La ministra de Vivienda recrimina a la Junta de Andalucía no ayudar a combatir la vivienda turística ilegal

La consejera de Fomento dice estar trabajando con los ayuntamientos para ordenar los alojamientos para forasteros

El Gobierno señala a Sevilla como la localidad de España con más pisos turísticos ilegales

Calles del centro de Cádiz llenas de turistas.
Calles del centro de Cádiz llenas de turistas. / Julio González

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha lamentado que algunas comunidades autónomas y ayuntamientos no estén ayudando al Gobierno central a aplicar una normativa que luche contra los pisos turísticos ilegales y ha puesto el ejemplo de Andalucía, una administración que incluso ha recurrido la nueva normativa del Ejecutivo para regular la vivienda de corta duración.

"Ni las propias plataformas, para las que podría surgir un perjuicio, han recurrido esta medida", ha lamentado Rodríguez en una entrevista en Antena 3 recogida por Europa Press, en la que ha recordado que la comunidad autónoma presidida por Juanma Moreno es la que mayor número de viviendas turísticas ilegales tiene actualmente.

Para Rodríguez, el "principal partido" de la oposición -en referencia al PP- "no se está enterando" de las perturbaciones que hay en el mercado del alquiler, una realidad que, recuerda, ha reconocido hasta la presidenta de la Comisión Europea. La ministra se ha referido a las comunidades autónomas gobernadas por el PP que ha rechazado aplicar la Ley estatal de Vivienda.

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha notificado los pisos turísticos ilegales a plataformas digitales para que retiren los anuncios de estos alojamientos, que solicitaron el número de registro obligatorio desde el pasado 1 de julio, pero que no lo han obtenido porque no cumplen los requisitos legales. Las distintas plataformas deberán proceder ahora a la retirada de los anuncios de estos inmuebles, que se pueden estar comercializando en varias de ellas a la vez.

El objetivo del Gobierno es que estas viviendas se puedan incorporar al mercado de alquiler residencial: "Cada piso turístico ilegal es una familia expulsada de su barrio, es un joven que no se puede emancipar y frente a eso tenemos que trabajar todas las administraciones públicas", ha concluido Isabel Rodríguez.

El coordinador general de IU Andalucía y diputado en el Congreso, Toni Valero, ha instado al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, a que "tome nota" y cumpla con la Ley de Vivienda para regular el precio del alquiler en la comunidad autónoma". Así, en rueda de prensa ha destacado que "mientras la mayoría social, familias trabajadoras y jóvenes ven frustrados sus proyectos de emancipación y se ven asfixiados, grandes empresas están actuando de manera pirata en el mercado inmobiliario y vulnerando el derecho de acceso a una vivienda".

En rueda de prensa en Málaga, Valero ha celebrado que "el Gobierno de coalición intervenga cuando vemos que la Junta de Andalucía está de brazos cruzados. Y es que la Junta de Andalucía no ha intervenido ante un problema que se está dando en Andalucía y que se está extendiendo como una mancha de aceite, como una plaga, que son los pisos turísticos que los ayuntamientos del Partido Popular, con el señor Moreno Bonilla a la cabeza, han dejado que crezcan sin control".

Por su parte, la consejera andaluza de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, ha tachado de "electoralista" el anuncio hecho ayer domingo por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre la retirada de los pisos turísticos detectados como ilegales, y ha atribuido el problema de la vivienda a la Ley de Vivienda del Gobierno central.

Díaz ha manifestado este lunes en Granada a preguntas de los periodistas que en Andalucía que el Gobierno de la Junta está trabajando de la mano de los ayuntamientos para poner en orden las viviendas turísticas.

En su opinión, el problema de la vivienda en España lo ha generado la ley nacional, por lo que ha pedido su derogación "por el bien de todas las comunidades autónomas, de todos los españoles y de todos los andaluces", ha recogido Efe.

El Gobierno central recrimina a la Junta de Andalucía, como a casi todas las comunidades del PP, no haber aplicado la ley estatal, rechazando así las posibles consecuencias negativas a las que se refieren.

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