El Gobierno y la Junta de Andalucía dotan de contenido al Acuerdo de Doñana

Desde que fuera firmado a finales de noviembre de 2023 por el Gobierno central y la Junta de Andalucía, el Acuerdo por Doñana estaba tan vacío como el acuífero al quepretenden rescatar de su crítica situación. Le faltaba lo esencial, la dotación económica que se aprueba por parte del Consejo de Ministros. El Ejecutivo central da luz verde a la convocatoria hecha a través de la Fundación Biodiversidad, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica (Miteco).

Se trata de una iniciativa ya ensayada con anterioridad. Permite salvar la excesiva burocracia por unas líneas de ayudas más directas y cuyos fondos están disponibles (en parte procedentes de la UE) al margen de la ausencia de Presupuestos Generales del Estado. Por ejemplo, las instalaciones del proyecto de drones situado en la provincia de Huelva, conocidas como Proyecto CEUS, se hicieron de esta misma manera, a través de una fundación perteneciente al Ministerio de Ciencia.

En su reunión de esta semana, el Consejo de Ministros aprobarán una primera remesa de 28,5 millones de euros destinada a los productores que abandonen sus cultivos y cuyas parcelas se encuentren en los 14 municipios afectados por el Acuerdo en las provincias de Huelva (los más numerosos), Sevilla y Cádiz. El montante será de 70.000 euros por hectárea a abonar durante un periodo de diez años, por lo que podrá llegar a suponer el abandono de 400 hectáreas que hasta ahora recogían sus recursos de agua directamente del acuífero de Doñana.

Según reconoció hace unos días la presidenta de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), Gloria Martín, las hectáreas ilegales que quedan en Doñana ascienden a 547, cuando hace unos meses eran 704. La decidida actuación contra los pozos ilegales (se han cerrado cientos) junto con los nuevos métodos de detección han hecho disuadir a muchos de seguir extrayendo recursos que no les corresponde.

De todos modos, hay que aclarar que los fondos aprobados por el Gobierno no sólo están destinados a terminar con los cultivos irregulares, aun siendo este su principal objetivo. Están destinados a cualquier propiedad legalmente constituida que se pretenda renaturalizar, es decir, pasar de ser consideraba de cultivo agrícola por otra en la que lo único que crezcan sean especies forestales autóctonas y así lo haga durante un periodo de 30 años.

Las declaraciones de la ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen de que se convocarían cuantas ayudas sean necesarias para poder abonar esa cantidad (70.000 euros por hectárea) a todos los que lo solicitaran, parece apuntar a que serán más de esas 400 que llegarían con los 28,5 millones aprobados ya.

La siguiente cuestión es cuánta agua se podría ahorrar con el abandono de esas fincas de producción. Según los datos consultados por este periódico de fuentes del sector de los frutos rojos en la provincia de Huelva, cada hectárea de cultivo de berries, precisa de una cantidad media aproximada de 5.700 metros cúbicos de agua en cada campaña. Si todas las hectáreas contabilizadas por la CHG como ilegales (547) fueran abandonadas, el ahorro sería de poco más de 2,3 hectómetros cúbicos que dejarían de extraerse directamente del acuífero del Parque Nacional que, no hay que olvidar, se encuentra declarado como en estado “crítico”. La cantidad no parece demasiada, pero puede suponer una diferencia más que fundamental para un sistema hídrico que pende de un equilibrio más que precario.

Quedaría entonces la aprobación, también acordada, de las ayudas que aportaría la Junta de Andalucía, que añadirá 20.000 euros más por cada hectárea abandonada. Este caso, según indicaron fuentes del ejecutivo autonómico, acaba de cerrar su periodo de consultas públicas, con lo que se aprobará de manera definitiva en pocos días. También la Diputación de Huelva se comprometió a aportar otros 10.000 euros por hectárea a los productores con fincas en la provincia de Huelva, con lo que la cantidad total llegaría a esos 100.000 euros anunciados por los responsables de Miteco y Junta en la firma del pacto.

Entre ambas administraciones, la cantidad a aportar será de 1.434 millones de euros hasta el año 2027, a partes prácticamente iguales.

El objetivo principal y casi único, es salvaguardar el acuífero y contribuir a su recuperación más allá de depender de un año especialmente benigno en cuanto a las precipitaciones que han impedido, al menos por este verano, la desecación de grandes superficies que en los últimos años repetían su aspecto alejado del vergel que solía ser Doñana. Para ello se han dado pasos encaminados a recuperar las aportaciones a los principales sistema lagunares, así como evitar que se sigan extrayendo importantes cantidades de agua del acuífero, especialmente intensos en los meses que menos recursos tiene. La restauración del arroyo de El Partido, uno de los principales afluentes de la marisma de La Rocina, está encaminada a ello; la de la finca Los Mimbrales parece un espejo en el que poder mirar lo que se pretende conseguir en toda la extensión del Parque Nacional.