El fiscal pide 156 años de cárcel para los implicados en el caso de Connery
Los suelos de su chalé y la finca colindante se recalificaron para construir 72 pisos de lujo, de los que 69 se vendieron por 126 millones
La operación inmobiliaria que acabó convirtiendo el chalé Malibú, propiedad del actor Sean Connery y su esposa, en una urbanización con 72 pisos de lujo sentará en el banquillo a 16 personas a las que la Fiscalía Anticorrupción pide en conjunto 156 años de cárcel por delitos contra la ordenación del territorio y fraude fiscal. El Ministerio Público entiende que no sólo se fraguó una actuación urbanística ilegal para recalificar un suelo previsto sólo para dos chalés hasta conseguir que pudiera albergar 72 apartamentos, sino que se redujeron y tasaron bajo precio los aprovechamientos urbanísticos, causando un perjuicio a las arcas municipales estimado en 2,7 millones de euros. De los 72 pisos, 69 se vendieron, según el precio que figura en escritoras, en 126,6 millones.
El negocio se redondeó, de acuerdo con la acusación provisional formulada por la Fiscalía Anticorrupción, ocultando a Hacienda los beneficios obtenidos en el pelotazo inmobiliario policialmente bautizado como caso Goldfinger, en alusión a la mítica película de la saga 007 protagonizada por el actor escocés. Juan Antonio Roca, como supuesto tejedor del lado oscuro del urbanismo marbellí, se enfrenta a ocho años de prisión y siete millones de multa por dos presuntos delitos contra la ordenación del territorio, fraude y cohecho. El fiscal sostiene que fue el muñidor de los convenios y que tenía reservados dos pisos en la urbanización como pago por sus favores, aunque finalmente su detención en el caso Malaya impidió que pudiera recibirlos.
El ex alcalde de Marbella Julián Muñoz está acusado de otros dos delitos contra la ordenación del territorio por poner su firma en la recalificación del chalé Malibúy la finca colindante y la posterior expedición de la licencia de obras. El fiscal solicita para él cuatro años de cárcel. Otros cuatro concejales del GIL se enfrentan a dos años de reclusión por delitos urbanísticos y otro a un año.
Sin embargo, las solicitudes de pena más duras las plantea el Ministerio Público para dos abogados del despacho Díaz-Bastién y un empresario vinculado a ellos a los que reclama entre 26 y 34 años de reclusión. Estos letrados, con la colaboración de otros profesionales, algunos con despacho en Panamá, son los que presumiblemente negociaron los convenios urbanísticos y articularon la ingeniería para ocultar a Hacienda los beneficios obtenidos.
El asunto arranca en 2000. Connery y su esposa, que llegaron a la Costa del Sol en los 70, se habían marchado en pleno fulgor del GIL. El despacho Díaz-Bastién se ocupaba de sus intereses y fundamentalmente de darle salida a la fabulosa parcela en la que se asentaba el chalé de la pareja en primera línea de playa. Así es como llegaron hasta el área de Urbanismo de Marbella y se firmó el primer convenio en enero de 2000. La edificabilidad pasó de 1.775 metros a 7.898. En diciembre de 2001 la empresa By The Sea, vinculada a los abogados del despacho Díaz-Bastién y a un empresario de su círculo y propietaria de la finca colindante, sobre la que pesaba otro convenio de recalificación similar, compró el suelo de Malibú y rubricó un tercer convenio.
La Fiscalía sostiene que estos convenios "expresan la trama urdida para beneficiar a los dueños de ambas entidades -Malibú y By The Sea- mediante la rebaja de los costes de adquisición de los derechos edificatorios para ejecutar una promoción inmobiliaria en una zona privilegiada de Marbella".
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