Facua-Consumidores en Acción ha enviado a los grupos parlamentarios 29.755 firmas de usuarios contra la conocida popularmente como Ley Sinde, la disposición final segunda de la Ley de Economía Sostenible, realizada al dictado de las multinacionales que dominan la industria cultural y el Gobierno de EEUU.

Facua y los firmantes del manifiesto Si es legal, es legal piden a los portavoces de la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados, donde mañana se vota la Ley de Economía Sostenible, que no aprueben una norma elaborada "contra los intereses de los ciudadanos para favorecer a un poderoso lobby con un modelo de negocio caduco que no quiere reconvertirse". En este sentido, Facua invita a los usuarios a que envíen mensajes de correo electrónico a los portavoces de la Comisión de Economía, cuyas direcciones ofrece su web, pidiéndoles que rechacen la Ley Sinde.

En el manifiesto elaborado por Facua se denuncia que el Ministerio de Cultura viene desarrollando una "política de criminalización de los usuarios al dictado de las entidades de gestión de derechos de autores y editores y las multinacionales que dominan la industria cultural". "Con la aprobación de la Ley de Economía Sostenible", denuncia el manifiesto, se pretende lograr "lo que las entidades de gestión no han conseguido hasta la fecha en los tribunales, ni por la vía penal ni por la civil: el cierre de páginas web que incluyan enlaces para descargar obras a través de las redes de intercambio de archivos P2P ".

Así, recuerda que una sentencia dictada por el titular del Juzgado Mercantil nº 7 de Barcelona reconoce la legalidad de las webs que no ofrecen contenidos sujetos a propiedad intelectual, sino meros enlaces para descargar obras a través de las redes. Los enlaces constituyen "la base misma de Internet", señala la sentencia. Y añade que las redes P2P, "como meras redes de transmisión de datos entre particulares usuarios de Internet", tampoco vulneran derecho alguno protegido por la Ley de Propiedad Intelectual.

"El intercambio no lucrativo de obras culturales ha sido siempre una práctica social y moralmente aceptada", recuerda al manifiesto, "y también ha generado negocio para multitud de sectores que forman parte de la industria cultural: autores, editores, fabricantes de equipos de reproducción, grabación y soportes de almacenamiento, medios de comunicación, empresas de telecomunicaciones...". Facua advierte que los consumidores son los únicos que no obtienen lucro económico del acceso gratuito a las obras culturales, pero también son el único "sector criminalizado por la industria cultural y los gobiernos que se pliegan a sus intereses".

El manifiesto Si es legal, es legal critica que "la industria se resiste a actualizar su modelo de negocio y adaptarlo a la nueva realidad de Internet, como ya hizo en momentos históricos anteriores con el nacimiento de la radio, la televisión o el vídeo doméstico". "Porque los usuarios siempre han compartido la cultura. Lo hacían décadas atrás mediante el préstamo o intercambio de obras grabadas en discos de vinilo y después en cintas de cassette, para más tarde hacerlo con los CDs y los DVDs. Hoy lo hacen fundamentalmente a través de Internet".

El manifiesto concluye planteando que "ya está bien de insultar a millones de ciudadanos calificándolos de piratas, llamándolos criminales, por el mero hecho de compartir cultura", y demandando "un cambio en las formas de gobernar, comenzando a escuchar a los ciudadanos y no sólo a la industria". 

Por su parte, la Asociación de Internautas ha anunciado que estudia presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional en caso de que se apruebe la norma. "Si no queda otro remedio y la ley se aprueba tal y como está ahora mismo no tendremos problemas para reunir las firmas necesarias y presentar un recurso de inconstitucionalidad", ha asegurado el presidente de la citada asociación, Víctor Domingo.

Domingo, ha considerado que la conocida como Ley Sinde podrá cerrar hasta más de un centenar de páginas web de intercambio de archivos, algo que, ha recordado, "hasta el momento no han hecho los jueces". "Muchas de estas páginas han sido denunciadas, juzgadas y, hasta sobreseídos sus casos", ha asegurado Domingo, quien cree que este "atropello" a internet no va a acabar con la piratería. Domingo ha apuntado que con la aprobación de la norma, que podría entrar en vigor el próximo febrero, la comunidad internauta "no se va quedar callada".

El PNV, por su parte, ha anunciado esta mañana que rechazará la disposición final segunda de la Ley de Economía Sostenible si no logra a un acuerdo previo con el PSOE para modificarla. De no llegar a un consenso antes de las 12:00 de mañana, el PNV solicitará la votación por separado de esta disposición, una votación aislada con la que podría no salir adelante la conocida como la normativa, al considerar que varios grupos como IU-ICV han criticado el "escaso" acuerdo entre los partidos sobre este punto.

El grupo IU-ICV ha presentado una enmienda para la supresión de la disposición final segunda en la que señala que algunas de las propuestas incluidas en ella "pueden vulnerar derechos fundamentales como el derecho a la libertad de expresión y a la información". El Bloque Nacionalista Galego (BNG), por su parte, solicita en otra enmienda la modificación "radical" de la disposición, al considerarla no solo "excesiva" y "equivocada", sino que "vulnera la garantías jurídicas" del Estado de Derecho, ha asegurado el portavoz de ese grupo en el Congreso de los Diputados, Francisco Jorquera.

Para Jorquera es "inaudito" que un conflicto entre particulares se resuelva a través de un órgano administrativo y no de un procedimiento civil. La enmienda impulsada por el BNG propone sustituir la disposición por otra que modifique la Ley de Enjuiciamiento civil a fin de agilizar los plazos jurídicos para las denuncias que afecten a la propiedad intelectual.

Por último, la denominada Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos, que agrupa a la multinacionales del sector y a las entidades de gestión de derechos de autor, ha anunciado que si la normativa no se aprueba mañana, o sufre cambios que modifiquen su naturaleza, propondrá ante la Unión Europea incorporar a los usuarios como objetivos de la acción legal, además de las páginas web. 

El presidente de dicha asociación, Aldo Olcese, ha manifestado que si esto ocurre la coalición "cambiará de tercio" y aprobará la defensa de cualquiera de los procedimientos establecidos en otros países, "más agresivos", y se defenderá que se actúe también contra los usuarios. Por ello, ha hecho un llamamiento al "buen juicio" y "sentido común" de los parlamentarios españoles, para que este proyecto "de mínimos" sea el que se apruebe finalmente y regule estas actividades.