Dos de dos. La segunda pieza de la macrocausa de los ERE, relacionada con las ayudas de Surcolor, también será enjuiciada en la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla, que preside el magistrado Pedro Izquierdo, que ha sido recusado para enjuiciar la primera pieza, la del denominado “procedimiento específico” en la que están acusados los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán y otros 23 ex altos cargos. 

La causa fue remitida ayer a la Audiencia por la titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, una vez finalizada la investigación, por lo que entró en el turno de reparto de las causas de “especial complejidad”, que son aquellas que superan los 3.000 folios –sin contar los posibles anexos documentales- y tienen al menos ocho partes personadas, sin contar con la Fiscalía.

Una vez turnado el sumario, el enjuiciamiento ha recaído también en la Sección Primera de la Audiencia, que ya recibió el pasado 23 de febrero la causa de los ex presidentes, lo que motivó que las acusaciones que ejercen el sindicato Manos Limpias y el Partido Popular presentaran un incidente de recusación contra el magistrado Pedro Izquierdo –que fue además designado ponente en otro sorteo interno- al considerar que su imparcialidad puede verse afectada por los seis años en los que ocupó el cargo de secretario general para la Justicia (entre 2008 y 2014), donde coincidió con los ex presidentes Chaves y Griñán.

La recusación está pendiente de las actuaciones que pueda adoptar la magistrada Carmen Barrero, que ha sido designada instructora, después de que Pedro Izquierdo hiciera un informe en el que rechazaba la recusación al entender que no había causa para la misma, si bien puso de manifiesto la perturbación que se había producido con respecto al trabajo que debe desarrollar el tribunal.

En la causa de Surcolor-Surcolor Óptica figuran 16 acusados, entre ellos seis ex altos cargos de la Junta de Andalucía. La Fiscalía Anticorrupción reclama una condena de ocho años de prisión para el ex consejero de Empleo Antonio Fernández por un delito continuado de falsedad en documento oficial, mientras que al ex viceconsejero Agustín Barberá, el ex delegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas, el abogado Carlos Leal Bonmati, el conseguidor de los ERE Juan Lanzas y su testaferro les reclama otros ocho años de prisión a cada uno.

En el caso de los ex directores de Trabajo, Javier Guerrero se enfrenta también a ocho años de prisión por el ERE de Surcolor, mientras que a sus sucesores Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera se les piden seis años de cárcel a cada uno.

Para los responsables de Vitalia Antonio Albarracín y Jesús María Bordallo solicita ocho años de prisión para el primero y cuatro años para el segundo, mientras que los dos responsables de Surcolor y Surcolor Óptica –Antonio Manuel Bustamante y Manuel Rafael Castilla Bustamante- y un representante sindical se enfrentan cada uno a ocho años de prisión. Para los intrusos Juan Manuel López Espadas y José Antonio Márquez Sánchez, Anticorrupción pide cuatro años de cárcel para cada uno.

En cuanto a las indemnizaciones a la Junta, la Fiscalía pide por ejemplo que Antonio Fernández, Agustín Barberá y Antonio Rivas, solidariamente con otros acusados, abonen 817.393,23 euros. 

La acusación particular que ejerce el Partido Popular solicita las mismas penas que la Fiscalía, si bien añade un delito de asociación ilícita que imputa a todos los acusados.

La Fiscalía explica en su escrito de conclusiones provisionales que en el año 2005 las empresas Surcolor y Surcolor Óptica tenían 45 trabajadores e iniciaron en marzo un ERE para la extinción de la totalidad de los puestos de trabajo por causas económicas y cierre de la actividad, pero el ERE fue archivado al no subsanar los defectos detectados por la delegación provincial de Empleo. La empresa optó entonces por despidos individuales, que tuvieron lugar entre junio de 2006 y abril de 2007, y que afectaron a 24 trabajadores de ambas empresas y para el pago de las indemnizaciones se comprometieron a contratar una póliza de seguro.

Los responsables de la empresa, Antonio Manuel Bustamante León y Manuel Rafael Castilla Bustamante, presidente y consejero delegado de Surcolor, respectivamente, contactaron a principios de 2006 con el abogado Carlos Leal Bonmati de Estudios Jurídicos Villasís, así como con el conseguidor de los ERE Juan Lanzas, “como persona que le pudiera facilitar la búsqueda de fondos públicos de la Junta de Andalucía para atender los pagos que se derivarían de la extinción de los contratos laborales de la plantilla y que eran obligación de la empresa”, precisan los fiscales delegados de Anticorrupción Juan Enrique Egocheaga y Manuel Fernández Guerra.

Lanzas contactó a su vez con el delegado de Empleo Antonio Rivas y con el director general de Trabajo Javier Guerrero, facilitándole a este último los importes de las indemnizaciones por despido de los 24 trabajadores que se verían afectados por la extinción de los puestos. Sin embargo, Antonio Rivas, “instó” a los responsables de la mediadora Vitalia para que introdujeran a dos intrusos: Juan Manuel López Espadas -militante del PSOE y esposo de una concejal del PSOE del Ayuntamiento de Camas-  y José Antonio Márquez Sánchez –concuñado de Antonio Rivas-, los cuales “nunca habían formado parte de la plantilla de ninguna de las empresas”.

La Fiscalía sostiene que el ex consejero Antonio Fernández, el ex viceconsejero Agustín Barberá, así como Guerrero y Rivas conocían que “no se había seguido procedimiento alguno tratándose de una ayuda directa a las empresas para que éstas abonasen las indemnizaciones por despido de 24 trabajadores”, además de los dos intrusos, y todo ello “sin que se formulara solicitud, sin la más mínima tramitación administrativa, sin que se dictara por el órgano competente resolución de concesión o se recogiese de algún modo exigencia de justificación alguna”, llegando incluso a no publicar “deliberadamente” dicha ayuda en la base de datos de subvenciones de la Junta.

La Fiscalía asegura además que Lanzas cobró una comisión, como “contraprestación económica” por haber logrado los fondos públicos, para lo cual hizo que su testaferro Francisco Algarín Lamela, “como empresario individual y sin haber realizado ninguna prestación de servicios o entrega de bienes”, facturara a las empresas por importe de 118.752,64 euros.

Con respecto a los dos intrusos, el Ministerio Público explica que percibieron 61.438,74 euros, en el caso de José Antonio Márquez Sánchez, y 44.882,31 euros Juan Manuel López Espadas.