¡Escándalo, aquí se juega!

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía redactó en marzo de 2023 una curiosa sentencia. Versaba sobre el intento del Ayuntamiento de Cádiz bajo el mandato del anterior alcalde, José María González ‘Kichi’, de modificar el PGOU para poder restringir la implantación de locales de juego en la ciudad y prohibir su presencia a menos de 500 metros de equipamientos educativos y deportivos.

La Red Pública de Atención a las Adicciones de la Junta de Andalucía atiende a cerca de 3.000 personas que sufren ludopatía patológica, muchos de ellos jóvenes, por lo que no parecía una medida descabellada. Sin embargo, la Junta se alió con la patronal del juego para evitar la posibilidad de que los ayuntamientos regulasen en sus ciudades el número de salones de apuestas. Y el TSJA les dio la razón a pesar de que tuvo en cuenta los informes de la Consejería de Salud y, de hecho, empezaba así su argumentación: “Si bien el Tribunal comparte la preocupación por los perniciosos efectos del juego patológico en general y más en colectivos vulnerables, como los menores, que deben ser objeto de la máxima protección...” Pues bien, a pesar de ese ‘si bien’, los jueces tumbaron el acuerdo plenario porque el Ayuntamiento de Cádiz no había demostrado que en concreto en Cádiz existiera “un especial y muy grave problema de salud a causa de la adicción al juego”. De este modo, la Junta retenía su potestad para autorizar la instalación de casas de apuestas, estuvieran o no a menos de 500 metros de centros educativos.

Siendo Juan Bravo consejero (hoy es vicesecrtetario económico del PP y uno de los hombres fuertes del equipo de Feijoo) ya había afirmado en sede parlamentaria que “se ha venido difundiendo la idea, sin base científica alguna, de que existe una masiva adicción al juego de menores de edad. Esto en Andalucía no se produce”. No negaba -porque es innegable- que el juego puede generar adicción, pero sus palabras daban su respaldo a la industria. El lobby de la patronal del juego había surtido su efecto y Bravo repetía el argumentario de las empresas del juego recogido en su documento Cinco mitos sobre el juego privado en España que desmienten los datos de Sanidad.

¿Es o no es para tanto?

En 2023 la Dirección General de Ordenación del Juego, dependiente del Ministerio de Comercio, presentó su informe Estudio de Prevalencia del Juego, consistente en una encuesta que arrojaba que en España el 12,5% de la población juega alguna vez a opciones distintas a las que ofrece la Lotería del Estado o la ONCE, es decir, el sector privado del juego, si bien el 61% de ellos no dedicaban ni 10 euros al mes. Era una encuesta y en las encuestas nadie obliga a decir la verdad, pero parecía bien trabajada.

El estudio incidía en que los juegos más adictivos, son, por este orden, las máquinas de azar, la ruleta y el bingo. Las apuestas sólo estaban por encima de la lotería, pero ese riesgo se disparaba con las apuestas on line, que mezclaban juego y móvil, con un éxito creciente del póquer, que se encuentra en el ranking de descargas sólo por detrás de las apuestas deportivas convencionales. Y el principal grupo de riesgo, ahí sí, eran los jóvenes.

Este estudio parecía dar la razón a Bravo, ya que el número de menores de edad detectados con afición al juego era insignificante. Sin embargo, en el segmento entre 18 y 25 años se disparaba hasta el 18% y en las respuestas aportadas a la encuesta un 3,5% de ellos presentaba síntomas de estar en riesgo de caer en la patología o de estar sufriéndola ya. Si estos datos se extrapolan a la población andaluza de ese segmento de edad tendríamos que en Andalucía habría aproximadamente unos 2.600 jóvenes entre 18 y 25 en riesgo de ludopatía. Pero sólo es una extrapolación. ¿Era suficiente para legislar contra una industria que genera más de 46.000 empleos y aporta al Estado vía impuestos 1.697 millones de euros, según recoge la patronal en su propio anuario?

Un sensacional negocio

El juego privado es un sensacional negocio que no para de crecer en la región. Los últimos datos, correspondientes a 2024 y que se recogen en la estadística de Juego Privado en Andalucía, que realiza la propia Consejería de Economía y Hacienda, ponen números a esa evolución. En 2024 esta industria movió sólo en Andalucía más de 2.385 millones entre casinos, bingos, casas de apuestas y máquinas tragaperras, lo que suponen 650 millones más que hace diez años. Si el gasto por habitante y año era entonces de 206 euros, el año pasado esa cantidad se elevó a 275 por cada andaluz.

En concreto, en el caso de las casas de apuestas, que fueron las que generaron la alarma en los años anteriores de la pandemia, cuando llegó a haber en Andalucía 4.553 de estos establecimientos, el volumen de negocio ha tenido un crecimiento exponencial pese al desplome de los años 2020 y 2021 por el miedo a los contagios. Si la recaudación en 2019 en las casas de apuestas andaluzas fue de 151 millones, en 2024 había pasado a ser de casi 244 millones de euros. Esto supone un incremento de un 60% en apenas cinco años. Pocos sectores pueden presumir de semejante curva ascendente de mercado.

La liberación en 1978 del sector del juego, que durante el franquismo había sido monopolio del Estado, hizo posible que se amasara la primera mayor fortuna personal andaluza. Ese año Manuel Lao, un almeriense nacido en 1944 en Doña María, una pequeña aldea de poco más de 200 habitantes, fundó la Compañía Internacional de Recreativos, CIRSA, dedicada a fabricar máquinas tragaperras para bares. Siete años después Lao ya estaba preparado para abrir su primer casino y lo hizo en Marbella, el Gran Casino Marbella. Luego llegaría su red de bingos y su salto al extranjero. Lao era un apostador nato. Apuestas en las que ganó fueron la creación del primer casino flotante, que se radicó en Buenos Aires, o la marca Sportium, centrada en el potencial de adivinar los resultados de fútbol y que aplastó al tradicional juego estatal del uno, equis, dos de las quinielas, tan artesanales en comparación con las sofisticadas posibilidades que dan las grandes multinacionales de las apuestas deportivas. Hoy hay jóvenes apostadores que no saben lo que es una quiniela. En 2014 Sportium se convirtió en la casa de apuestas oficial de la Liga de Fútbol.

A día de hoy, Lao no está en Cirsa. Vendió sus acciones al fondo de inversión Blackstone por una cantidad que no se desveló -la rumorología habla de unos 2.500 millones de euros-, pero que le catapultó a los primeros puestos de las mayores fortunas españolas y a los consejos de administración de algunas de las primeras constructoras españolas, como Sacyr.

El caso Codere

Casi en paralelo a Cirsa, la familia Martínez Sampedro fundó Codere, el otro gran gigante nacional del juego, en alianza con Recreativos Franco, propiedad de dos hermanos que desde un taller del paseo de Extremadura de Madrid habían empezado a fabricar en 1965 máquinas de pinball. Ese fue su principal nicho de mercado antes de dar el salto a Hispanoamérica con la apertura de casinos, bingos e incluso hipódromos.

Codere, en alianza con la multinacional del juego británica William Hill, fue la pionera en España en la instalación de una casa de apuestas. Lo hizo en 2008 en la planta alta del Bingo Canoe, en el Paseo de la Castellana de Madrid. Eran unos 300 metros cuadrados con aspecto de pub que contaba con servicio de bebidas y multitud de pantallas para seguir el resultado de cualquier evento en el mundo sobre el que se hubiera apostado. La marca elegida para este nuevo modelo fue Victoria y se extendió como el aceite por toda la geografía nacional. En 2019 alcanzó su pico con 7.165 terminales por toda España y ya no estaba en lugares como en la exclusiva Castellana, sino en cada rincón de cada barrio, algunos de ellos habitados por familias con escasos recursos económicos. Podía pasar -y de hecho pasaba- que muchos pueblos andaluces hubieran perdido su sucursal bancaria y que el consultorio médico no tuviera una atención diaria, pero tenían una casa de apuestas. Porque al éxito de Codere le siguieron otras como la propia Sportium, Bet365, Bwin... Eran fáciles de reconocer porque patrocinaban equipos de fútbol, sus marcas aparecían en las camisetas de los equipos y eran una publicidad constante en carruseles deportivos.

Esto fue posible gracias a la modificación de la regulación. Los hermanos Martínez Sampedro fueron conscientes desde el primer momento de la necesidad de crear un lobby para influir en la regulación si querían que su crecimiento no se detuviera. Ficharon como secretario general de la firma a un funcionario de carrera del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado y que durante el gobierno de Aznar había sido subssecretario de Hacienda a las órdenes del todopoderoso ministro Cristóbal Montoro, Rafael Catalá. Una puerta giratoria que acabó resultando muy rentable. Fue bajo la dirección de Catalá cuando, durante el gobierno de Zapatero, Codere consiguió que se diera luz verde a su casa de apuestas, aunque la ley que regularía estos establecimientos, ya con Rajoy en el poder, fue la 13/2011, que iba a establecer que fueran las comunidades autónomas las que promulgaran normativas específicas y aprobaran la apertura de nuevas terminales, como son denominadas en el argot. Por entonces Codere ya era, como ha desvelado la instrucción del conocido como ‘caso Montoro’, un importante cliente de Equipo Económico, el despacho montado por el ex ministro para asesorar a grandes empresas, pero que los investigadores sospechan que era un brazo transmisor entre los intereses privados y los poderes públicos para legislar en beneficio de determinados sectores a cambio de compensaciones económicas. En plena expansión del sector del juego, Montoro había regresado al Ministerio de Hacienda y Rafael Catalá había sido designado ministro de Justicia.

A los Martínez Sampedro, a pesar del éxito de sus terminales de apuestas, las cosas no les fueron tan bien como a Lao. En 2018 los propios bonistas de la firma echaron a los Martínez Sampedro acusándoles de administración desleal y el caso llegó a los tribunales. En 2021 quebró Codere y fondos de inversión tomaron el relevo mientras el litigio seguía y los acreedores vigilaban cómo evolucionaba la gallina de oro.