Un fondo británico controlará la Mancomunidad de Huelva

El pasado septiembre la empresa pública Giahsa, encargada del abastecimiento y saneamiento de la mayor parte de la provincia de Huelva, anunció que cedía a la falta de liquidez y sacaría a concurso la prestación del servicio de aguas y residuos. Necesitaba de forma urgente presupuesto para hacer frente a sus deudas. El concurso no ha llegado a ver la luz, pero de la mano de la exigencia de IU de mantener la gestión pública de la empresa se ha buscado otra fuente de ingresos: Giahsa trabaja en la petición de un préstamo a un fondo de inversión, a un interés del 14% y con una gran repercusión en el servicio, que sufriría una importante subida de tarifas y un recorte de los costes salariales.

La Mancomunidad de Servicios de la provincia de Huelva (MAS), titular de Giahsa, elabora así un plan D para lograr liquidez. Primero fue un crédito bancario por 100 millones de euros que no se consiguió, después la externalización de la gestión de las depuradoras y finalmente el anuncio del concurso para privatizar la prestación del servicio de aguas y residuos sólidos durante 25 años. El desembarco de un hedge fund (fondo de cobertura, en su traducción literal) es la solución propuesta ahora por un acuerdo entre PSOE e IU, con la aparente anuencia de PP y PA.

El fondo proporcionaría un crédito multimillonario a la Mancomunidad de en torno a 70 millones de euros con unas llamativas condiciones: un tipo de interés aproximado del 14% y un plazo de amortización de 13 años (las cifras están por cerrar). Con ese dinero Giahsa haría frente a los 45 millones de deuda acumulada y al pago de una cantidad importante a los ayuntamientos que conforman la Mancomunidad. El prestamista sería Taconic Capital, un fondo británico de inversión con una cartera con presencia en distintos sectores como energía, servicios, tecnología o sanidad.

El crédito llegaría además con una serie de condicionantes. Según los cálculos hechos por Giahsa, en 2013 (en caso de firmarse el acuerdo) habrá que subir las tasas un 7,5%, un 4,5% en 2014 y un 3,5% en 2015. Un porcentaje tan elevado que la Diputación Provincial se habría ofrecido a sufragar hasta un 4% de la subida tarifaria del primer año, tratando de amortiguar un golpe a las economías domésticas de los usuarios que llegará en un contexto preelectoral (las elecciones municipales se celebran en 2015). Pero además, en el caso de que esa subida no se muestre suficiente para cumplir las condiciones del préstamo, la empresa se vería obligada a aumentarlas de nuevo.

Otra de las exigencias del acuerdo es una rebaja importante de los costes salariales, un punto que sin duda conllevará una fuerte polémica entre los trabajadores (alrededor de 500), que ya han ejecutado encierros y convocado huelgas por la inestabilidad en la empresa y que en todo momento han reclamado que se respete el convenio firmado (en vigor hasta diciembre de 2014) y, sobre todo, que no se pierda ningún puesto de trabajo.

La nueva propuesta parte de un acuerdo entre PSOE e IU, después de que la federación izquierdista, socia de gobierno en la Junta de Andalucía pero también apoyo imprescindible en la Diputación Provincial, se haya mostrado radicalmente opuesta a cualquier movimiento que huela a privatización. La solución propuesta garantiza la gestión pública de la empresa, aunque permite al prestatario ejercer control sobre ella, como por ejemplo, el derecho de veto sobre la dirección de la misma. De hecho, según las fuentes consultadas, una de las condiciones impuestas por Taconic Capital es la eliminación de la cúpula política de la empresa, con cuatro vicepresidencias para PSOE, PP, IU y PA, todas ellas con un alto coste económico y que desaparecerían dentro de los ajustes a efectuar.

Otro factor de control es el que se puede ejercer sobre las concesiones demaniales de las redes de abastecimiento y saneamiento que los municipios han hecho a Giahsa, adjudicataria de las mismas por 30 años y, según advierten fuentes cercanas al proceso, el nuevo inversor podría incluso sacar a concurso su gestión, es decir, que podrían acabar en manos privadas. Precisamente, lo que se intenta evitar con esta fórmula.

Giahsa presentó hace unos meses una propuesta a las grandes empresas del sector partiendo de una oferta de 100 millones de euros con agua y recogida de residuos por separado. Una cantidad que fue considerada excesiva por las compañías del ramo y que no ha llegado a plasmarse en un pliego con el que sacar a concurso el servicio. Ello a pesar del interés mostrado por las empresas, alguna de las cuales, según fuentes del sector, ha llegado incluso a ofrecerse a igualar la oferta hecha por el fondo a un tipo de interés menor, aunque su propuesta ha sido rechazada. Y la respuesta de los privados ha sido una advertencia: el proceso puede acabar en los tribunales.

El proceso está aún abierto y que, a pesar de existir la opción de acudir al fondo de inversión, también se baraja aún el concurso. En todo caso, afirman, "se hará lo mejor para el servicio y lo que decidan los ayuntamientos". De hecho, aseveran, se ha informado del proceso a los interesados y "todos los pasos que se están dando están consensuados por las fuerzas políticas", dicen fuentes de Giahsa.

Pero ese consenso no ha llegado a todos los ayuntamientos. Varios consistorios aseguran desconocer esta propuesta de manera oficial (aunque sí oficiosa) y están en completo desacuerdo con ella por lo gravoso de las condiciones que habría que aceptar para lograr el crédito. De hecho, alguno advierte que si Giahsa da ese paso iniciará los trámites para su salida aunque para ello tenga que saltarse la disciplina de partido, lo que comprometería la concesión del préstamo. La desbandada municipal iniciada hace unos años amenaza con continuar toda vez que la empresa de aguas no ha logrado cumplir su compromiso con los ayuntamientos: aportar 100 millones de euros a sus maltrechas arcas en concepto de concesión de las redes de abastecimiento y saneamiento (de titularidad municipal). Esa promesa consiguió frenar la salida de los consistorios, que habían ido sacando a concurso la gestión de su servicio de aguas de forma individual.