La consejera Catalina García, citada como testigo el próximo 20 de enero por los contratos del SAS

El titular del Juzgado de Instrucción 13 de Sevilla, que investiga el mantenimiento de los contratos sanitarios de emergencia en la sanidad andaluza una vez superado el período de la pandemia del Covid-19, ha citado el 20 de enero a declarar como testigo a la actual consejera de Sostenibilidad de la Junta, Catalina García.

En una providencia dictada el pasado miércoles, el juez José Antonio Gómez accede así a la petición de la Fiscalía Anticorrupción, que solicitó que declararan como testigos Catalina García y el que fuera viceconsejero de Hacienda Roberto Ochoa, según ha informado este viernes el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

La solicitud de la declaración de Catalina García obedece al periodo en la que tuvo responsabilidades como viceconsejera en Salud, consejería que también dirigió desde julio de 2022 hasta que dos años después se puso al frente de Sostenibilidad y Medio Ambiente.

La Fiscalía Anticorrupción pretende que estos dos testigos aclaren el cambio en la fiscalización de los contratos investigados. El pasado 25 de noviembre declararon como investigados ante el juez la gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS), Valle García, y sus dos predecesores en este puesto, Miguel Ángel Guzmán y Diego Vargas, que justificaron el mantenimiento de los contratos sanitarios de emergencia en el contexto de la covid-19 y consideraron que su actuación estuvo avalada por los correspondientes informes.

El Juzgado de Instrucción 13 es el encargado de la denuncia inicial del PSOE por el mantenimiento de dichas contrataciones de emergencia, por un montante total cifrado en 242 millones de euros, cuando ya se daba por finalizada la pandemia de la covid que las justificaba.

Entre otras cuestiones, en esta instrucción se intenta aclarar la forma en la que fue sustituido, por parte del Consejo de Gobierno de la Junta del pasado 6 de octubre de 2020 y en un contexto de urgencia por la covid-19, el sistema de fiscalización previa para determinados gastos, órganos y servicios por el denominado 'Control Financiero Permanente'. En la última providencia del juez también accede a prorrogar el plazo de instrucción hasta el 1 de abril de 2026.