Solo un municipio andaluz a salvo: decenas de ciudades costeras estancadas ante el riesgo de maremotos

San Roque rompe la tendencia en la implementación de planes locales ante maremotos en las costas del sur de España: es el único municipio que, a fecha de mayo de 2025, dispone ya de un protocolo oficial plenamente homologado. El resto de más de sesenta ayuntamientos andaluces obligados a tener este plan sigue en diferentes fases de borrador, consultas técnicas o trabajos previos, sin ese paso esencial que convierte el documento en una hoja de ruta con validez en caso de emergencia.

Este dato, procedente del registro actualizado de la Junta de Andalucía, refleja con claridad el desfase entre la normativa publicada en 2023 y su ejecución real a nivel local. Solo el municipio de San Roque (Cádiz) ha culminado en mayo de 2025 el proceso de homologación administrativa, requisito indispensable para activar recursos, sirenas, rutas de evacuación y coordinación de alertas con Protección Civil y los sistemas estatales de aviso.

En contraste, el resto del litoral andaluz sigue a la espera. Los municipios costeros de provincias como Cádiz, Málaga, Huelva, Granada y Almería, incluidos grandes núcleos como Málaga, Cádiz o Almería capital, siguen sin disponer de planes oficialmente reconocidos, pese a formar parte de la lista prioritaria por su exposición directa al Atlántico y Mediterráneo y su concentración demográfica.

Resumen de la situación en 2025

Desde la aprobación del Plan de Emergencia ante el Riesgo de Maremotos en Andalucía en 2023, las expectativas sobre una rápida implantación local no se han cumplido. La normativa regional establecía la obligación de que los municipios más expuestos desarrollaran un anexo específico y adaptado a su realidad territorial. Sin embargo, a mediados de 2025, solo una localidad —San Roque— ha realizado el tránsito completo desde el borrador técnico hasta la homologación plena, según los registros públicos y los datos obtenidos de la propia Junta de Andalucía el 7 de mayo de 2025.

La diferencia no es menor: sin homologación, el plan local es papel mojado. Legal y administrativamente, hasta superar ese filtro no tiene efectos prácticos. No sirve para desplegar de forma integrada señalización, sistemas de alerta auditiva, puntos de encuentro seguros ni protocolos secuenciados de evacuación. Tampoco permite activar la coordinación con la red nacional Es-Alert, que centraliza el envío de avisos inmediatos vía móvil y otros canales públicos.

Municipios afectados y obligaciones

La lista de afectados es amplia. El Plan autonómico de 2023 identifica a casi 65 municipios del litoral andaluz, desde la Costa de la Luz (Cádiz y Huelva) hasta la Costa del Sol (Málaga) y las zonas orientales de Granada y Almería. Entre ellos figuran destinos turísticos de relevancia internacional —como Marbella, Torremolinos, Chiclana, Roquetas de Mar o Motril— y capitales como Málaga, Cádiz, Almería y Huelva, todas ellas expuestas tanto a riesgos geológicos como a la densidad estacional vinculada al turismo.

A pesar de esta dispersión geográfica y demográfica, la resaca de inacción es común. Muchos consistorios han encargado estudios previos o trabajado en creatividad informativa, pero el verdadero indicador de implantación sigue siendo la homologación: ese trámite fija derechos y obligaciones, desbloquea fondos y asegura la integración de las rutas de evacuación y alarmas.

Medidas que implica el plan local

Más allá del marco teórico, el plan local convertía en realidad cuestiones tangibles: carteles de rutas de huida en calles y playas, señalización de puntos elevados o zonas de refugio, simulacros periódicos, coordinación de policía local y protección civil, e instalación de sirenas en áreas claves. También integraba la formación específica de personal municipal y la actualización periódica de los recursos y medios de rescate.

Del mismo modo, a nivel ciudadano, la homologación permitía incluir al municipio en la infraestructura nacional de avisos, clave para segundos críticos ante el avance inesperado del mar tras un sismo o un maremoto. Sin este plan operativo, muchas actuaciones —por importantes que puedan parecer— quedan como iniciativas aisladas y sin respaldo formal ni continuidad a largo plazo.

Razones del retraso

Varios expertos en Protección Civil, consultados a mediados de 2025 para este reportaje, confirman que la diferencia entre intención y ejecución radica en la complejidad técnica y presupuestaria: "Los ayuntamientos necesitan recursos, asesoramiento y protocolos claros para pasar del papel a la acción". Algunos municipios han organizado simulacros, pero falta la integración real de todas las medidas necesarias, que solo asegura la homologación final.

Esta diferencia es clave, sobre todo ante escenarios de imprevisibilidad como los maremotos: la evacuación suele exigir minutos de reacción y la coordinación total de equipos, vecinos y servicios de emergencia. De ahí que la homologación sea más que un simple sello administrativo: materializa una diferencia potencialmente vital.