La Junta lleva a la juez un nuevo caso de 'intrusismo' en un ERE de Mercasevilla

Otro nuevo caso de intrusismo en un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de Mercasevilla. El consejero de Empleo, Manuel Recio, ordenó ayer a su gabinete jurídico la elevación a la Justicia del caso de María del Carmen Fontela González, que sin haber trabajado nunca en la entidad ha cobrado 170.000 euros con cargo al ERE de 2003, cuyo coste fue asumido en parte por la Administración autonómica. Recio fue tajante en la tarde de ayer: "Esto no tiene ninguna explicación. Se trata de una irregularidad manifiesta. Nuestra obligación es la de poner los hechos en conocimiento de la Justicia". Al mismo tiempo, el consejero de Empleo aseguró que ya ha comenzado una investigación a fondo de todos los detalles del ERE de 2003, "por si hubiera más irregularidades".

Fue el comité de empresa de Mercasevilla el que denunció ayer que en dos documentos del ERE promovido en 2003 figura como aspirante a la prejubilación una mujer que no ha pertenecido nunca a la plantilla del mercado central de abastos. Se trata de María del Carmen Fontela González, cuyo nombre figura en el denominado Estudio de prejubilaciones del procedimiento y en el protocolo de colaboración, si bien esta persona no figura en los documentos de la sociedad mixta relativos a la "salida" de los trabajadores afectados y "tampoco" en las pólizas correspondientes. El presidente del comité de empresa, Rafael Domínguez (CCOO), precisó que la figura de Fontela González fue descubierta al examinar los abogados de UGT y de su organización sindical la documentación correspondiente al expediente de 2003, autorizado en noviembre de ese mismo año por la Delegación Provincial de la Consejería de Empleo para extinguir un máximo de 74 empleos merced a la reestructuración de la plantilla impulsada por el entonces director general, Fernando Mellet. La dirección de Mercasevilla confirmó que Fontela no ha trabajado nunca en la empresa. De ella no ha trascendido ningún dato hasta ahora que la vincule con algún partido político. Ni los ex directivos Mellet y Ponce, ni el entonces presidente de Mercasevilla, Gonzalo Crespo, conocen a esta persona.

La auditoría de Deloitte recuerda que Mercasevilla realizó dos expedientes de regulación de empleo, en los años 2003 y 2007, para lo cual suscribió sendas pólizas de seguro con una compañía. El acuerdo establecía que las primas "serían parcialmente asumidas por la Junta", que debía abonar por cada expediente 5,6 y 9,04 millones de euros.

"No conocemos a esta mujer", aseguró el presidente del comité de empresa, quien relata que el miércoles de esta semana expuso el asunto al actual director general de Mercasevilla, Juan Carlos Recio, al objeto de esclarecer si Fontela González figura o no en los archivos de la empresa por lo que a la plantilla se refiere. Juan Carlos Recio, según el presidente del comité de empresa, confirmó que esta mujer no figura en los archivos con la condición de trabajadora. "Se trata de otro intruso", dijo Rafael Domínguez, quien ha destacado que el nombre de María del Carmen Fontela González no figura en ninguno de los cuatro documentos librados entre diciembre de 2003 y abril de 2004 por Mercasevilla con las diferentes relaciones de trabajadores acogidos al expediente de regulación de empleo autorizado por la Delegación provincial de la Consejería de Empleo el 18 de noviembre de 2003. "Aquí sí se han hecho todos los trámites que dice la Junta de Andalucía y sí que ha pagado la Junta", enfatizan el presidente del comité de empresa y el colectivo de prejubilados en cuanto al expediente de regulación de empleo de 2003, en el que se ha descubierto la inclusión de "otro intruso" en un caso similar al ya ex miembro de la ejecutiva socialista de Baeza (Jaén) Antonio Garrido Santoyo, incluido como aspirante a la prejubilación en dos documentos relacionados con el expediente de regulación de empleo (ERE) de 2007 pero ajeno a la compañía, según ha confirmado expresamente el propio mercado central de abastos.

Garrido Santoyo presentó anteanoche su dimisión como responsable de política municipal del PSOE de Baeza y puso su carné de militante a disposición del partido, que en un comunicado aceptó la renuncia mientras se aclara el caso.