La Junta crea un grupo de funcionarios para atender los servicios saturados

El Consejo de Gobierno ha ratificado el acuerdo alcanzado con los sindicatos de los funcionarios andaluces en la Mesa General de Negociación común del personal funcionario, estatutario y laboral de la Administración de la Junta de Andalucía el pasado 12 de noviembre. Así lo ha comunicado este miércoles el consejero de Función Pública, José Antonio Nieto, quien ha detallado que este acuerdo estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2030 y que tendrá un coste para las arcas públicas de 250 millones de euros, "y que es el primero al que se llega en la Mesa General desde su creación".

Hay varios aspectos a destacar de este acuerdo que desarrolla la Ley de Función Pública de Andalucía, "un gran acuerdo institucional, alcanzado desde el consenso y la apuesta común por el futuro, que permite consolidar y acelerar la modernización de la Administración pública andaluza y la construcción de un modelo de gestión más eficaz, ágil y orientado a la ciudadanía", en palabras del consejero.

Una de las principales novedades de este acuerdo es la creación de unidades administrativas compartidas que permitan la ejecución de proyectos estratégicos así como atender necesidades coyunturales o temporales, es decir, que habrá grupos de funcionarios que se destinarán a atender los servicios que estén saturados. Otra de las claves es la reducción de la temporalidad del personal al servicio de la Junta. La Unión Europea lleva años alertando de esta mala práctica a España y el acuerdo ratificado este miércoles por el Consejo de Gobierno trata de resolver esa situación.

Jubilaciones

El objetivo es reducir la temporalidad estructural situándola por debajo del 8% mediante una programación plurianual de ofertas de empleo público, un modelo estable de cobertura de vacantes y mecanismos de control que eviten el abuso de la duración temporal de los contratos y nombramientos. En este sentido, se pretende adelantarse a la cobertura de las plazas que se van a ir quedando libres en los próximos años por la jubilación del personal, con el fin de que no se tengan que cubrir por interinos de manera habitual, como venía sucediendo hasta ahora.

Asimismo, el acuerdo prevé desarrollar una nueva reorganización de los recursos técnicos y sanitarios de prevención de riesgos y salud laborales, mediante la reconfiguración del Servicio de Prevención Propio, que facilite la integración real y efectiva de la prevención en la Administración Pública andaluza, la adecuada distribución y dimensionamiento de recursos preventivos y la implicación del personal directivo.

El acuerdo supone "un punto de inflexión en la transformación de la Administración andaluza", sino que sienta las bases para recuperar la senda de la negociación colectiva de carácter general, que periódicamente establezca compromisos entre la administración y los representantes de los trabajadores para avanzar en la mejora de las condiciones de trabajo y en la prestación de los servicios públicos en la Administración General de la Junta de Andalucía. Su aplicación será para todo el personal funcionario y laboral de la Administración General, de las entidades instrumentales del sector público andaluz y al personal de la Administración de Justicia cuando se establezca expresamente.

La carrera profesional y los sueldos

El nuevo marco impulsa la implantación real de la carrera profesional y del sistema de evaluación del desempeño, un instrumento objetivo y transparente que permitirá reconocer el mérito, la dedicación y la excelencia de quienes trabajan al servicio de la Administración andaluza. En este sentido, el acuerdo de la Mesa Sectorial de Negociación de la Administración General de 10 noviembre, carrera horizontal, evaluación del desempeño y equiparación retributiva del personal funcionario de carrera, que también tendrá que ser ratificado por el Consejo de Gobierno, supondrá la base para el futuro decreto por el que se regularán todos estos conceptos.

Además, el acuerdo moderniza en profundidad el sistema retributivo mediante la progresiva sustitución del complemento específico por un nuevo complemento de puesto, más claro, homogéneo y vinculado a los criterios de responsabilidad, dedicación y dificultad técnica, poniendo fin a desigualdades históricas y reforzando la coherencia interna del modelo. Incluye también el compromiso de culminar el VII Convenio Colectivo, firmado en 2002, para dotar al personal laboral de un marco actualizado que incorpore los requisitos de la nueva Ley de Función Pública y refuerce ámbitos esenciales como la igualdad, la salud laboral, la corresponsabilidad o el desarrollo profesional.

José Antonio Nieto ha agradecido a los sindicatos su "lealtad, compromiso y discreción, además de su voluntad, a pesar de momentos delicados, para mantener la negociación abierta".