Quién quema el monte

El 28 de enero de 2010 la fiscalía no pudo probar que Emilio Perdigón, un pobre diablo con antecedentes penales menores que vivía de las ayudas públicas y que contaba con un buen abogado, había incendiado el 27 de julio de 2004 dos contenedores en las afueras de Ríotinto que fueron el origen del más devastador incendio del siglo en Andalucía, calcinando 30.000 hectáreas y causando la muerte de un matrimonio sevillano que se vio atrapado en su coche en el infierno. Encinas y alcornoques ardieron como la yesca y se vieron afectados trece municipios de Sevilla y Huelva. Perdigón fue absuelto por falta de pruebas. Como en la inmensa mayoría de los casos, el crimen quedó sin castigo. ¿Fue o no fue Perdigón? La sentencia decía que, desde luego, había indicios, pero... Es difícil demostrar quién quema el monte.

Extinguir las llamas costó dos millones de euros y luego la Junta invirtió 70 millones en la repoblación de la zona sin éxito. Admitió que el paisaje no regresaría hasta dentro de 80 años. Berrocal, el pueblo más dañado -se quemó el 50% de su término-, perdió para siempre 600.000 kilos anuales de corcho, un 70% de su producción. La Plataforma Fuegos Nunca Más, creada tras la catástrofe, denunció años después que buena parte de la superficie quemada estaba siendo utilizada por la compañía Riotinto Fruits para plantar naranjos y que la Empresa Nacional de Celulosa (ENCE) estaba aprovechando el terreno devastado para plantar eucaliptos en vez de especies autóctonas.

Sierra Bermeja

El incendio de Ríotinto es uno de los pocos grandes incendios forestales, aquellos que calcinan más de 500 hectáreas, de este siglo en Andalucía. El de esta semana en Tarifa, que ha creado alarma social, no es un gran incendio forestal porque sólo alcanzó 300 hectáreas, pero lo hizo junto a una zona sobrepoblada en agosto como es uno de los lugares de veraneo de moda, Zahara de los Atunes. Sí lo fueron los de Sierra Bermeja en septiembre de 2021 y junio de 2022, donde ardieron entre los dos 12.000 hectáreas. Por primera vez se produjo en Andalucía lo que se conoce como un incendio de sexta generación y que los expertos asocian al cambio climático: 30/30/30, menos de un 30% de humedad, más de 30 grados y vientos de más de 30 kilómetros ahora. Un cóctel explosivo, una tormenta de fuego que en Australia ha arrasado 11 millones de hectáreas y provocado tres decenas de muertes en enero de 2020.

En ambos casos, en Tarifa y Sierra Bermeja, hubo que desalojar urbanizaciones porque el monte quiso tomar el monte arrebatado. Sierra Bermeja es el cordón montañoso que domina la Costa del Sol. Entre 1966 y 1985 se contabilizaron 18 incendios de grandes proporciones. Hoy casi todo aquello es territorio construido. La Junta quiso ponerle coto. Sabía lo que estaba pasando. Ahora, sospechosamente, en la provincia de Cádiz son San Roque y Tarifa los municipios que desde hace dos décadas lideran anualmente el número de fuegos.

Aquellos incendios de Sierra Bermeja fueron el origen del Infoca. La Junta encargó al ingeniero de montes jerezano Francisco Salas que se rodeara de un equipo de expertos y creara un sistema de prevención y extinción en una época que, como él ha recordado, “los fuegos se apagaban con un equipo coordinando debajo de una higuera. Tuvimos que hacer comprender que no es lo mismo apagar un fuego en una casa que extinguir un incendio forestal”. El impacto del Infoca en Andalucía, un plan pionero que ni existía y que sigue sin existir en muchos sitios de España, fue inmediato. Los grandes incendios forestales se convirtieron en algo extraño en la comunidad.

El Infoca

Eso no quiere decir que no haya fuegos. Cada año se declaran en la región entre 500 y 600. Antonio Sanz, viceconsejero de la Junta y responsable de Emergencias, es uno de los pocos altos dirigentes del PP con sensibilidad sobre la materia por sus muchos años como voluntario de Cruz Roja. Por eso Feijoo, tras la desastrosa gestión de Carlos Mazón en la mortal Dana de Valencia del pasado octubre, le nombró coordinador nacional de emergencias del partido, lo que viene a ser que le explique a sus compañeros de Castilla y León y Galicia cómo evitar lo que están viviendo estos días con fuegos absolutamente descontrolados. La imagen del PP, que gobierna en la mayor parte de las comunidades, se deteriora en su capacidad para gestionar catástrofes.

Actuamos de modo inminente sobre los incendios y con el mayor número de medios posibles"

Sanz explica que en Andalucía “actuamos de modo inminente sobre los incendios y con el mayor número de medios posibles. Si en el inicio del incendio contemos con 14 o 15 medios aéreos conseguimos que el incendio se quede en conato o que el gran incendio se quede sólo en incendio. Pero esto no exime de que Andalucía esté abocada a un gran incendio”.

Castilla y León y Galicia, donde suman el 63% de las hectáreas arrasadas deliberadamente en España en los últimos 40 años, concentran el mayor número de incendios intencionados del país. Mientras que en Andalucía del más de medio millar de fuegos que se declaran a lo largo del año sólo un 30% son intencionados, en las dos comunidades del norte superan el 80%. Y las estadísticas que maneja el Ministerio de Agricultura, donde se desglosan los incendios por la intención de sus autores, muestran que los pirómanos no son los principales culpables. No llegan al 8%. Han desaparecido también otras motivaciones que hace décadas eran causa de incendios en Andalucía. Por ejemplo, obtener salarios con la extinción, bajar el precio de la madera o resentimiento por expropiaciones están sólo unos pocos escalones residuales por encima de los ritos satánicos, todos por debajo del 1%. La verdadera causa, en más de un 60% de los casos, es o bien la quema agrícola ilegal o el incendio de monte para que el terreno se convierta en pasto para el ganado. Sólo el predicamento que la derecha tiene con estos sectores primarios puede explicar -y cuesta creerlo- el absoluto desdén que Castilla y León y Galicia muestran por crear cuerpos profesionalizados de emergencia y extinción a pesar de que año tras año sucede lo mismo y salen a la luz las carencias con las que bomberos a tiempo parcial y con sueldos miserables se juegan la vida para combatir las llamas.

Andalucía quiere marcar el paso. Con 4.700 efectivos y 41 medios aéreos, es la comunidad más dotada para combatir los incendios. El gobierno de Moreno Bonilla ha sacado 371 plazas para bomberos que prolongan sus contratos con el Infoca desde marzo hasta diciembre. Además ha desgajado de la Agencia de Medio Ambiente y Agua una agencia específica para emergencias, la EMA, con un presupuesto de 270 millones de euros. Una de las primeras medidas de su compañero Mazón en Valencia, dentro de un acuerdo de gobierno con Vox, fue precisamente suprimir la Unidad Valenciana de Emergencias, creada por el anterior gobierno autónomo. Su ahorro fue de nueve millones de euros.

Pero no están todos satisfechos con la política de emergencias de la Junta. Raúl Mena, representante sindical de CCOO en la agencia de emergencias andaluza, ya alertó a principios de junio de que nos enfrentábamos a “un verano de altísimo riesgo”. No había que ser un experto para sospecharlo. Una primavera muy lluviosa había incrementado la carga vegetal de los montes y, a continuación, mayo entregó su carta de presentación con unas altísimas temperaturas que presagiaban el que está siendo el agosto más caluroso desde que existen registros. Una bomba de relojería que ahora está dando la cara y que sólo es un trailer de lo que se nos viene encima. Como ha dicho Cristi Proistosescu, profesor de Dinámicas Climáticas en la Universidad de Illinois, en un popular tuit: "No lo vean como el agosto más cálido del siglo. Véanlo como uno de los agostos más frescos de los próximos años". Para Mena, en esta campaña en Andalucía hubo retraso en la contratación de personal, lo que afectó a la coordinación. Tampoco se explican dónde han ido los 270 millones, si los equipos de protección son escasos, las torres de vigilancia no han tenido mantenimiento o los nuevos vehículos no pueden llegar a los focos de los fuegos. “Estamos viviendo situaciones en el Infoca nunca vistas en 30 años”, han denunciado.