La juez María Núñez Bolaños, que investiga el escándalo de los ERE fraudulentos, ha abierto una nueva pieza separada de la macrocausa en relación con las ayudas que por importe de 36 millones se concedió a la empresa de telecomunicacones A Novo Comlink y en la que figuran como investigadas 12 personas, entre ellas cinco ex altos cargos de la Junta y el ex parlamentario andaluz del PSOE Ramón Díaz Alcaraz.

En un nuevo auto, la magistrada ha imputado a estas 12 personas, algunas de las cuales ya habían sido citadas por la juez Mercedes Alaya en el año 2014. Los cinco ex altos cargos implicados son los ex directores generales de Trabajo Francisco Javier Guerrero, Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera, así como los ex directores generales del IFA/Idea Miguel Ángel Serrano Aguilar y Jacinto Cañete, además de los ex asesores de Empleo Ramón Díaz Alcaraz y María José Rofa.

En esta pieza figura asimismo un intruso, el militante del PSOE de Sevilla Manuel Jiménez de Miguel, una persona que, según explica la juez Bolaños, "presuntamente sin prestar servicios para A-Novo y por el simple hecho de su pertenencia al PSOE, sin mediar solicitud y sin requisito para ello, sería beneficiario de una póliza especial por la que se garantizaban al mismo rentas mensuales que oscilarían entre los 2.159,75 euros y 9.221,02 euros desde abril de 2008 hasta febrero de 2017".

El coste de la prima ascendió a 495.251,69 euros, que fueron abonados por la Junta mediante el sistema "irregular" de los pagos cruzados y contra los costes financiados en un ERE a pesar de que no estaba incluido en dicho expediente ni en ninguno de los relativos a A-Novo.

En el auto, Bolaños señala que en estas nuevas diligencias previas se va a investigar las ayudas concedidas por la dirección general de Trabajo de la Junta a la empresa A Novo Comlink entre los años 2005 y 2010. El importe de la subvención asciende a 35.952.537,26 euros, de los cuales 32.116.280,23 es ayuda a la empresa para el pago de las indemnizaciones por suspensión de los contratos de trabajo y jubilaciones parciales de 224 trabajadores -223 afectados por los ERTES y el restante es el intruso mencionado-, y los otros 3.836.257,03 euros es una ayuda para el pago por compensación de la venta del inmueble mediante la formalización debida de una póliza de seguro cuyo asegurado es el consejero delegado de A Novo, Carlos Castiñeiras.

Las ayudas fueron abonadas por IFA/Idea con cargo a los fondos recibidos de la Consejería de Empleo como transferencias de financiación y la concesión se realizó mediante dos convenios firmados por la dirección de trabajo y la agencia Idea los días 21 y 28 de febrero de 2006, realizándose los pagos mediante el “irregular sistema de pagos cruzados”, añade Bolaños.

La instructora ha citado a declarar como investigados el próximo 1 de junio a los responsables de A Novo Gilbert Weill y Carlos Castiñeiras, dado que el resto ya ha comparecido en el juzgado en 2014, cuando se dictó el auto de imputación por parte de Mercedes Alaya.