La proposición de ley que Adelante Andalucía tiene previsto llevar hasta el Congreso de los Diputados para que sea el Gobierno central quien financie la gratuidad de las gafas y lentillas, se ha registrado esta mañana en el Parlamento andaluz para su inclusión en el debate presumiblemente a finales de febrero o comienzos de marzo. Según el articulado de la misma a la que ha tenido acceso este periódico, dicha gratuidad será para todos los menores de edad y para los adultos según un nivel de renta que será determinado durante su tramitación.

Este último aspecto viene recogido en el segundo de los apartados, que dice textualmente que se crea un punto en la cartera de servicios del Servicio Andaluz de Salud que establece que "esta prestación (la gratuidad de gafas y lentillas) será totalmente gratuita para personas menores de edad y se deberá establecer un sistema para que las personas adultas paguen aportaciones en función de su poder adquisitivo".

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha señalado después del registro de la proposición que la iniciativa pretende que "se garantice la prestación del derecho a la salud visual, independientemente de sus condiciones económicas", por lo que se ha elegido la fórmula prevista en el propio Reglamento de la Cámara autonómico de llevarlo al Congreso de los Diputados, con lo que "será de obligado cumplimiento en todas las comunidades autónomas". Se trata, según Adelante que las gafas estén "a la misma altura que los fármacos o los productos ortoprotésicos".

Desde la formación se espera que la proposición se apruebe "por consenso, toda vez que se trata de una cuestión de sentido común", por lo que "creemos que el resto de partidos serán sensibles a algo que implica a millones de personas. Establece un derecho universal para todo el mundo".

A falta de concretar el montante económico que acompañará a la medida y que será a cargo de los Presupuestos Generales del Estado, García ha señalado que "es más barato de lo que esperábamos". Para justificar esa medida ha expuesto además datos como que "un millón de andaluces tiene problemas económicos para poder costearse las gafas" o que "el 20% de los que las utilizan no de las cambia en cinco años". Hay que tener en cuenta que "el 54,89% de la población andaluza necesita gafas, siete puntos menos que la media estatal, por lo que cabe pensar que no es que tengamos una mejor salud que el resto, sino que existe un sesgo de pobreza visual que debemos atajar".

Desde Adelante, también se quisieron extraer consecuencias políticas y su portavoz ha señalado que "es una buena demostración que desde Andalucía se pueden conseguir avances importantes para toda la sociedad", lejos del ruido y la confrontación que parecen acompañar a las escuchadas en otras comunidades autónomas.

Tal y como adelantó este periódico la proposición se sustenta en el hecho de que "el coste medio de unas gafas oscila entre los 150 y los 400 euros" por lo que se trata de "una cuestión de salud, no un artículo de lujo; ver bien no debe ser un privilegio de clase". 

La manera de presentación pasa por hacer efectivo el artículo 172 del Reglamento del Parlamento de Andalucía, que faculta a la Cámara el poder acudir al Congreso de los Diputados para la defensa de una proposición de ley, camino elegido en este caso. Al parecer, los populares, cuyos votos son imprescindibles para que salga aprobada la misma, se muestran favorables a la misma, que se llevará en breve para su aprobación.

Adelante había presentado la propuesta al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en el transcurso de los encuentros que éste mantuvo al inicio de este periodo de sesiones a comienzos del pasado mes de septiembre. Posteriormente, se reunió con el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, para valorar la posibilidad de ampliar la cartera de prestaciones del Servicio Andaluz de Salud.

El Legislativo andaluz deberá designar, según su Reglamento, a un máximo de tres representantes para la defensa de la proposición en el Congreso de los Diputados. Todo hace prever que será el propio José Ignacio García quien lo haga. Otras de las posibilidades que se abren con esta iniciativa, es que la misma pueda ser adoptada por el resto de comunidades autónomas, no sólo la andaluza.