La gente joven no es la que era. Se ha dicho hasta la saciedad que ésta será la primera generación en muchas décadas que no viva mejor que los padres y, atendiendo al coste del techo en el que dormir, la dificultad se convierte en problema si la pretensión es que la juventud de los magros salarios haga una vida de las normales, de las de antes, de las que eran.

Este mal sucede en Europa y acucia en España, donde hay lugares, como Baleares, Canarias o Cataluña en donde la muchachada tiene que dedicarle más del 94% del sueldo mensual para el alquiler del piso. En Andalucía no se llega al desatino, pero lo que debe pagar un joven andaluz de su salario para tener un cobijo, un 72%, es más del doble del 30% recomendado por los economistas.

Son una parte de los datos del informe del segundo trimestre de 2021 elaborado por el Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España (CJE), que muestran que los andaluces de entre 16 y 29 años está entre los españoles que más gravoso les resulta vivir solo después de los madrileños y los vascos, descontados ya las cifras la extravagancia de los tres destinos turísticos antes mencionados.

El turismo masivo es uno de los fenómenos que más está contribuyendo a las enormes subidas de los precios de las viviendas en los últimos años. Teniendo en cuenta que el estudio del CJE se refiere a la primera mitad de 2021, con olas pandémicas aún por llegar y con el circuito internacional de turismo aún obturado, la situación de los jóvenes para encontrar una dependencia digna estará hoy por las nubes o más arriba, por el éter.

Esta incapacidad para acceder a una vivienda tiene consecuencias sociales y económicas, según recoge otro informe elaborado por el Instituto de la Juventud en el marco de la Agenda 2030. Este estudio, recogido por la agencia Efe, avisa de que "la juventud se ha visto excluida del derecho a la emancipación y al ejercicio de una vida autónoma". El dato que demuestra lo anterior es demoledor según pasan los años. Si en 2010 un 53% de jóvenes entre 18 y 34 años vivía con sus padres todavía, en 2019 ese porcentaje subió al 65%.

Y, aunque no sean sólo los jóvenes, los veinteañeros apenas pueden encontrar otra vía para emanciparse que compartir el piso. Compartiendo los espacios, los jóvenes sólo le destinan al alquiler el 25% del salario, un 5% menos del total que podrían llegar a gastar. La vivienda compartida además es un indicador más de que las mujeres jóvenes (18%) se independizan más que los hombres (12%), pero los bajos salarios y los contratos parciales los obligan a vivir con más personas en una misma vivienda. Mientras el 27% de los hombres emancipados lo hacen en hogares para una sola persona, el 14% de las mujeres pueden permitirse lo mismo.

El bono de alquiler joven es "insuficiente"

El vicepresidente del CJE, Antonio Báez, destaca a Efe que el bono estatal del alquiler joven es, por todo lo anterior, "insuficiente". Las ayudas aprobadas, que han ido desarrollando las comunidades autónomas, "sólo beneficia al 2% de los jóvenes y cualquiera que no tenga esa ayuda se queda fuera".

En opinión del representante del CJE, una de las pocas soluciones para mitigar la situación de exceso de arraigo a la casa materna, consistiría en limitar los precios del alquiler, una medida fuertemente contestada por el mercado inmobiliario, y crear vivienda pública, unas políticas de apoyo a la construcción de casas con dinero de los presupuestos que no pueden ser calificadas sino de cicateras si son tenidos en cuenta los datos de otros territorios.

Mientras vaya llegando la tierra prometida, la Junta de Andalucía publicó el lunes la convocatoria para que unos 11.300 puedan obtener las ayudas del bono estatal de alquiler. La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda difundió entonces la orden en el Boletín Oficial de la Junta que podrá solicitarse desde el próximo 14 de noviembre y que cuenta con un presupuesto de 68,4 millones de euros.

Origen de la ayuda para el alquiler

El origen de la ayuda del Estado del Bono de Alquiler Joven, que en Andalucía se ha aplicado más tarde que en el resto de las comunidades, fue un acuerdo al que llegó el Gobierno de coalición de PSOE y Podemos para los Presupuestos Generales del Estado de 2022.

Después de la orden de convocatoria andaluza, los gobiernos autonómicos disponen de un total de 200 millones de euros para conceder bonos de 250 euros mensuales a jóvenes de entre 18 y 35 años que cumplan criterios como la percepción de unas rentas del trabajo inferiores a los 24.318 euros anuales, que es el resultado de dividir entre tres el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem), el indicador empleado para calcular las ayudas sociales.