La factoría Delphi dejó tras su cierre casi 500 acreedores

Tres años. Es el tiempo que han necesitado los administradores concursales nombrados por el Juzgado de lo Mercantil de Cádiz en elaborar su informe sobre la situación de la ya extinta factoría de Delphi en Puerto Real. En total hay 489 acreedores, con un capital pendiente de cobro reconocido de 203 millones de euros.

El documento hace un análisis pormenorizado de las causas que llevaron a la fábrica a su desaparición, a su declaración en concurso de acreedores y, además, expone la lista de todos aquellos a cuantos Delphi adeuda cantidades económicas. Este periódico ha podido acceder al texto definitivo elaborado por la administración concursal, documento que se encuentra de manifiesto durante 15 días en la Secretaría del Juzgado de lo Mercantil de Cádiz. Ahora, la titular de dicha sede judicial, Nuria Orellana, emitirá un auto por el que se pondrá fin a la fase común del concurso (en la que se encontraba aún el caso Delphi) para pasar a fase de convenio (si no se solicita liquidación). A continuación, se convocará junta de acreedores que podría celebrarse aproximadamente en julio, salvo que la magistrada emita un trámite por escrito (según la nueva ley, para aquellos casos en los que se superen los 300 acreedores). En esa junta de acreedores se acordarán los distintos pagos para los que previamente se han producido juicios y llegado a acuerdos.

El informe enumera, en primer lugar, un listado de hasta 415 acreedores concursales comerciales a fecha de 27 de julio de 2007 (de manera provisional). Así, el importe deudor en esa fecha asciende a 197 millones de euros (de los que 176,4 millones son el principal y el resto, intereses). El importe comunicado por el acreedor llega a los 205,4 millones, mientras que el total reconocido por la administración concursal (igualmente de manera provisional) queda en los ya referidos 197 millones de euros. En segundo lugar aparecen los acreedores concursales que son entidades públicas. En total son 24, con un importe deudor a fecha de la declaración del concurso estimado en 4,5 millones de euros, mientras que el global comunicado por el acreedor asciende a 5,78 millones y, finalmente, el montante reconocido por la Administración concursal, es de 2,7 millones de euros. En este apartado figuran instituciones como el Ayuntamiento de Puerto Real, la Diputación Provincial de Cádiz, Hacienda, la Tesorería General de la Seguridad Social, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Educación y Ciencia o la Consejería de Empleo de La Rioja. Por último, el listado de acreedores concursales se refiere a los laborales, en total 50. El importe adeudado reconocido por los administradores en este apartado asciende a más de 194.000 euros.

El informe va más allá y extrae otras conclusiones. La primera se refiere a las causas que llevaron a la fábrica a su cierre y al posterior concurso de acreedores. Así, detalla que la evolución conjunta de las tres plantas de la fábrica (40, 41 y U1, dedicadas a suspensiones, direcciones y transmisiones y rodamientos, respectivamente) fue negativa entre los años 2002 y 2006, acumulando unas pérdidas de 27,4 millones en esos cinco años. Los motivos fueron la evolución de la cifra de ventas, del coste de las materias primas, de los costes de personal y el coste "extraordinario" contabilizado en 2005 por depreciación de activos. En este último apartado, el informe concursal aclara que DASE (Delphi Puerto Real) comenzó a generar pérdidas en el año 1998, y que fue a partir de ese año cuando la factoría comenzó a solicitar financiación extraordinaria, que le fue aportada en forma de créditos operativos a corto plazo hasta finales de 2004 y en forma de créditos participativos a partir de ese año, llegando a suponer 183 millones de euros a 31 de diciembre de 2006, "el total de la deuda de DASE con el Grupo Delphi". El balance que presentaba la factoría a 31 de marzo de 2007 reflejaba unas pérdidas acumuladas de 237,3 millones de euros. Esas pérdidas fueron financiadas por compañías pertenecientes al Grupo Delphi y que llegaron a los 184,8 millones de euros.

Según los administradores concursales, habría "ciertos indicios" de que DASE ya pensaba en cerrar sus instalaciones de Puerto Real en 2005. Y se basan en varios datos. En primer lugar, que el informe de gestión y las cuentas del año 2004 aluden a una caída de ventas por un menor volumen de pedidos de sus principales clientes y, sobre todo, porque "no se prevén a corto plazo nuevos negocios". Pero, además, los administradores citan el informe emitido en su día por la firma Ernst&Young, en septiembre de 2005, "que arroja conclusiones alarmantes, requiriendo acciones correctivas que, en realidad, nunca llegaron". Hay que recordar que fue en ese año, 2005, cuando se aplicó uno de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) en la factoría sin que, al parecer, se consiguiera revertir una situación ya de por sí complicada.