Francisco J. Ferraro

Director Anuario Joly Andalucía

El año 2012 no nos ha deparado una noticia de interés universal que destacase por su impacto. La guerra civil de Siria ha sido la noticia bélica de mayor relevancia, a la que se suman los persistentes enfrentamientos en Afganistán e Iraq, las tensiones de diverso carácter en el África subsahariana, y los incidentes en buena parte de los países protagonistas de la "primavera árabe" en 2011 y que no logran asentar un marco de estabilidad democrática, pero la intensidad bélica tiende a aminorar en el mundo.

Para la economía mundial también ha sido un año de relativa calma, sólo amenazada por el complejo ajuste de las economías europeas y por el temor al "precipicio fiscal" de Estados Unidos. El crecimiento del PIB mundial fue del 3,3%, pero con un crecimiento de las economías emergentes (5,3%) que casi cuadriplica el de los países desarrollados. El desequilibrio no fue todavía mayor por el proceso de ajuste de algunos países emergentes y por el aceptable comportamiento de Estados Unidos y Japón. Por el contrario, Europa se contrajo un 0,4% como consecuencia de la inestabilidad del sistema euro y por las políticas de austeridad dictadas desde Berlín por una Angela Merkel que ejerce el liderazgo europeo sin la tradicional pareja de baile francesa, y que ha reducido a la Comisión Europea a tareas poco menos que administrativas. El presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, ha sido la otra personalidad europea destacada, tras haberse comprobado cómo los mercados reducían la presión sobre la prima de riesgo de países como España, después de su advertencia en  julio ("haré lo que sea preciso para salvar el euro, y créanme que será suficiente") y su predisposición a poner en marcha un programa de compra de deuda pública en el mercado secundario.

En el año 2012 también se ha producido la segunda victoria electoral de Barack Obama, mientras que Vladímir Putin ha retomado la presidencia de Rusia tras, valdría decir, la cesión temporal que hizo a Dimitri Medvedev por incompatibilidad legal. América Latina es objeto de varios artículos en este Anuario, en los que se destaca su buen comportamiento económico gracias a la política económica rigurosa en la mayoría de los países y al sector exportador, lo que está favoreciendo el ensanchamiento de las capas medias y la reducción de la pobreza. En 2012 se produjeron allí cinco procesos electorales, siendo el rasgo más destacable una tendencia a la normalización democrática que contrasta con tiempos no muy lejanos de golpes de Estado, aunque la inseguridad ciudadana y jurídica siguen caracterizando a algunos países de la región.

En España los temas económicos y políticos reclamaron la atención de unos ciudadanos cada vez mejor informados y más preocupados por su futuro. En lo que se refiere a la economía, los focos se centraron buena parte del año en la preocupante situación del sistema financiero, muy diferente a la que nos querían hacer creer algunos responsables públicos cuando afirmaban en los primeros estadios de la crisis que "tenemos el sistema financiero más solvente del mundo". Desde la perspectiva actual se constatan los errores de diagnóstico y de control del Banco de España y del Gobierno, la parsimonia con la que actuaron y los errores de diseño de los distintos programas de reestructuración que pivotaron sobre el aumento de las provisiones y las fusiones entre cajas. La desconfianza de los mercados en el sistema financiero español obligó finalmente al Gobierno a encargar auditorías independientes del sector bancario para aflorar las minusvalías latentes y las necesidades de capital, y a pedir un rescate a Bruselas. La reestructuración bancaria subsiguiente desveló el caos en el que se encontraban muchas cajas de ahorro, la laxitud en la gestión y los abusos en las retribuciones de algunos de sus directivos, cuando no su indolencia e ignorancia, fruto en muchos casos de la politización de la administración de estas entidades.

Además de la reestructuración financiera en curso, el Gobierno de Rajoy se ha caracterizado por una loable tensión reformista, aunque en muchos casos contradiciendo su programa electoral, incurriendo en significativos errores y careciendo de una política de pactos y de comunicación que habrían hecho más comprensibles los ajustes entre los ciudadanos. En particular, el obligado proceso de consolidación fiscal no se ha hecho de la mejor manera posible: una vez superado con amplitud el objetivo de déficit en 2011 se obtuvo una demora para 2012, pero la presentación del presupuesto se retrasó por razones electorales, y aún más la subida del IVA. Por su parte, la exigencia de reducción de los déficit autonómicos ha terminado afectando a la sanidad y a la educación públicas de una forma poco estructurada y sin hacer la pedagogía necesaria para que los recortes en la oferta de estos servicios se complementasen con una contención de la demanda y con una mejora de su eficiencia.

La reforma laboral fue una de las primeras iniciativas reformadoras: era necesaria y fue una decisión valiente, aunque a destiempo e imperfecta. A corto plazo no ha servido para crear empleo, ni tampoco para mitigar la dualidad del mercado de trabajo, pero sí  ha permitido reducir los costes laborales y, con ello, aumentar la competitividad de las exportaciones, que han compensado parcialmente la caída de la demanda interna. El proceso recesivo ha continuado durante todo el año, para culminar con una reducción del PIB del 1,3% y cerca de seis millones de desempleados.

Los cinco años de crisis van sumando parados y cierres de empresas, y reduciendo salarios, beneficios empresariales y servicios públicos, a la vez que se van sucediendo hechos de gran impacto en la sensibilidad popular, como los desahucios, la emigración de jóvenes bien formados, las familias con todos los miembros en paro, los nuevos pobres en los comedores sociales, la frustración de los que invirtieron en obligaciones preferentes, en inmuebles o en bolsa, y que han visto como sus ahorros perdían drásticamente su valor,... Sin embargo, el malestar social se ha expresado fundamentalmente por los recortes en los servicios públicos o las reducciones salariales de empleados públicos y otros colectivos, por la subida de impuestos o por reformas que modifican el statu quo de algunos colectivos. Los sindicatos convocaron dos huelgas generales en el año, aunque sin alcanzar un elevado impacto en la actividad laboral del país.

El comprensible malestar social que viene provocando la crisis y las políticas de austeridad y de reformas ha aumentado notablemente por los casos de corrupción: más de trescientos políticos han terminado el año imputados por diversos delitos, a lo que se suman imputados de otras instituciones de relevancia social. Lo cierto es que la conjunción de la crisis económica, la insatisfacción con las políticas adoptadas y los casos de corrupción están provocando una crisis política que se manifiesta en la desafección de los ciudadanos hacia los políticos y sus partidos. Es una crisis que complica y retroalimenta la crisis económica, y que exige cambios institucionales para regenerar la democracia, tales como una exigente ley de transparencia, la revisión de la ley de partidos políticos y las reformas de la ley electoral y del sistema judicial, todo lo cual hace imprescindible el concurso generoso de los partidos políticos.

En 2012 se celebraron elecciones autonómicas en Andalucía, País Vasco, Galicia y Cataluña. Por su trascendencia debe destacarse la de Cataluña, convocada por Artur Mas con la esperanza de reforzar su liderazgo. Cosechó, sin embargo, un resultado mediocre, aunque suficiente para alcanzar un pacto de gobierno con Esquerra Republicana, en el que se incluye la convocatoria de una consulta sobre "el derecho a decidir".

En Andalucía, tras las elecciones del 28 de marzo, se formó un gobierno sustentado por el Partido Socialista e Izquierda Unida que ha navegado por el año muy condicionado por las restricciones presupuestarias. Este gobierno ha mantenido en lo sustancial las políticas de los anteriores gobiernos socialistas, y ha justificado su falta de iniciativa en las restricciones derivadas de la política económica dictada por Merkel y aplicada por Rajoy en España. Izquierda Unida ha aparcado los radicalismos y ha ejercido con prudencia sus funciones de gobierno; no obstante, la orientación ideológica de los partidos en el gobierno ha impedido que se aborden con resolución las reformas y ajustes en el Sector Público regional.

El diferente signo del gobierno nacional ha propiciado que se recupere la confrontación política en la que nos desenvolvimos con anterioridad a 2004. Los ciudadanos andaluces nos vemos a veces como rehenes de la tensión entre los gobiernos regional y nacional, pues en unas ocasiones el gobierno andaluz parece ejercer como la oposición al gobierno del PP, mientras que en otras el gobierno de la nación parece castigar al PSOE por personas interpuestas; es decir, los andaluces.

Andalucía no ha sido inmune a los casos de corrupción, siendo 2012 un año en el que hemos ido teniendo noticias desde los juzgados de dos casos de corrupción notables. Por una parte, el juicio del caso Malaya, que sentó en el banquillo a 86 acusados, y que, a falta de sentencia, ha puesto de manifiesto la magnitud y amplitud de un caso de corrupción que duró desde 1991 hasta que la Udyco irrumpió en el ayuntamiento de Marbella deteniendo a sus principales cargos públicos. No obstante, el caso más relevante del año ha sido el de los ERE, no sólo por la entidad de la corrupción, sino porque la comisión de investigación parlamentaria no llegó a ninguna conclusión después de seis meses de trabajo, lo que le hizo afirmar al parlamentario Ignacio García, presidente de la comisión: "Sí, es una vergüenza, a los ciudadanos les será difícil comprender esto".

Pero es la economía lo que determina fundamentalmente la vida de los andaluces, y el año económico ha sido deplorable para la región: hemos continuado hundiéndonos en la recesión, lo que ha propiciado un aumento del paro hasta alcanzar a 1.442.600 personas en el último trimestre, y una tasa de paro del 35,86%, la más elevada de España. Desde el inicio de la crisis el PIB por habitante de los andaluces se ha reducido en un 7,8%, mientras que la media española se ha reducido un 5,5%; el paro ha aumentado un 20,3%, en tanto que en España lo ha hecho en un 17,3%, y el número de empresas ha disminuido un 19,4%, frente al 17,9% de media nacional. ¿Cuáles son las razones que explican esta divergencia económica? Este debería ser el objetivo central de los debates públicos para poder alumbrar una política que haga frente a la raíz de los problemas y dejar de abordar más planes, pactos y programas basados en diagnósticos complacientes, y traducidos en estrategias que, en no pocos casos, se despliegan mediante políticas cuya ineficacia está demostrada.