Las licencias investigadas en Almogía se concedieron a concejales y funcionarios

Las ocho licencias de obras presumiblemente ilegales que han dado lugar a la causa judicial por delitos contra la ordenación del territorio en Almogía fueron concedidas a concejales y ex concejales del Ayuntamiento, a funcionarios o a familiares. La juez investiga los permisos que se concedieron en 2005 al secretario municipal, Antonio A., y a su hermano para que levantaran en una parcela de 8.000 metros dos viviendas.

Además, el primer teniente de alcalde del municipio, José María Luque, imputado en prevaricación urbanística y tráfico de influencias, también es titular de otra licencia, mientras que la esposa de uno de los agentes de la Policía Local solicitó otros dos permisos de obras. Finalmente dos licencias más se otorgaron al marido de una funcionaria del Ayuntamiento y otra se concedió a un ex concejal del municipio.

La magistrada ha confirmado durante el pasado martes y miércoles las imputaciones iniciales que realizó la Guardia Civil a 11 de las 12 personas investigadas. Al alcalde del municipio, Cristóbal Torreblanca, se le atribuyen los presuntos delitos de falsedad documental y prevaricación, y al tercer teniente de alcalde, Juan López, prevaricación. El secretario está imputado en un delito contra la ordenación del territorio, negociaciones prohibidas a funcionarios públicos, prevaricación y falsedad documental, mientras que a los tres agentes de la Policía Local se les achaca falsedad documental, aunque al cónyuge de la titular de dos licencias también se le imputan también negociaciones prohibidas a funcionarios.

Por otra parte, la determinación de la dirección provincial del PSOE de Málaga de crear un comité de juristas para asesorar a sus alcaldes en la provincia, especialmente a aquellos implicados en presuntas irregularidades urbanísticas, recibe las primeras críticas. En esta línea se pronunció ayer el secretario general del PP, Francisco Salado, para el que con la creación de este grupo, los socialistas tratan de "suplantar los controles jurídicos de los ayuntamientos", entre los que citó los secretarios municipales y los interventores.

"Los alcaldes ya tienen sus asesores jurídicos y no deberían tener ningún problema en ese sentido", expuso el dirigente popular, para el que todo indica que las figuras tanto del secretario como del interventor en los consistorios "son un estorbo para el PSOE, que necesita de una segunda vía y por eso tienen que crear ese cuerpo especial". "Es un despropósito", apostilló.

Lejos de la crítica del PP, algunos juristas dan su visto bueno a la medida planteada por el PSOE. Manuel Camas, decano del Colegio de Abogados y reconocido militante socialista, consideró como razonable que cualquier partido quiera tener "el mejor asesoramiento posible". "Siempre es correcto tener buenos equipos de abogados para hacer planteamientos concretos", añadió.