena de prisión pero le ampliaba la de inhabilitación para el desempeño de un cargo público, situándola en ocho años y medio. Mejor suerte corrió con sus imputaciones en el caso Mercajerez y en el juicio por contratar a asesores, que acabaron archivándose.

Sin embargo, no se ha escapado de la decisión del Tribunal Supremo, que ha confirmado la sentencia de la Audiencia Provincial de Cádiz que la condenó a cuatro años y medio de cárcel. Los delitos de falsedad documental, prevaricación y malversación de caudales públicos en relación con la concesión de una subvención a la empresa Tecnología e Innovación Sanitaria (TISA) para la adquisición de suelo en el Parque Tecnológico Agroindustrial de Jerez se reflejan en los folios del Alto Tribunal.

La ex regidora no se explica el golpe. Ayer, la actual alcaldesa, Mamen Sánchez, también socialista, ofreció su diagnóstico: "Aunque se hagan por buena voluntad, para atraer empresas a la ciudad o para ayudar a alguien, hay cosas que la ley no permite".