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Andalucía

Una sentencia del TSJA obliga a una niña a cambiar de colegio en pleno curso

  • La alumna, en 4º de Primaria en La Mirandilla, entró en el centro en 2009 tras la medida cautelar de un juez · La Junta, después de esta resolución favorable a su recurso, le asigna plaza en Campo del Sur

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha estimado un recurso de apelación presentado por la Consejería de Educación ante la medida cautelar de escolarización de una niña en el colegio La Salle Mirandilla en septiembre de 2009 ordenada entonces por el juzgado número 2 de lo Contencioso de Cádiz y ratificada luego como sentencia en junio de 2011. Tres años después, los padres de esta alumna de 4º de Educación Primaria han recibido una notificación de la Delegación Provincial de Educación fechada el 9 de noviembre en la que les comunica que, una vez conocida esta sentencia favorable deberán buscar otro colegio para su hija, ofertándoles cinco centros de la capital (Campo del Sur, Celestino Mutis, Santa Teresa, San Rafael y Josefina Pascual) para que en el plazo de dos días hábiles eligieran uno de ellos. Finalmente, ante la falta de respuesta de los padres que esperan ser recibidos por la delegada provincial, Cristina Saucedo, para solventar el problema, la Delegación les ha asignado el colegio Campo del Sur según comunicación del pasado 4 de diciembre. Allí, según la Delegación Territorial de Educación, deberán matricular a la niña.

Este largo proceso arranca en junio de 2009 cuando cinco padres de alumnos que terminaban la Educación Infantil y deseaban que sus hijos entraran en La Mirandilla al estar escolarizados allí sus hermanos se encontraron con que de las 25 plazas, en una única línea, que ofertaba el colegio en 1º de Primaria, 24 iban a ser ocupadas por alumnos de 5 años procedentes del colegio Pío XII-San Martín, con derecho a plaza directa al estar este centro adscrito al colegio lasaliano. Los padres recurrieron por entender que se les estaba negando el reagrupamiento familiar y la Delegación Provincial de Educación, en agosto, rechazó la admisión de los cinco niños alegando que no había vacantes y denegando al propio centro la petición de una excepcional ampliación de la ratio. Algunos de estos cinco niños tenían 16,5 puntos de baremación para entrar en Mirandilla, contra los 10,5 que presentaban algunos de San Martín. La preferencia del centro adscrito pesaba más que la puntuación de quienes tenían ya hermanos escolarizados en el colegio de La Salle.

De los cinco casos, uno era de un profesor de Mirandilla que reivindicaba la admisión de su hijo en el centro donde trabajaba, aunque finalmente no siguió adelante con sus reivindicaciones como hicieron las otras cuatro familias, que llevaron el caso al juzgado de lo Contencioso Administrativo logrando la escolarización cautelar. Por tanto, en la misma situación que la alumna enviada al colegio Campo del Sur están otros tres compañeros de su misma clase que, vista la sentencia favorable a la Junta, podrían verse obligados a cambiar de colegio en mitad del curso.

Los padres de la alumna han remitido una carta a la Delegación pidiendo que se le permita permanecer en el centro hasta la finalización del presente curso escolar "teniendo en cuenta el trastorno que supondría el cambio con el curso ya avanzado". La madre, Josefa Santos, señaló ayer a este medio que no se niega a esta resolución, pidiendo sólo "que se tenga en cuenta que puede afectar psicológicamente a nuestra hija con el curso avanzado. ¿Cómo le digo ahora que tiene que cambiar de colegio?". La progenitora considera que es "curioso que ahora que se pide ampliar la ratio, la Junta interponga un recurso para que mi hija salga del centro donde lleva integrada cuatro años, donde tiene amigos que ya forman parte importante de su vida, donde ha pasado de ser una niña tímida e introvertida a ser una niña alegre y adaptada al entorno y a sus compañeros". Apunta Josefa Santos que "en ocasiones, cuando por 'circunstancias especiales' interesa, la Junta amplía la ratio para que un alumno se incorpore a otro centro".

Fuentes de la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte señalaban ayer que la Junta "no hace más que acatar lo que dicta un juez, de lo contrario caería en desobediencia o prevaricación". Desde la Delegación se recuerda que una administración pública no puede suspender una orden judicial, por lo que insta a los padres de la alumna a acudir a la justicia si así lo estiman, solicitando al Contencioso Administrativo un Incidente de Ejecución de Sentencia.

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