Juicio de los ERE

Un ex jefe jurídico de IDEA dice que "en absoluto" había sospecha de ilegalidad en las ayudas

  • El testigo destaca que IDEA "poco podía hacer" en relación con los convenios salvo comprobar que el acuerdo estuviera "bien redactado"

  • Asegura que el informe de la Intervención de 2003 no requería ninguna actuación de la agencia

José Antonio Ávila, durante su declaración. José Antonio Ávila, durante su declaración.

José Antonio Ávila, durante su declaración. / EFE

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El que fuera jefe de la asesoría jurídica de IDEA entre los años 2004 y 2009 José Antonio Ávila Quintana ha asegurado este lunes en el juicio por el denominado “procedimiento específico” de los ERE que el informe adicional de la Intervención General de la Junta del año 2003 no requería ninguna actuación por parte de la agencia, y ha añadido que “en absoluto” había sospecha de ilegalidad en relación con el pago de las ayudas concedidas por Empleo.

José Antonio Ávila, que está declarando como testigo en la 48 sesión del juicio contra los 22 ex altos cargos de la Junta que están procesados por delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, ha explicado que tenían la “presunción de legalidad” en relación con el pago de las ayudas, por cuanto creían “firmemente” que era “lícito y legal”, porque no tenían “por qué pensar que estaba irregularmente adoptado” el sistema. Y ha añadido que, en el caso contrario, de haber albergado alguna sospecha de irregularidad o ilegalidad, lo habrían puesto de manifiesto. "Presumíamos que era legales los actos administrativos dictados por la Consejería de Empleo", ha sentenciado.

Sobre el informe adicional de la Intervención del año 2003, que fue hecho público en 2005 lo conoció con posterioridad y ha subrayado con respecto a los reparos que recogía sobre el sistema por el que se pagaban las ayudas sociolaborales y a empresas que concedía la Consejería de Empleo a través del IFA, que la “agencia no tenía nada que hacer” a la vista de ese dictamen.

El testigo ha añadido, a preguntas del fiscal delegado de Anticorrupción Juan Enrique Egocheaga, que “no hubo ningún cambio” en la rutina de la asesoría jurídica tras ese informe de la Intervención General de la Junta.

El ex jefe de la asesoría jurídica de IDEA, que actualmente sigue trabajando en la agencia, ha dicho que su departamento atendía “muchas consultas” de la secretaría general y del personal de la agencia, pero estas consultas no se hacían por escrito, por lo que no había “redacción de informes jurídicos”.

El testigo ha reconocido que conocía el convenio marco de 17 de julio de 2001 por el que se concedían las ayudas y los convenios particulares, de los que analizaban sus “aspectos formales”, para que no faltara ninguna estipulación por un olvido, y también analizaban de esas “dos hojas” que tenía el convenio si era competencia de la dirección general la firma o debía de pasar por el Consejo Rector de la agencia IDEA en función de la cuantía de la ayuda.

El testigo ha aclarado que las ayudas sociolaborales se entendían como ayudas “individuales” para cada trabajador, por lo que si éstas no superaban individualmente los 450.000 euros, la competencia era de la dirección general y no tenían que ser aprobadas por el Consejo Rector.

A los convenios, ha precisado, se adjuntaba el listado de los trabajadores que iban a percibir las ayudas y la cuantía de las mismas. Al testigo no le llamó la atención que muchas de las ayudas rondaran “siempre la competencia máxima” de 1,2 millones –si la superaban tendrían que ser aprobadas por el Consejo de Gobierno de la Junta-, y el fiscal le ha expuesto que a veces no llegaban a esa cuantía sólo por unos euros.

El testigo también ha señalado que el entonces director del IFA/IDEA Miguel Ángel Serrano Aguilar, uno de los 22 ex altos cargos acusado, se planteó que el sistema de pago por parte de la agencia de las ayudas tramitadas por Empleo no continuara, “aprovechando el cambio” de la adscripción del IFA de la Consejería de Empleo a la de Innovación, y que de ese pago se encargara un organismo de Empleo. Así, ha dicho que no tenía constancia de que Serrano Aguilar llegara un momento en que no quiso firmar más convenio, pero sí ha dicho que éste tenía la “inquietud” de pensar que debían “abonar por un ente instrumental de Empleo”.

Según el ex directivo de IDEA, el director de la agencia estaba "obligado" a autorizar los pagos de las ayudas por el propio convenio marco y por los convenios particulares que se suscribían, y ha señalado que como el convenio lo que contenía era una orden de pago de las ayudas "no se creó ninguna comisión de seguimiento porque no había nada que seguir", en relación con la actuación que tenía encomendada la agencia con las ayudas.

El presidente del tribunal, el magistrado Juan Antonio Calle Peña, ha preguntado al testigo sobre la finalidad que tenía examinar los convenios si el IFA/IDEA se limitaba a ejecutar esa orden de pago, a lo que el ex jefe de la asesoría jurídica ha respondido que "poco podían hacer" salvo comprobar que el convenio llevara "un acuerdo bien redactado" y dar forma en función de cómo venía redactado el convenio. También ha afirmado que como no se solicitaba asistencia técnica para esos convenios -ha asegurado que "nunca" se pidió para ninguno-, "no se podía crear la comisión de seguimiento" a la que se refería el convenio marco.

José Antonio Ávila ha afirmado que no conocía las transferencias de financiación ni la partida 31L por la que se otorgaban las ayudas, y ha señalado que la asesoría jurídica de IDEA no tenía relación con el gabinete jurídico de la Junta porque, ha continuado, "no podían pedir informes" al gabinete jurídico y en este sentido ha expresado que ojalá hubieran dispuesto de un convenio para poder haber solicitado ese asesoramiento que podría haberles tranquilizado en muchas operaciones, ha recalcado.

El testigo ha respondido a muchas preguntas diciendo que “no recordaba”, lo que ha llevado en un momento del interrogatorio al fiscal a ironizar cuando le ha preguntado por una ayuda concreta a la empresa A Novo Comlink de 3,8 millones de euros, y le ha dicho lo siguiente: “¿Recuerda usted este episodio concreto? Imagino que no”.

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