El titular del Juzgado de Instrucción 5 de Huelva, Javier Romero, que investiga las presuntas irregularidades relacionadas con los cursos de formación para desempleados -subvencionados por la Junta de Andalucía- en la provincia onubense, ha pedido explicaciones a la Fiscalía por solicitar el archivo del caso. En una providencia fechada el 30 de abril, el magistrado remite la causa "al superior jerárquico del fiscal" para que informe si finalmente sostiene o no la acusación en la pieza principal de la formación en Huelva. Le da un plazo de diez días para que se pronuncie.

Romero considera que la postura del Ministerio Público está "injustificada", máxime cuando "meses antes había solicitado la confirmación del auto que especificaba los indicios de delito contra los acusados", que están siendo investigados por presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos. En el listado de imputados figuran siete personas: el que fuera delegado de Empleo en Huelva y director provincial de SAE, Eduardo Muñoz; el secretario general de Empleo, José Martínez Iglesias; el jefe del Servicio de Formación para el Empleo, J.A.G.F.; el jefe del Departamento de Análisis, Programación y Formación Continua, M.M.V.C.; los técnicos de la Comisión de Valoración C.V.A. y E.G.M.D.V., y la persona encargada de la justificación económica de las subvenciones, A.M.G.A.

La reacción del titular del Instrucción 5 de Huelva no se ha hecho esperar, después de que el pasado 24 de abril la Fiscalía onubense remitiera un informe, según señala el magistrado en la providencia, "en el que, cambiando el criterio mantenido hasta entonces, solicita el sobreseimiento de las actuaciones al considerar que los hechos imputados a los investigados no son constitutivos de delito".