La juez Mercedes Alaya ha impuesto una fianza civil de 722.393 euros a dos sindicalistas de UGT y CCOO que fueron detenidos en el marco de la operación Heracles II y ha declarado la responsabilidad civil subsidiaria de ambas organizaciones sindicales, que deberán hacerse cargo de ellas en el caso de no ser abonadas por los propios imputados. En concreto, Alaya ha fijado una fianza civil de 251.041,37 euros para el secretario provincial de UGT en Cádiz, Salvador Mera, y de 471.352 euros para el secretario general de la Federación Minerometalúrgica de Andalucía de CCOO, Manuel Roberto Carmona Soto, puestos en libertad con cargos la madrugada del pasado viernes. En sendos nuevos autos, Alaya acuerda imponer esta fianza civil, que en el caso de Salvador Mera se corresponde con la comisión de 188.762,90 euros reclamada por el sindicalista a la consultora Uniter más el tercio legal correspondiente. Respecto a Roberto Carmona, la fianza civil impuesta se corresponde con los 354.400 euros abonados por Uniter a CCOO más la factura abonada al sindicato por el bufete Estudios Jurídicos Villasís, incrementado en el tercio correspondiente.

En las resoluciones, la juez explica que Salvador Mera y Roberto Carmona, en su condición de secretario general de UGT en Cádiz y de la Federación Minerometalúrgica de CCOO, respectivamente, se dirigieron en 2006 o 2007 al dueño de la consultora Uniter, José González Mata, para solicitarle que les hiciera entrega de "ciertas sumas de dinero a sabiendas que las comisiones de las mediadoras procedían de fondos públicos para paliar los gastos que habían tenido los sindicatos con motivo" del ERE en la Faja Pirítica onubense. Esos gastos, precisa, se corresponderían con "viajes, manifestaciones, concentraciones, asambleas, reuniones informativas y demás gastos de convocatoria, pero sin que ninguno de esos conceptos respondiera a gastos necesarios soportados realmente".