El juez decano de Granada denuncia "trato de favor" a una edil del PP
Lamenta que Isabel Nieto entrara a declarar a los juzgados por un acceso reservado y escoltada por la Policía Local
El juez decano de Granada, Jesús Rodríguez Alcázar, ha comunicado al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) su "malestar" por que la edil de Urbanismo, Isabel Nieto, accediera el pasado jueves a la sede judicial de La Caleta a través del aparcamiento en un vehículo acompañada por una Policía Local, cuando declaró como investigada. El magistrado, que hace referencia a un posible "trato de favor", ha elevado su queja a la Sala de Gobierno del Alto Tribunal andaluz, con sede en Granada, para que se traslade su "profundo malestar" al Ayuntamiento y, en concreto, a los responsables de la Policía Local.
En la comunicación trasladada al TSJA, el juez decano recuerda que el pasado jueves 10 de diciembre estaba prevista la declaración como investigada de la edil de Granada Isabel Nieto (PP) en el Juzgado de Instrucción 2, en el marco de una causa urbanística. Según Rodríguez Alcázar, la entrada de la investigada se produjo "por un lugar no destinado al efecto", ya que los accesos de los ciudadanos al edificio donde se ubican los Juzgados de Instrucción sólo pueden tener lugar por la puerta del edificio antigua sede de la Diputación o la puerta por la que se accede al Juzgado de Guardia.
"Sin embargo, este día la edil entró en el interior de un vehículo acompañada por una policía local directamente hasta el aparcamiento de los Juzgados, reservado únicamente para personal autorizado para ello, y subió hasta el lugar en el que se desarrolló la declaración por unas escaleras interiores, reservadas exclusivamente a personal de los Juzgados o autorizado", detalla. Además, añade el juez decano que la salida de la edil se produjo de igual modo "desde el aparcamiento y en el interior de un vehículo".
El magistrado ha explicado que tuvo conocimiento de lo sucedido al día siguiente a través de los medios de comunicación y que ni la titular del Juzgado de Instrucción 2 ni el personal de seguridad de los Juzgados conocían previamente de la intención de la edil, y menos aún de la "colaboración" para ello de funcionarios de la Policía Local que usualmente hacen labores en el ámbito judicial. Por ello, Rodríguez Alcázar advierte que este asunto "repercute muy negativamente en la imagen de la Justicia, ya que no se puede trasladar la idea de que existen ciudadanos de primera y de segunda en cuanto al trato que se recibe por parte de los Tribunales".
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