Andalucía

Una década de Urbanismo en el punto de mira

  • La gestión municipal en esta parcela durante los últimos diez años ha sido cuestionada constantemente por la oposición Los casos Serrallo y Cerrillo, los más sonados

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La gestión del Urbanismo en la capital ha sido durante la última década el centro de la diana al que ha apuntado la oposición municipal. Uno de los frentes en los que los distintos representantes de la bancada contraria al equipo de gobierno se han centrado para buscarle las 'cosquillas'. Casos delicados con trascendencia judicial como el de Los Cármenes, Serrallo, Cerrillo, La Azulejera, Mulhacén o las expropiaciones del Parque Tecnológico de la Salud son un ejemplo de que el área dirigida por la concejal Isabel Nieto ha sumado episodios controvertidos. Tanto que, por una cosa o por otra, todos han pasado por los tribunales y cuya suma podrían ser parte de la trama de corrupción que ahora se investiga.

1El más sonado es el del Serrallo. En febrero de 2015 fue la Fiscalía la que denunció al promotor Roberto García Arrabal y a cinco altos cargos de Urbanismo en el Ayuntamiento de Granada por posible delito contra la ordenación del territorio y prevaricación urbanística en la citada operación junto al centro comercial. El Ministerio Público abrió una investigación por este caso después de que un particular, exfuncionario de Urbanismo, denunciara posibles delitos urbanísticos en el sistema general de espacios libres. Los hechos se remontan a 2006 -Luis Gerardo García Royo era el responsable de Urbanismo por entonces- cuando se otorgó concesión administrativa para la realización de un parque de atracciones infantil junto al Serrallo Plaza. El objetivo de la misma fue sin embargo "modificado sucesivamente a través de alteraciones del proyecto de urbanización". El pasado mes de diciembre ya tuvo que declarar por este caso la actual edil Isabel Nieto en calidad de investigada -cuestión por la que Ciudadanos retiró inicialmente su apoyo al Gobierno local del PP-. La declaración del exdirector de Urbanismo, Jacobo de la Rosa, fue determinante para la citación de la concejal. Hasta mediados de 2017, al menos, no se celebrará el juicio. La instrucción del caso relacionado con la operación que permitió la construcción de una discoteca, con sala de fiestas y pista de patinaje con bar en zona verde está pendiente de una serie de informes económicos de la Policía Judicial.

2Primero el Palacio del Hielo, luego una gran superficie comercial -Granada Plaza- y finalmente nada. Otro de los capítulos que más atención ha despertado en los últimos meses ha sido el del Cerrillo de Maracena por el caso del Palacio de Hielo. Descartada la construcción del Palacio de Hielo, la multinacional Property Master Europe tenía previsto invertir 48 millones de euros para construir un gran centro de ocio sobre los terrenos en los que se iba a edificar el citado pabellón deportivo. Finalmente el proyecto se esfumó. La solución al mismo provocó un cruce de denuncias entre el grupo municipal socialista y el alcalde José Torres Hurtado. La imputación por denuncia falsa de los ocho concejales del PSOE y la querella por prevaricación contra el regidor quedaron en nada. Este asunto parte en 2005 cuando el Ayuntamiento cerró un convenio urbanístico con varios promotores -entre los que se encontraban José Julián Romero, Comarex Desarrollos y Caja Rural- para venderles el 10% de unos terrenos de uso terciario en el Cerrillo de Maracena por, aproximadamente, unos 14 millones de euros. De esa cuantía, las arcas municipales sólo recaudaron la mitad y el Gobierno local llegó a un acuerdo para que el resto de la deuda (8 millones) se abonara 'en suelo'. El Ayuntamiento se convirtió, en ese momento, en el propietario del 14,5% del total de una parcela de uso comercial valorada en siete millones de euros, según apuntó la oposición. Algo por lo que el PSOE se preguntó cómo el Consistorio accedía a cobrar de esa forma la cantidad estipulada en plena crisis económica y dónde quedaba el millón de euros que aún faltaba por pagar conducciones. La Audiencia Provincial de Granada determinó en junio de 2014 que no hubo delito de prevaricación en la actuación de la cúpula de Urbanismo y de varios promotores durante el primer mandato de Torres Hurtado.

3El pasado mes de agosto la Fiscalía de Medio Ambiente solicitó una investigación para el alcalde de Granada, José Torres Hurtado, y los concejales Isabel Nieto (Urbanismo) y Francisco Ledesma (Economía) además de a ocho altos cargos del Ayuntamiento y al constructor Roberto García Arrabal por presuntas irregularidades urbanísticas en la gestión del Pabellón Mulhacén, construido para la Universiada de 2015. El empresario Ramón Arenas denunció (diciembre de 2013) la invasión en una parcela de su propiedad para construir el recinto deportivo. Los hechos se remontan a 2005, cuando el Ayuntamiento de Granada vendió por concurso público al empresario una parcela de equipamiento de uso docente en la calle Baltasar Mar, destinada a construir una guardería y por la que pagó 400.000 euros. Esta parcela linda con la dedicada a acoger el pabellón, que ocupó 300 metros cuadrados del terreno preparado para ser una guardería. El Consistorio lo reconoció y le ofreció a Arenas un solar en la misma linde. No obstante, el empresario consideró en su denuncia que el Ayuntamiento cambió las condiciones del pliego para la construcción del Pabellón Mulhacén y ocultó su valor económico para no someterse al análisis del Consejo Consultivo, además de recordar que el proyecto deportivo no está terminado. La Fiscalía decretó que, sin valorar la exactitud de los denunciado, los hechos podrían constituir un delito contra la ordenación del territorio, prevaricación urbanística y común, falsedad, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos, por lo que ordenó la investigación policial. Este hecho abrió el pasado verano la primera brecha entre Ciudadanos y el PP en el Ayuntamiento granadino.

4En noviembre de 2015 la Fiscalía Provincial abre diligencias penales para investigar si hubo irregularidad alguna en la adjudicación de suelo destinado a la construcción de VPO de la zona de La Azulejera en la Carretera de Víznar. El problema comienza cuando la ya extinta Empresa Municipal de Vivienda y Suelo del Ayuntamiento de Granada (Emuvyssa) adjudicó a dos sociedades diferentes el solar, pero en ese espacio ninguna de las dos llega a construir nada. La denuncia de los compradores de las viviendas da pie a la investigación. Estos llevaban un largo tiempo luchando porque el Consistorio devolviera el dinero que depositaron a cuenta. En la actualidad el Ayuntamiento les tiene retenidos 240.000 euros. Una vez conocida la intención de la Fiscalía, el portavoz del equipo de gobierno, Juan García Montero, aseguró que la apertura de diligencias dejaría "meridianamente claro" el tema.

5Los grupos de PSOE e IU en el Ayuntamiento de Granada pidieron explicaciones al alcalde, José Torres Hurtado, sobre la rebaja de una sanción urbanística en un edificio de la calle Obispo Hurtado, en la que reside al igual que la concejal Isabel Nieto. Ambas formaciones indicaron el pasado mes de noviembre que "el exceso de metros provocó una multa de cerca de medio millón de euros, que ahora se ha quedado en 60.000 euros", según reza en la respuesta del equipo de gobierno a la que tuvieron acceso. La oposición criticó que la falta de información así como la negativa de tener copia del expediente. Algo, según las mismas fuentes, que hace "sospechar que no está claro todo".

6Hace menos de un mes la concejal de Urbanismo, Isabel Nieto, abandonó la comisión de Urbanismo. La edil argumentó que no estaba dispuesta a soportar amenazas de llevar a la Fiscalía la construcción de una residencia universitaria en el Parque Tecnológico de la Salud (PTS). Nieto aludió a personas implicadas en el caso Serrallo que también estarían detrás de este expediente. También se dirigió al portavoz de IU en el Ayuntamiento, Francisco Puentedura, quien meses atrás indicó que en el ejercicio de sus responsabilidades iría a la Fiscalía se si constata que se favorece el interés privado. El trasfondo de todo esto es que el Ayuntamiento cedió varias parcelas al PTS para que las vediera y pudiera financiarse. Uno de los solares lo compró García Arrabal por 2 millones. La parcela, según establecía el PGOU, era de equipamiento deportivo, algo incompatible (a priori) con la construcción de una residencia universitaria que quería construir. El terreno puede tener en un 60% uso deportivo y en un 40% pueden ser equipamientos social comunitario. Ahí sí podría entrar la residencia. El caso está en que hay un artículo que expresamente dice que la residencia tendría que estar vinculada a la Universidad de Granada. Y la UGR no se vincula a la misma hasta que esté hecha. Según se interprete se daría o no licencia al proyecto.

7La Fiscalía mantiene abiertas las diligencias previas por la cesión de la Casa Agreda en el Albaicín a una organización sin ánimo de lucro que tiene pretende convertirla en un centro social. Según indicó en diciembre el portavoz de IU en el Ayuntamiento, Francisco Puentedura, en 2008 el inmueble se valoró en 6,2 millones de euros y en 2014 esa cifra descendió hasta los 4 millones. Bajada justificada por la caída de la actividad inmobiliaria. No obstante, criticó que la Federación Aide pudiera hacerse con la Casa Agreda por 1,6 millones con un único requisito: hacer obras de restauración por valor de 5 millones.

8Se trata de un plan parcial localizado en la Zona Norte de la capital -en el entorno de la carretera de Jun- en el que las obras de urbanización no se llegaron a acometer al completo. Además, se procedió al desvío del río Beiro, cuando incluso la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir emitió un informe desfavorable a tal acción. Por otro lado, no se abonaron las compensaciones a los propietarios. En referencia a las obras de urbanización se decidió que con los avales de varias entidades bancarias se procediera a ejecutarlas al 100%. Pero estos caducaron antes de ejecutarlos. En la actualidad, la Fiscalía mantiene abiertas las diligencias previas.

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