Los rectores advierten que la nueva Ley Universitaria de Andalucía bordea la inconstitucionalidad

Los rectores del sistema universitario público andaluz han lanzado una seria advertencia sobre la nueva Ley Universitaria Para Andalucía (LUPA), actualmente en trámite parlamentario. Francisco Oliva, presidente de la Asociación de Universidades Públicas de Andalucía (AUPA), ha manifestado que el texto legislativo se encuentra "en el límite de la inconstitucionalidad" y que la "bordea en algunos artículos". La polémica normativa, que según los rectores supone "una injerencia política" en la autonomía universitaria, ha recibido sin embargo el respaldo del grupo parlamentario del PP, que defiende su legalidad citando los informes jurídicos favorables de la Junta de Andalucía y el aval del Consejo Consultivo.

Durante su comparecencia en la comisión parlamentaria sobre la LUPA, Oliva, quien también es rector de la Universidad Pablo de Olavide, ha expresado su preocupación al constatar que el texto actual "difiere en aspectos sustantivos" respecto al que los rectores analizaron y aprobaron hace un año. Los dirigentes universitarios consideran que la ley actual invade "la autonomía universitaria consagrada en la Constitución" y vulnera artículos específicos de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), aunque han aclarado que "no lo vamos a poder recurrir pero teníamos que decirlo".

El presidente de la AUPA ha reclamado con firmeza "financiación para hacerla realidad", especialmente para implementar requisitos como la acreditación de un nivel B2 de idiomas, que necesitaría de "un programa muy potente de becas". Asimismo, ha criticado la "flagrante restricción" que la ley impone a las universidades en su organización interna, particularmente en materia de contratación, con medidas como la revisión semestral del personal sustituto, lo que califican de "injerencia injustificada".

Entre los aspectos más controvertidos que han señalado los rectores se encuentran las nuevas figuras contractuales. Oliva ha argumentado que "las modalidades" ya están contempladas en la LOSU, por lo que categorías como la del "profesor singular invitado" deberían suprimirse "porque no añade nada especial" a lo existente. Sobre el profesor emérito, ha recordado que la LOSU establece que los requisitos los fija cada universidad, calificando lo dispuesto en la LUPA como "un error técnico de competencias".

Otra disposición que ha generado especial inquietud es la necesidad de que la oferta de plazas de profesorado sea aprobada por la Junta de Andalucía, cuando "la LOSU es clara: es competencia de las universidades". Los rectores también reclaman que se especifique que las becas de internacionalización serán "exclusivamente para los estudiantes de la pública" y consideran "excesivo" el nombramiento por parte de la Junta de nueve miembros para el Consejo Social, lo que "puede comprometer la independencia del órgano".

Un punto especialmente polémico es la obligatoriedad de contar con un interventor externo en cada universidad, algo que hace un año se había planteado como facultativo. "No sabemos a qué obedece este enigmático cambio. No comprendemos su inclusión", ha manifestado Oliva, recordando que "todos los años nos fiscaliza la Cámara de Cuentas" y que "no hay institución más vigilada y fiscalizada que las universidades". Los rectores advierten que esta medida "carece de sentido y va a burocratizar y ralentizar aún más la gestión".

Ante estas críticas, el parlamentario popular José Carlos García ha defendido la legalidad de la norma, recordando que cuenta con el aval de los servicios jurídicos autonómicos y del Consejo Consultivo. Respecto a la figura del interventor, ha justificado su inclusión "ante lo que ha pasado en la Universidad de Málaga", añadiendo que "cuatro ojos ven más que dos", en clara referencia a la necesidad de mayor control en la gestión universitaria.

Por su parte, la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía mantiene que la LUPA "actualiza el sistema universitario con una Ley moderna, útil y pensada para los próximos 15 años" y que sitúa "a las universidades en una nueva etapa de autonomía, calidad y proyección internacional". El departamento autonómico destaca que se trata de "una ley para atraer y retener talento, impulsar la innovación y reforzar los derechos del estudiantado", subrayando que "el sistema universitario andaluz necesitaba una actualización profunda".

Financiación

Un aspecto que la Consejería destaca como positivo es que la LUPA "consagra" el modelo de financiación 2023-2027 acordado con las universidades públicas. Este plan "por primera vez, establece una senda de crecimiento sostenido con el objetivo de alcanzar el 1% del PIB andaluz para la universidad pública", según fuentes de la administración autonómica.

La Junta considera que con este modelo se da "respuesta a una demanda histórica de las universidades públicas andaluzas, saldando una deuda que lastraba la excelencia del sistema universitario y permitiéndoles por primera vez planificar sus inversiones con cargo a los remanentes no afectados". Sin embargo, este aspecto positivo no parece suficiente para los rectores, que mantienen sus críticas fundamentales a la autonomía universitaria.